Multas pendientes suman ¢2.340.585, algunas desde 1998, y se registran 46 accidentes entre 2018 y 2019
23/09/20 | 10:24am
Los carros a nombre del Ministerio de la Presidencia acumulan 128 multas sin pagar, algunas desde el año 1997, las cuales representan una deuda con el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de ¢2.340.585. Además, se registran 28 juicios pendientes por colisiones.
Así lo revela el informe de Auditoría Interna de Casa Presidencial No. AI-001-2020 sobre la "Evaluación del uso, control, titularidad y mantenimiento de los vehículos institucionales del Ministerio de la Presidencia", donde se indica que las 128 infracciones involucran a 87 carros y corresponden a 9 multas condenadas, 8 impugnadas y 111 en estado pendiente.
Sobre este tema, la encargada de Transportes de dicho ministerio, Gloriana Jiménez, indicó que se realizan las revisiones de las multas, pero solo de los vehículos que sí están en uso de Presidencia y se deja por fuera los “desaparecidos” o ubicados en otras entidades que también están a nombre de la Presidencia.
“La existencia de infracciones con estado de pendientes con tantos años de antigüedad podría incurrir en que la institución deba hacerse cargo de pagar multas económicas, aunado a la pérdida de imagen institucional ante los ciudadanos por una percepción desfavorable por este tipo de situaciones que carecen de controles efectivos para la protección del patrimonio público”, se indica en el informe y se agrega como recomendación, gestionar ante el Cosevi “el levantamiento de las infracciones anotadas”.
Ante las consultas de AmeliaRueda.com, los encargados del área de Transportes respondieron que mantienen las diligencias con el ente encargado (Cosevi) para la revisión de los casos, porque pese al acumulado de 128 multas pendientes, no todas tienen montos asignados.
De acuerdo con el control por colisiones y accidentes de tránsito del Departamento de Transportes del Ministerio de la Presidencia en 2018 hubo 26 colisiones (10 procesos concluidos y 16 en proceso) y en el 2019 hubo 20 colisiones (8 procesos concluidos y 12 en proceso).
Esto quiere decir que -a la fecha- se registran (en los últimos dos años) 46 accidentes de tránsito con vehículos de Presidencia involucrados, de los cuales 28 continúan en proceso.
Sobre este tema la Auditoría verificó que los encargados de Transportes llevan un control general de las colisiones “pero no se incluye el detalle del estado de cada caso para un seguimiento oportuno”.
Esta falta genera incumplimientos en las normas de control interno para el Sector Público. “La ausencia de un auxiliar de control oportuno de los casos por colisión y accidentes de tránsito no permite a la Administración Activa una verificación precisa y confiable del estado actual de cada caso, ni una cobranza controlada cuando corresponda de acuerdo con las resoluciones”, manifiesta el informe.
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50 vehículos a nombre del Ministerio de la Presidencia tienen gravámenes en el Registro Nacional, con expedientes que se acumulan desde el año 1987 (aún sin resolver), según la recopilación de información realizada por la auditoría. Los gravámenes se dan por colisiones, “prendas” y conceptos varios.
Es “preocupante que existan infracciones y gravámenes de muchos años sin un seguimiento oportuno y eficiente” indica el informe al resaltar que esta situación provoca incumplimientos de los reglamentos de control de bienes y registro, así como de la Ley de Administración Financiera.
Las anotaciones registrales se señalaron desde informes pasados, y los encargados del estudio evidenciaron que durante todo el 2019 no se hizo ninguna gestión para mejorar y ordenar al tema.
“Se concluye que la Administración Activa no ha realizado un seguimiento eficaz para levantar estas anotaciones y continuar con el proceso de investigación y desinscripción de los vehículos según corresponde en cada caso” y agregan que existen riesgos ante la falta de control, principalmente si se toma en cuenta que hay carros que no se sabe dónde están.
Además de las inconsistencias e incumplimientos señalados anteriormente, la Auditoría Interna de Casa Presidencial halló que 15 vehículos no ubicados físicamente y uno indemnizado por el INS (por pérdida total) tienen marchamos pendientes. La falta de pago del derecho de circulación de dichos automotores representa una deuda de ¢6.700.096.
El no tener control de los marchamos pendientes también representa faltas graves en el cumplimiento de las normativas vigentes, así lo señala el informe al Departamento de Transportes de dicho ministerio.
Consultada al respecto, la encargada del área reitera el argumento (dado a lo largo del informe) de que es “una situación que no se ha resuelto desde administraciones anteriores” y agrega que ya se solicitó al INS un informe sobre este registro y deuda para analizar la posible solución.
Para la Auditoría todos los temas relacionados con el descontrol, principalmente de los vehículos “desaparecidos”, es un aspecto urgente de solucionar debido a que pueden implicar responsabilidades legales en el caso de que alguno de esos vehículos se encuentre en manos de terceros. Sobre este tema, se recomendó a los encargados gestionar ante el INS el trámite de pago que corresponda o bien la liberación de los marchamos pendientes “para continuar con los trámites legales según corresponda en cada caso”.
En Transportes de Presidencia indicaron que el monto de la deuda podría ser menor porque ya se ha logrado avanzar en la entrega de algunas placas en el Registro Nacional y que “podrían ser exonerados del cobro”.
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