Carlos Cerdas y Mélida Solís en nuevo intento este miércoles por cambiar prisión preventiva

Los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas llevan a cabo este miércoles un nuevo intento por cambiar la prisión preventiva que recae sobre ambos mientras se les investiga por supuesto tráfico de influencias en el caso conocido como “Cochinilla”.

Sus solicitudes se conocen desde las 10:00 a.m. en una audiencia que se celebra en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, la cual está a cargo de la jueza Carolina Lizano Salazar. Esta última es la misma que dejó en libertad a Cerdas Araya y Solís Vargas en una primera instancia el 26 de junio, al concederles una medida de “caución real” (una garantía) por $5 y $3 millones, en el mismo orden. Esa disposición fue anulada el 19 de julio por el juez del Tribunal Penal de esa jurisdicción, Hugo Porter Aguilar.

Hasta el receso del mediodía, solo había expuesto la defensa técnica de Cerdas Araya, el dueño de constructora Meco, según indicó a AmeliaRueda.com el fiscal de Probidad, Glen Calvo Céspedes.

“La defensa solicitó una vista de medidas con el fin de pedir el cambio de la prisión preventiva de dos de los imputados, don Carlos Cerdas Araya y doña Mélida Solís Vargas; basados en argumentos que se están desarrollando en este momento”, explicó el servidor del Ministerio Público.

“No sabemos (por cuáles medidas pretenden cambiar) porque no han terminado de exponer y todavía no tenemos certeza de qué es lo que están solicitando realmente. Sabemos que es el cambio de medida, pero aún no hemos terminado”, señaló Calvo Céspedes.

En el caso de Solís Vargas, la propietaria de la empresa H. Solís, en su pedido su defensa técnica incluyó un “incidente por enfermedad”. Este medio procuró conocer detalles de esa gestión con el abogado Érick Gatgens Gómez, pero este aseguró que daría declaraciones hasta el final de la audiencia, que se prevé para la tarde.

Mélida Solís, dueña de H. Solís

El caso “Cochinilla” es un escándalo de aparente corrupción en contratos de obra pública que estalló el 14 de junio pasado, con allanamientos en la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) además de viviendas y oficinas de las empresas involucradas, como Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.

En total, en la causa se investiga a 75 personas por delitos como cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.