Cacisa obtuvo en últimos tres años el 30% del presupuesto del Conavi para la supervisión de obras

La Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería, Cacisa S.A. es la empresa encargada de supervisión de obras viales que recibe la mayor cantidad de contratos por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

En los últimos tres años, Cacisa obtuvo el 30 por ciento del total del presupuesto del Conavi destinado a este rubro (supervisión de obras).

Así se desprende del análisis realizado por AmeliaRueda.com de los presupuestos del Conavi de los años 2018, 2019 y primer trimestre del 2020, específicamente del rubro destinado para los “servicios de ingeniería”, los cuales consisten en la supervisión, inspección y control de calidad de los proyectos que se ejecutan.

Durante el plazo analizado, el Conavi pagó un total de ¢32.813 millones por el concepto de supervisión de obras, de los cuales ¢9.555.956.276 se pagaron a Cacisa, casi la tercera parte del total del presupuesto.

Los montos

De acuerdo con el informe del 2018, la subpartida 10403 “servicios de ingeniería” representó un pago total de ¢15.411 millones, de los cuales Cacisa recibió ¢3.250.849.946, es decir, un 21,1 por ciento.

Dicho informe muestra en una tabla el detalle de las principales empresas a las que pagaron recursos de dicha subpartida.

Para el año 2019 el porcentaje de pago a Cacisa fue mayor, ya que recibió el 36.7 por ciento del total del presupuesto destinado para el pago de los servicios de inspección de obras.

De acuerdo con los datos, ese año el Conavi registró un pago total de ¢13.941 millones a empresas supervisoras, de los cuales ¢5.109.893.630 se dieron a Cacisa.

El dinero restante se repartió entre otras empresas que ofrecen los mismos servicios, las cuales recibieron entre ¢252 millones y ¢1.226 millones

Para el primer trimestre del 2020 se registró un pago total de ¢3.460 millones a las empresas encargadas de ofrecer los servicios de inspección y verificación de calidad, de los cuales ¢1.195.212.700 se pagaron a Cacisa, lo que representa el 34.5 por ciento del monto total.

Para ese año se tuvo una participación de una mayor cantidad de empresas, otras 17 compañías se repartieron el presupuesto restante.

La distribución total del presupuesto de la subpartida de supervisión de obras viales del año 2020 no se encuentra disponible en los expedientes del Conavi, sin embargo, AmeliaRueda.com analizó la ejecución presupuestaria y sumó todos los montos designados a Cacisa, los cuales para ese año (2020) alcanzaron un total de ¢5.047 millones.

Historial

La empresa Cacisa opera desde 1992 y se autodefine como una empresa dedicada a la supervisión de obra, control de calidad, geotecnia e incluso diseño.

En su página web indican que tienen 40 ingenieros y 40 técnicos especializados. Agregan que han supervisado 5.918 kilómetros de carretera y 49 puentes, entre otras cosas. Esta empresa también desarrolla proyectos en Nicaragua, Panamá y El Salvador.

Entre los proyectos a cargo mencionan:

• Verificación de los contratos de conservación vial de la red vial nacional.
• Supervisión de la construcción de acceso a la Terminal de Contenedores de Moín.
• Mejoramiento de la ruta nacional 160, sección Playa Naranjo - Paquera.
• Mejoramiento de la ruta nacional 1, carretera Interamericana Norte, sección Limonal - Cañas.
• Diseño en ruta 1, sección Barranca - Limonal.
• Consultoría para la supervisión de la concesión corredor San José - Caldera.
• Supervisión de la construcción del paso a desnivel de las Garantías Sociales.

Además, la empresa Cacisa fue la encargada de la supervisión de la fallida construcción de la trocha fronteriza, donde se desató uno de los mayores escándalos de posible corrupción que aún se investigan en el país por el supuesto desvío de más de ¢22.000 millones, según la acusación. Este caso involucra a empresarios que cobraron dinero por trabajos que no se realizaron y también a funcionarios públicos que avalaron los pagos.

Para la investigación sobre el caso de la trocha fronteriza se realizaron 41 allanamientos a nivel nacional, uno de ellos a la empresa supervisora, es decir, Cacisa.

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Cambios

Al inicio de la Administración Alvarado Quesada, la empresa Cacisa tuvo prohibición para acceder a contratos con el Estado, debido a que uno de los principales accionistas era José Manuel Sáenz, esposo (en ese momento) de la nueva ministra de Justicia y ahora precandidata presidencial del PAC, Marcia González.

Esta situación provocó que Cacisa quedara fuera de los concursos públicos durante dos meses y para lograr acceder de nuevo a las licitaciones, Sáenz tuvo que vender sus acciones en la empresa y dejar el cargo de presidente de la Junta Directiva, esto debido a que la legislación establece que al ser el cónyuge de una jerarca, su empresa tendría prohibición para participar en contratos con el estado.

Sáenz se registraba, en ese momento (2018), como el propietario de 22.800 acciones comunes y nominativas de la empresa de un total de setenta y dos mil acciones que representan ¢72 millones. Esto significa que Sáenz era dueño de más del 31 por ciento de las acciones de la compañía.

Tras su renuncia a la Junta Directiva y venta de acciones, la empresa logró que el 15 de junio del 2018, la Contraloría General de la República (CGR) autorizará el levantamiento de la prohibición de la empresa a los concursos públicos, al quedar en firme que el (entonces) esposo de la ministra de Justicia ya no era parte de la empresa.

José Manuel Sáenz además ocupó un puesto cercano al Gobierno como asesor en temas de infraestructura, también fue nombrado presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil y representante suplente de Costa Rica en la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), organismo internacional donde se toman decisiones importantes sobre el desarrollo de la aviación.

Actualmente Sáenz, exaccionista de Cacisa, ocupa el cargo de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

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Investigación

La empresa Cacisa es una de las cinco involucradas en el mega caso de supuesta corrupción revelado el lunes anterior por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El llamado caso Cochinilla indica que grandes empresas dedicadas al área de la construcción de obra pública dieron sobornos (carros, lotes, viajes y favores sexuales) a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), lo hicieron a cambio de obtener información que les daba ventaja en los procesos de licitación.

Las empresas involucradas son constructora Meco, H. Solís, Herrera, ITP (Ingeniería Técnica de Proyectos) y Cacisa. Además, hay 19 funcionarios de Conavi involucrados, 14 de ellos están detenidos.

Para el avance de la investigación, se llevaron a cabo 57 allanamientos, de los cuales cinco se mantienen activos desde el lunes anterior.

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Además se hizo la detención de un total de 30 personas, incluidos los dueños de las grandes empresas involucradas.

Se estima, según el OIJ, que las personas involucradas “sacaban” dinero de unos proyectos para financiar otros que beneficiaban a las empresas que daban supuestos sobornos, esto provocaba que unas obras quedarán desfinanciadas y terminarán costando más caro.

Se investiga una malversación de fondos que supera los ¢78.000 millones.