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Denuncian que método para pedir intérpretes para estudiantes sordos en UCR provoca trato desigual

La Defensoría Estudiantil de la universidad solicitó a las autoridades explicaciones sobre esta situación y pidió cambios que quiten trabas en el proceso de matrícula para estas personas

14/08/21 | 11:55am

La Defensoría Estudiantil solicitó explicaciones y cambios en el método de solicitud de intérpretes para alumnos sordos en la Universidad de Costa Rica (UCR), debido a tratos desiguales que estos sufren al matricular o retirar cursos, consistentes en reproches de parte del centro de educación superior.

Ese cambio forma parte de las pretensiones incluidas en el oficio FEDEUCR-192-2021 -del que AmeliaRueda.com tiene copia- remitido el jueves anterior al rector de la casa de enseñanza, Gustavo Gutiérrez Espeleta; la vicerrectora de Vida Estudiantil, María José Cascante Matamoros; el vicerrector de Docencia, José Ángel Vargas Vargas; el director de la Escuela de Estudios Generales, Gustavo Soto Valverde; así como la jefa del Centro de Asesoría y Servicio a Estudiantes con Discapacidad (Cased), Lisbeth Alfaro Vargas.

La misiva fue recibida este viernes y permanece en trámite, confirmó a este medio la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la universidad.

El documento denuncia una conducta discriminatoria del centro de estudios mediante el proceso de asignación de intérpretes, la cual -considera- limitó el desarrollo normal de Carlos Céspedes, un estudiante sordo de filología clásica, toda vez que "implícitamente" se le pide un periodo establecido desde la prematrícula.

La relación de hechos del oficio alega que al alumno afectado se le solicitó informar la cantidad de cursos que pretendía llevar en la prematrícula, aún cuando el sistema de matrícula de la casa de enseñanza se basa en cupos y citas. Por esta situación, el estudiante debe dar un aproximado del número de materias que puede matricular y la administración le reprocha si logra matricular más cursos.

La queja agrega que si por razones personales, laborales o académicas, el alumno decide renunciar a uno de los grupos, también recibe reproches por esa situación. Como prueba de ello, la misiva señala que en el primer semestre del 2020, el estudiante matriculó cuatro cursos y, con el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus (en marzo de ese año), este se dio cuenta de que la carga de las clases y los recursos virtuales (audios y videos) eran incompatibles con su trabajo y no se adaptaban a su condición de discapacidad, razón por la que optó por retirar las materias.

Vía correo electrónico desde el Centro de Asesoría y Servicio a Estudiantes con Discapacidad se le indicó que se tuvieron que desestimar recursos de la universidad, pues su intérprete ya estaba asignado; y que en adelante tenía que notificar sus intenciones de matrícula.

"Mediante el proceso de asignación de intérpretes se ha limitado del desarrollo normal de la matrícula de mi representado, incluyendo no sólo los períodos extraordinarios de matrícula (inclusión y aprovechamiento), sino también de la exclusión de cursos en los períodos asignados (retiro y renuncia), reprochándosele un proceso que para el resto de les estudiantes es normal; solicitándosele implícitamente un horario establecido desde el período de pre-matrícula", denuncia el documento.

Otro evento ocurrido más recientemente se relaciona al segundo semestre del 2021, cuando el afectado logró matricular el curso de Apreciación del Teatro, para el cual debe asistir o ser espectador de obras. Sin embargo, el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad le indicó que no podía apoyarlo con las actividades fuera de clase, sino solo con aquellas contempladas en las horas del curso.

La queja considera que esa posición "limita el desarrollo normal de la malla curricular", ya que esas actividades están relacionadas con los cursos de estudios generales.

El documento reconoce "la crisis presupuestaria que viven las universidades públicas", pero denuncia que "esta no debe significar un sacrificio a la accesibilidad completa y real de todas las personas a la educación pública". En ese sentido, se menciona que las dificultades financieras no deben afectar los derechos humanos básicos de los estudiantes.

"Esto, como lo explicamos en el considerando, porque nos preocupa el trato desigual que están recibiendo los estudiantes con discapacidad con respecto al resto", subraya el documento.

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