Caso UPAD seguiría vía ordinaria por culminación de mandato de Carlos Alvarado

La culminación del periodo presidencial de Carlos Alvarado provocaría que el expediente 22-000006-033-PE, que contiene la acusación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), sea devuelto a la Fiscalía General para asignación a un despacho donde se tramite en vía ordinaria.

Así las cosas, al mandatario no le levantarían su inmunidad como jefe máximo de Estado debido a la falta de tiempo para que la Corte Plena conozca la acusación, la apruebe y finalmente la traslade a la Asamblea Legislativa con el propósito de que diputados autoricen la suspensión del fuero especial del Presidente en un contexto judicial.

AmeliaRueda.com conoció por una fuente judicial de alto rango que la agenda de magistrados imposibilita resolver el proceso, que es la antesala para que en el plenario legislativo se ordene el levantamiento de la inmunidad de Alvarado, y con ello permitirle a un juez de la República ordenar juicio contra el mandatario.

Tras una consulta al Ministerio Público, la entidad indicó en días anteriores que la competencia sobre el estado actual del expediente recae exclusivamente en la Corte, por lo que no podrían referirse más al procedimiento.

Hasta ahora no ha habido notificación respecto al trámite del expediente, según dijeron los abogados del presidente, los juristas Rodolfo Brenes y Róger Guevara, quienes han señalado que más adelante se pronunciarán al respecto.

Según la fuente judicial de este medio, las múltiples gestiones de apelación sobre cada resolución dentro de la causa provocaron que el proceso fuese más lento de lo común. Ejemplo de ello, las constantes apelaciones para que no fueran revisados con agilidad los teléfonos celulares y computadora decomisados a Alvarado.

La Constitución Política prevé que en los escenarios en que un miembro de supremo poder se encuentre envuelto en una coyuntura judicial deberá la Fiscalía General de la República llevar a cabo la investigación y posterior desenlace.

A partir del 8 de mayo próximo, Alvarado dejará de poseer esa embestidura jurídica, por lo que su procedimiento será resuelto por fiscales y jueces ordinarios.

Acusación

El 1 de febrero anterior el fiscal general a.i., Warner Molina, firmó la acusación de 42 páginas contra el presidente Carlos Alvarado y el exministro de la Presidencia Víctor Morales Mora (actual diputado de la fracción del PAC).

Los delitos sobre los que versa la pieza acusatoria son prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad en perjuicio de los deberes de la función pública.

Se hace referencia en el texto a que hubo una clara violación de la Constitución Política, además de otras normas jurídicas mientras la UPAD operaba.

Carlos Alvarado es sospechoso de haber ordenado la creación y operación de un equipo de analistas de bases de datos de naturaleza pública sin contar con un marco legal debido, lo que provocó que los funcionarios a los que él dispuso esa tarea manipularan en un contexto de ilegalidad toda una serie de bancos informativos con contenido confidencial de la ciudadanía, según la Fiscalía.

Para esos fines formuló un decreto ejecutivo con el que daba un respaldo a los asesores designados para solicitar verbalmente y a través de escritos las bases de datos según su interés.

En febrero del 2020, tras ser denunciado el caso, por primera vez en la historia el Ministerio Público realizó una diligencia de allanamiento en Casa Presidencial en medio del desarrollo de una causa penal.

El presidente Alvarado ha dicho en numerosas ocasiones que no hará comentarios sobre el proceso judicial en su contra.

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