Caso UPAD: Ministro de Seguridad choca con diputados por traslado de datos a Presidencia

El ministro de Seguridad, Michael Soto, y los diputados de oposición que conforman la comisión especial que investiga el trabajo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) chocaron, esta mañana, por un traslado de información que realizó la cartera de gobierno a un asesor del presidente Carlos Alvarado con datos no anonimizados sobre aprehensiones de la Fuerza Pública.

Soto señaló que su cartera remitió bases de datos sobre informes policiales y actas de decomiso de 2019 al asesor de Presidencia, Santiago Álvarez Ovares; quien había sido designado por el presidente Carlos Alvarado como asesor de enlace entre ambos despachos.

El ministro respondió a una solicitud verbal hecha por Álvarez Ovares en noviembre de 2019 para un "cruce de información" que pretendía realizar Presidencia, petición que fue atendida hasta mediados de diciembre, tras un recordatorio vía telefónica y a través de correos enviados a su despacho.

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Soto señaló que entregó la información al asesor, a pesar de que no existían acuerdos de protección de datos; pues interpretó que el asesor pedía los datos a nombre del presidente y, por ende, debía facilitar los datos al mandatario como máximo jerarca de los cuerpos policiales.

Para ello se basó en los artículos 139 de la Constitución Política, inciso 3, y 8 de la Ley de Protección de Datos, incisos a y b; relativos a la posibilidad de brindar acceso a este tipo de datos cuando se vayan a utilizar para asuntos relacionados con seguridad del Estado, seguridad y ejercicio de la autoridad pública.

Según el jerarca, las solicitudes se realizaron con el objetivo de realizar mejorar el abordaje social de prevención, a través del análisis de las tendencias delictivas en zonas vulnerables.

Esta explicación no satisfizo a diputados de oposición como el independiente Jonathan Prendas, del bloque Nueva República; las liberacionistas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, y el socialcristiano Pedro Muñoz.

Hernández y Delgado fueron especialmente críticas con el hecho de que se trasaldaran bases de datos sin una solicitud formalmente escrita y con los datos específicos por persona aprehendida; sin embargo, el ministro Soto reiteró en distintas ocasiones su tesis de excepción.

Por su parte, Muñoz rechazó la tesis de Soto de que el envío de información respondiera a una de las excepciones de ley, pues no consideró que la planificación de prevención del crimen en zonas vulnerables no correspondiera a un tema de "seguridad y ejercicio de la autoridad pública". Además, el diputado Prendas cuestionó que el envío de información se realizara directamente a un asesor y sin consultar al presidente los motivos de la solicitud de información.

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Ante esa última preocupación, el jerarca de Seguridad señaló que el traslado se hizo bajo la certeza de que el asesor era el nexo entre su cartera y la Presidencia, y que nunca supo sobre la existencia de una unidad de análisis de datos en Presidencia ni cuáles eran sus alcances. Por eso, dijo que únicamente hizo un desvío de información, entendiendo al presidente como máximo mando de las fuerzas policiales bajo ese entendido.

En la sesión de esta mañana también compareció el asesor de datos Álvarez Ovares, quien dijo que nunca fungió como miembro de la UPAD. No obstante, el funcionario se acogió a su posibilidad de abstenerse de declarar, pues la diputada Hernández lo denunció penalmente por sus gestiones en una solicitud de información anónima de las personas incluidas en las bases de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiario (Sinirube).

El caso UPAD

La UPAD fue un equipo de asesores del presidente Carlos Alvarado que trabajó sin una base legal por año y medio en Casa Presidencial, realizando cruces de información para replantear política pública. La información de seguridad se habría utilizado en este ámbito, según la tesis de la comisión investigadora.

El Gobierno publicó un decreto en marzo pasado, en el que pretendió instaurar formalmente la entidad como un grupo asesor de carácter político-administrativo, con acceso a datos confidenciales y bajo la dirección inmediata del Presidente de la República.

Dicho decreto finalmente se derogó solo cuatro días después de publicado; sin embargo, propició investigaciones políticas, administrativas y penales sobre el el grupo de asesores, y sobre la confección del propio decreto. Presidencia afirmó que no se intentaba pasar por encima de ninguna norma legal como la de Protección de Datos de los Habitantes.

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La investigación administrativa fue suspendida por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), la cual alegó la imposibilidad de continuar con sus pesquisas al existir una investigación de carácter penal.

Esta última la tramita la Fiscalía General, en una causa en la que figuran el presidente Carlos Alvarado; el exministro de la Presidencia, Víctor Morales; y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto. Ellos firmaron el decreto fallido.

Además, se investiga a los tres exasesores de datos Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández; al exasesor legal de Presidencia que redactó el decreto, Luis Salazar (quien redactó el decreto); y a la exjefa de despacho del presidente, Felly Salas.