Caso UPAD: Abogados de Alvarado presentan peritaje externo en reclamo por descarga de correos

La defensa del presidente de la República, Carlos Alvarado, presentó este jueves un peritaje forense externo para respaldar un reclamo procesal por una supuesta extralimitación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la hora de extraer los correos electrónicos del mandatario, como parte de las diligencias relacionadas al caso de la Unión Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Esta gestión fue confirmada vía telefónica a AmeliaRueda.com por el abogado del gobernante, Rodolfo Brenes, a su salida de una audiencia programada para este 27 de agosto en la Sala de Casación Penal, que inició a las 8:30 a.m. y se extendió por 12 horas.

"El peritaje lo que hace analizar la extracción de información de los correos electrónicos y del centro de datos de Casa Presidencial. Consideramos que se extralimitaron primero porque se autorizó a secuestrar información de la UPAD y se llevaron información que no es de la UPAD e información que no es de personas investigadas", explicó el jurista.

"Pero también, en el curso de la realización de ese estudio pericial se determinó que el OIJ no había seguido buenas prácticas forenses y eso es una circunstancia nueva que se incluyó en ese informe y que se está poniendo en conocimiento de todas las partes", agregó.

El levantamiento del informe estuvo a cargo de "dos expertos en ciberseguridad e investigación forense" de la empresa costarricense SoporteXperto.com. La misma brinda servicio personalizado en la atención de incidentes informáticos desde hace 22 años, de acuerdo con la información disponible en su sitio web.

La contratación de esa compañía fue recomendada por el codefensor de Alvarado, Róger Guevara, quien "ya había trabajado con ellos", comentó Brenes.

El último de los abogados indicó que el tribunal concedió a las partes apegadas al proceso hasta el 2 de setiembre para pronunciarse por escrito sobre la admisibilidad del peritaje como prueba en el expediente 20-5434-042-PE, en el que se investiga al presidente por presunto prevaricato y violación de datos personales.

Una vez concluido ese plazo, la Sala Tercera entrará a conocer los argumentos y luego resolverá si se el peritaje se incorpora como evidencia o no. De hacerlo, los magistrados convocarán a una nueva audiencia a los involucrados para que reciban la prueba; de lo contrario, podrán dictar una resolución por la acciones procesal defectuosa presentada por la defensa del mandatario.

En ese último supuesto, los altos jueces también se referirían a otro reclamo que tiene que ver con los celulares y computadora decomisados a Alvarado, pues sus representantes legales consideran que dicha diligencia no se justificó por parte de la Fiscalía General de la República.

"Así que todavía queda un tiempo antes de que tengamos una decisión con respecto a este punto", mencionó Brenes.

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Oficina cuestionada

La investigación de la Unidad de Análisis de Datos refiere a la creación el 17 de febrero de 2020, mediante el decreto ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN (derogado cuatro días más tarde), de un despacho en Casa Presidencial que pretendía tener acceso a información sensible de los ciudadanía, al aducir la necesidad de su existencia para la creación de política pública.

El expediente por el caso involucra al presidente Carlos Alvarado y a los entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, como firmantes del decreto. Asimismo, se investiga al exasesor legal del mandatario, Luis Salazar y su exjefa de despacho, Felly Salas.

También a los tres miembros del equipo de trabajo que analizaba datos a solicitud del mandatario: Alejando Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos.

A ellos se les investiga por delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, los cuales están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal, respectivamente.

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