Presidente pide que Fiscalía garantice que no "navegará" por "todo el teléfono" que le decomisaron

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, recurrió este viernes ante la Sala III para solicitarle que revise si se produjeron violaciones al debido proceso en el allanamiento que dirigió la fiscala general, Emilia Navas, el pasado 28 de febrero en Casa Presidencial, y durante el cual le fueron decomisados dos teléfonos celulares y la computadora

Sus abogados presentaron dos actividades procesales defectuosas. En la primera, la defensa del presidente reclama que la Fiscalía copió todos los correos electrónicos de la cuenta de Carlos Alvarado.

"Eso nos parece gravísimo porque evidentemente en ese correo no hay solo información relacionada con la UPAD, sino que hay comunicaciones con otros jefes de estado, información relacionada con la seguridad nacional y temas de salud pública que no tienen que ver con los hechos investigados, que no autorizó la Sala Tercera que fueran accesados y que es información que debe mantenerse en reserva", explicó el abogado Rodolfo Brenes.

Lea: Celular, computadora y documentos del presidente Alvarado fueron secuestrados en allanamiento

El segundo reclamo tiene que ver con los celulares y computadora decomisados a Alvarado, pues la defensa considera que dicha acción no se justificó por parte de la Fiscalía General.

Brenes indicó que, con este procedimiento, lo que buscan es que la Fiscalía justifique la necesidad de haber secuestrado esos aparatos."Si esa estricta necesidad no se establece deberían devolverlos o en su defecto por lo menos velar que cuando se accese a esos aparatos se accese solamente a la información de la UPAD, esto es muy peligroso que la policía pueda ponerse a navegar por todo el teléfono del presidente", enfatizó.

El presidente Carlos Alvarado sumó a un nuevo abogado en su defensa por la investigación penal del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Se trata de Rodolfo Brenes, quien fue defensor del expresidente Oscar Arias en el caso Crucitas.

"Consideramos que hubo un exceso y nosotros lo que estamos pidiendo no es que no se investigue, porque la instrucción que tenemos de don Carlos es colaborar con la investigación que se pueda, pero esa investigación debe llevarse en un marco de legalidad y no es correcto y es hasta muy peligroso en una democracia que la policía tenga información de este tipo. Que se lleven todo lo de UPAD, perfecto, no lo objetamos, sabemos que no hay nada irregular, pero que se lleven información que no fue autorizada por la Sala Tercera es muy preocupante", manifestó Brenes.

Brenes, quien representó al expresidente Oscar Arias en el caso Crucitas, se sumó al equipo de defensa del mandatario Alvarado. En ese equipo también está el abogado Róger Guevara, quien representó a Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), durante el proceso judicial por el caso FIFAgate.

El caso

El 2 de marzo anterior, la fiscala general, Emilia Navas, dijo en conferencia de prensa que la apertura de la información que se tiene en los aparatos electrónicos se hará resguardando la integridad de los involucrados, y agregó que no se dejará respaldo de archivos ajenos a la causa o personales, incluso, la fiscala aseguró que en caso de que se filtrara alguna información se abrirían los procedimientos internos de investigación que correspondan.

Para que los dispositivos sean revisados por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, primero debe haber una autorización por parte de la Sala Tercera.

Lea: Caso UPAD se manejará con prioridad por un tema de prescripción de delitos, afirma Emilia Navas

El expediente por el caso UPAD involucra al presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, el exasesor legal del mandatario, Luis Salazar y la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas.

En la causa también se investiga a los tres miembros del equipo de trabajo que analizaba datos a solicitud del presidente: Alejando Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos.

A ellos se les investiga por delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, los cuales están penados en los artículos 196 bis, 331 y 350 del Código Penal.