Sala Tecera convocó a la Fiscalía y abogados del mandatario
22/07/20 | 18:36pm
Luego de una fallida audiencia que terminó con la separación del magistrado Jesús Ramírez, la Sala de Casación Penal convocó para el 27 de agosto la audiencia para discutir dos actividades procesales defectuosas presentadas por los abogados del presidente de la República, Carlos Alvarado, por el caso de la creación de la Unidad de Análisis Presidencial (UPAD).
La notificación, a la cual AmeliaRueda.com tuvo acceso, fue emitida este 21 julio a la fiscala general, Emilia Navas, así como a los defensores del mandatario..
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Esta audiencia se llevó a cabo inicialmente el 16 de junio; sin embargo, debido al manejo y resoluciones confusas que hubo en ella, fueron recusados cinco magistrados, por lo que debió ser suspendida. Posteriormente, el magistrado suplente Rafael Segura resolvió el asunto y concluyó que, de los cinco magistrados recusados, solo se debía aceptar la de Jesús Ramírez, quien alegó que presentaba problemas de salud.
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El 17 de abril anterior, los abogados de Alvarado presentaron dos actividades procesales defectuosas ante la Sala Tercera, pues consideran que la fiscala Emilia Navas se excedió en el allanamiento realizado en Casa Presidencial el 28 de febrero.
En la primera actividad, la defensa del presidente reclama que la Fiscalía copió todos los correos electrónicos de la cuenta de Carlos Alvarado. El segundo reclamo tiene que ver con los celulares y computadora decomisados a Alvarado, pues la defensa considera que dicha acción no se justificó por parte de la Fiscalía General.
"Eso nos parece gravísimo porque evidentemente en ese correo no hay solo información relacionada con la UPAD, sino que hay comunicaciones con otros jefes de estado, información relacionada con la seguridad nacional y temas de salud pública que no tienen que ver con los hechos investigados, que no autorizó la Sala Tercera que fueran accesados y que es información que debe mantenerse en reserva", dijo el abogado Rodolfo Brenes a AmeliaRueda.com el día que interpusieron las actividades.
El expediente por el caso UPAD involucra al presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, el exasesor legal del mandatario, Luis Salazar y la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas.
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En la causa también se investiga a los tres miembros del equipo de trabajo que analizaba datos a solicitud del presidente: Alejando Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos.
A ellos se les investiga por delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, los cuales están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.
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