14 instituciones ya no agregarán 1,19% del PIB a la deuda pública, ordena Hacienda

Un total de 14 instituciones públicas sujetas a la Autoridad Presupuestaria (AP) ya no podrán acumular inversiones en títulos del Gobierno y deberán trasladar esos recursos como parte de sus fondos de caja única, según dispuso el Ministerio de Hacienda a través de un cambio en sus lineamientos de política presupuestaria.

Esta medida disminuirá la deuda pública del Estado en más de ¢456.000 millones (1,19% del PIB), según informó la cartera.

Hacienda además señaló que el traslado de recursos reduciría los gastos del Estado en intereses en unos ¢21.439 millones anuales (hasta 2023), cuando se vencían la totalidad de las colocaciones hechas por 14 entidades nacionales con la Tesorería Nacional.

Según explicó la tesorera nacional, Marta Cubillo, las instituciones sujetas a la Autoridad Presupuestaria tenían la facultad de acceder a títulos valores del Estado y a depósitos con entidades bancarias estatales; un permiso que ahora fue eliminado de los lineamientos anuales de política presupuestaria.

Cubillo señaló que el cambio se hizo ante una recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), que llamó la atención sobre ¢1 billón que debería estar en caja única de las instituciones y que actualmente se gestiona de otras maneras.

“(La CGR) habla de dos cosas: que se requieren acciones administrativas y que hace falta un cambio de normativas. Nosotros estuvimos revisando qué acciones podíamos emprender y encontramos que, con este cambio en los lineamientos de política presupuestaria, algunas de las instituciones que mantienen recursos en la banca y recursos en instituciones podrían trasladarlos a su caja única, con un monto sumamente importante”.

“Estas son instituciones que mantienen recursos en títulos valores de la deuda pública. Es decir, son recursos públicos invertidos en deuda pública también, ganando intereses y con tasas bastante altas, porque la tasa promedio ponderada en colones es del 6% y en dólares de un 3,14%” explicó la jerarca, en entrevista con AmeliaRueda.com.

Según indicó Cubillo, el monto corresponde a inversiones en títulos valores con la Tesorería Nacional que tenían vencimientos para 2020, 2021 y 2022. A todos ellos se les hará “una redención anticipada”.

“Esos recursos no los pierden las instituciones. Las instituciones van a seguir operando con esos recursos, pero ya no van a ser remunerados; y ya tampoco sería deuda titulizada, sino cuentas por pagar en el tesoro. Ahora estarán en su caja chica”, subrayó la funcionaria.

Entre las instituciones que ya no podrán gestionar sus recursos con títulos valores del Gobierno están la Junta de Protección Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Emergencias, Acueductos y Alcantarillados, y el Consejo Nacional de Préstamos para la Educación.

Además, completan la lista el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, y la Oficina Nacional de Semillas.

Cubillo afirmó que a esta lista podrían sumarse otras instituciones que únicamente guardan ahorros en bancos, pero que las 14 instituciones ya identificadas son las que mantienen operaciones con la Tesorería Nacional y que, por ende, tendrán efectos directos sobre los intereses de la deuda pública.

En los bancos, indicó la tesorera, las instituciones del Estado tenían más de 100.000 millones ahorrados hasta diciembre de 2019. "Es mucho y son dineros públicos que nos están costando sin razón, porque seguimos pagando intereses a nuestras propias instituciones, que es algo ilógico, la Contraloría nos llama la atención y lo hace con toda la razón", concluyó la tesorera.

Deuda en “niveles sostenibles”

El Ministerio de Hacienda afirmó también —a través de un comunicado de prensa— que la medida además “pretende mantener la deuda pública en niveles sostenibles”.

Por un lado, reduce en un 1,19% del PIB el rubro total de la deuda pública; mientras que, por el otro, reduce las presiones sobre las tasas de interés que recibe el Estado, que ahora tendría menos necesidades de financiamiento.

https://twitter.com/RodrigoChavesR/status/1237500553619521537

El impacto del 1,19% también podría tener implicaciones sobre la eventual aplicación de la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que impone restricciones más fuertes cuando la deuda pública supere el 60 del PIB.

Cuando la deuda supera el 45% del PIB pero no llega al 60%, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal de los últimos cinco años ; mientras que, cuando se supera el umbral del 60% del PIB, la norma restringe el gasto total —ya no solo el gasto corriente— a un 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal.

En su comunicado de prensa, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, recordó que el saldo de la deuda del Gobierno Central cerró en 58.5% del PIB en 2019. Además, en el último Programa Macroeconómico, el Banco Central proyectó que la deuda acumulada ascendería al 61% del PIB en 2020 (con los datos disponibles a diciembre pasado).

La tesorera Cubillo además explicó que existe otro grupo de instituciones que se pondrán en orden a través de cambios de ley, por lo que será necesario acudir a la Asamblea Legislativa. Entre ese grupo están las universidades públicas, que manejan unos ¢60.000 millones en la banca.