Caso UPAD se manejará con prioridad por un tema de prescripción de delitos, afirma Emilia Navas

La fiscala general, Emilia Navas, aseguró que la investigación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) será tramitado con prioridad debido a que el tiempo de prescripción de los delitos es corto.

Este expediente involucra al presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, el exasesor legal del mandatario, Luis Salazar y la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas.

En la causa también se investiga a los tres miembros del equipo de trabajo que analizaba datos a solicitud del presidente: Alejando Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos.

A ellos se les investiga por delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, los cuales están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.

El primero se castiga con entre uno y tres años de prisión (con agravantes que aumentan el plazo en un año); el segundo se reprime con penas de entre tres meses y dos años, y el tercero con castigos de entre dos y seis años.

"Se va a manejar con prioridad por una razón exclusiva, que los delitos que se están investigando están sancionados con penas de prisión de tres años y eso significa que el plazo de la prescripción es muy corto...Tenemos poco tiempo para trabajar la investigación, traer la prueba y tomar una decisión", manifestó la fiscala.

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El caso reviste una dificultad mayor por estar involucrados miembros de los Supremos Poderes, ya que esto obliga a Navas a estar siempre presente en la apertura de la prueba, es decir, la fiscala debe observar la revisión de cada teléfono celular, computadora y documento secuestrado.

Según se informó, se trataría de al menos nueve computadoras y nueve celulares de comisados durante los allanamientos de este viernes y sábado.

Al presidente de la República se le secuestraron sus dos teléfonos celulares (uno laboral y otro personal) y su computadora.

Navas explicó que, una vez revisados los aparatos electrónicos, los involucrados podrán recuperarlos, pero no precisó el tiempo que se tarde en esta labor.

Actualmente la Fiscalía tiene en sus manos cuatro denuncias que se presentaron por el caso UPAD, donde se investiga el supuesto delito de violación de datos personales.

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En detalle

La fiscala general, Emilia Navas, dijo que los allanamientos realizados iniciaron a las 8 a.m. del viernes anterior y se mantuvieron hasta las 4 p.m. del sábado.

Las diligencias judiciales se realizaron en diferentes puntos de la Casa Presidencial, Ministerio de Planificación, y las casas de habitación de los tres asesores de datos de Alvarado y del asesor legal.

Al presidente de la República, ministro de la presidencia y viceministro de Planificación se le investiga por el delito de prevaricato.

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Los demás imputados se les investiga por el presunto delito de abuso de autoridad.

“Este delito sanciona a quien, en ejercicio de su cargo como funcionario público, conociendo la ilegalidad de lo que ordeno o bien la arbitrariedad de el acto que comete, en perjuicio de los derechos de un individuo.