Uso del cannabis medicinal y apertura a industria del cáñamo reciben aprobación final del Congreso

El Congreso aprobó este jueves en sesión extraordinaria por la mañana el segundo debate al expediente 21.388 ley que autoriza y establece la normativa para el uso del cannabis medicinal y crea la industria del cáñamo en el país.

29 diputados lo votaron a favor y 10 lo hicieron en contra.

La iniciativa la presentó hace dos años y medio la diputada independiente Zoila Volio y se dictaminó en la Comisión de Ambiente, además de pasar el filtro de la Sala Constitución que no encontró vicios de fondo ni de procedimiento.

En el debate previo a su aprobación, las bancadas de oposición resaltaron los beneficios que esperan traiga esta ley a la población y condenaron al Gobierno por la negativa a respaldar esta industria y las amenazas de un veto parcial del presidente Carlos Alvarado al proyecto.

“Ha habido mucha obstrucción y atraso, el trabajo de la Comisión de Ambiente mejoró mucho el proyecto. Nadie va a usar la marihuana recreacional, es otro tema, no se trata de eso, y yo me pregunto de los que se oponen dónde está la caridad cristiana, el dolor al prójimo, de esos pacientes con cáncer, ¿de verdad no importan?, uno debe tener esa empatía”, mencionó Volio.

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¿Qué se aprobó?

El cáñamo proviene de la planta del cannabis, igual que la planta de marihuana, y cada una tiene características distintas.

Debido a que la planta del cáñamo tiene mínimas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC) que es el principal componente psicoactivo del cannabis, el proyecto deja a la libre su siembra.

El fin es crear una nueva industria, ya que a partir de esta planta se procesan alimentos, fibras, cuerdas, papel, ladrillos, aceite, plástico natural, biocombustibles, pinturas, entre otros productos.

De acuerdo con un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), en 2020 la industria del cáñamo generó ventas por $5.700 millones en mercados como los Estados Unidos y China.

Permisos

El proyecto establece dos tipos de licencias: una para la industria del cáñamo, donde será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la entidad encargada de brindar los permisos, y otra para medicamentos o productos derivados del cannabis, es decir con el componente psicoactivo de la planta, para los que será el Ministerio de Salud el encargado de otorgar las licencias.

En ambos casos también deberá intervenir el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

• “El Poder Ejecutivo tendrá amplias potestades para regular y limitar el número de licencias que podrán otorgarse…así como establecer limitaciones temporales a la producción, las áreas totales de siembra y los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades, cuando lo exijan razones de interés público debidamente motivadas. Asimismo, tendrá la potestad de establecer vedas o restricciones parciales o totales de estas actividades…para resguardar la seguridad y proteger la vida y la salud de las personas y el medio ambiente”, agrega el texto del proyecto aprobado.

El costo de las licencias lo deberá establecer el Poder Ejecutivo vía decreto y estas tendrán una vigencia de seis años y podrán ser renovados por períodos iguales.

El proyecto permite que personas jurídicas o empresas produzcan cannabis medicinal, ya sea para venta como materia prima a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o a laboratorios o establecimientos debidamente autorizados, para la industrialización, fabricación y comercialización de productos de uso médico o de uso terapéutico en el territorio nacional o para su exportación a terceros países donde se permite el comercio lícito de estos productos.

Se avala además, la industrialización directa por parte de la misma persona productora para la elaboración y comercialización de productos de uso médico o de uso terapéutico, autorizados de conformidad con esta ley.

Sobra decir que deberán contar con los permisos, licencias y títulos indicados por la ley, por parte de Salud y del ICD. Además, las personas deberán ser mayores de edad “con plena capacidad cognoscitiva y volitiva”.

Las empresas deberán demostrar que tienen un contrato vigente ya sea para la venta de materia prima para la CCSS o laboratorios privados o las licencias para la producción de productos de cannabis medicinal.

En este caso, la persona productora deberá contar también con el respectivo título habilitante para realizar actividades de industrialización de productos derivados de cannabis de uso médico o terapéutico.

La Caja podrá producir, en sus laboratorios, medicamentos y productos de uso terapéutico utilizando cannabis psicoactivo, sus extractos y derivados, así como a recibir, comprar, procesar y distribuir cannabis para uso medicinal y terapéutico, sus productos, subproductos y derivados.

40% a pymes

El proyecto establece que el MAG definirá, con base en criterios técnicos, las regiones del país aptas para el cultivo de cannabis de uso médico y terapéutico y promoverá una distribución equitativa de las licencias para cultivo en el territorio nacional, priorizando los distritos con menores índices de desarrollo social, a las mipymes, organizaciones de productores agropecuarios, constituidas como centros agrícolas cantonales, asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas o de autogestión o asociaciones de desarrollo indígena.

Entre estas organizaciones se deberá garantizar el acceso mínimo al 40% de las licencias para cultivo otorgadas.

“En todo caso deberá garantizarse el seguimiento y la trazabilidad de toda la producción realizada en el territorio nacional, sus subproductos y derivados, a fin de garantizar que será utilizada en actividades lícitas, autorizadas de conformidad con esta ley y los tratados internacionales suscritos por el Estado costarricense. En caso de sobreproducción, el excedente deberá ser entregado al MAG, que podrá destruir el producto o donarlo a la Caja o a las universidades públicas y privadas, para fines educativos o de investigación”, indica el texto.

Impuesto y multas

La ley establece además un impuesto del 1% sobre las utilidades de renta de los productos que se distribuirán entre distintas entidades.

El MAG, Salud y el ICD tendrán un 10% cada una, con el fin de cumplir las competencias que les otorga la ley.

Un 20% para el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, para que sea destinado a la compra de medicamentos que requieran las personas aseguradas.

Otro 20% para el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja.

Y un 30% para el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo, con el fin de dar financiamiento exclusivamente al sector. Este destino se dará durante un plazo de 10 años, cumplido este plazo se podrán financiar nuevas actividades productivas.

Auto cultivo

La iniciativa también ofrece el aval para el autocultivo cuando se demuestre que sea para pacientes que dicho tratamiento mejore su salud o el alivio de sus síntomas.

“Para estos efectos la Caja o el centro de salud de que se trate, emitirán un carné que permita a las autoridades públicas identificar a la persona paciente, de conformidad con las especificaciones técnicas que emitirá el Ministerio de Salud”, indica el texto.

Precisamente, esta parte del proyecto es sobre la que, según han dicho los diputados proponentes, el ministro de Salud, Daniel Salas tiene dudas.

“El Ejecutivo sin hacerlo abiertamente, le ha manifestado a algunos compañeros preocupación por el lado del autoconsumo y que podrían vetar parcialmente el proyecto. Si eso ocurre habría que analizar esa parte, y las razones y eso sería lo único que se analizaría para ver si se acoge o se rechaza y se da el resello al proyecto de ley”, explicó la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, en el programa Nuestra Voz.

AmeliaRueda.com hizo la consulta del tema a Casa Presidencial. Mediante una respuesta atribuida al ministro de Comunicación, Augustín Castro, se indicó que el proyecto se trasladará al ministerio respectivo como es el proceso común.

En este caso al Ministerio de Salud, que tendrá una plazo prudencial para hacer un análisis de lo aprobado por el Congreso “y plantear sus recomendaciones al Presidente, quien las evalúa y toma la decisión final respecto a la firma”, indicó Castro.

“Por tanto, no existe a este momento ninguna decisión definitiva respecto a este tema, ni en un sentido ni en otro”, agregó el ministro.

Nota del editor: esta publicación se amplió a las 5:00 p.m. del 13 de enero del 2022 para incluir la posición del Poder Ejecutivo.