"Buscan el pelo en la sopa", dice Álvarez ante solicitud contra prohibición de contratos con Estado

"Ésta discusión yo la plantee desde el año 2014, e incluso recuerdo que informé a los medios de comunicación e hice mis comunicados de prensa y en ese momento a nadie le pareció que estaba haciendo nada malo, ahora que soy candidato presidencial y estoy encabezando las encuestas pues siempre se busca el pelo en la sopa".

De esta forma se refirió el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, a críticas contra su solicitud para eliminar una norma que prohíbe a los miembros de supremos poderes tener contratos con el Estado.

El aspirante presidencial liberacionista aseguró que ahora debe pagar el "precio" de ser candidato, y sostiene que la Ley de Contratación Administrativa de Costa Rica está desactualizada con respecto a otras normas internacionales, además de que violenta derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política.

"A mí me parece que aquí se ha hecho un poco de análisis en función de que soy candidato presidencial y cuando se es candidato presidencial pues siempre se busca ver qué se puede comentar, qué se puede analizar en función de una candidatura presidencial", señaló Álvarez Desanti.

El candidato del PLN agregó: "El punto de fondo, es que en Costa Rica los regímenes de prohibición están totalmente desadaptados con respecto a la época, con respecto a lo que ha avanzado en el mundo. Por ejemplo. para que una persona no tenga prohibiciones, para que una empresa no se vea afectada por las prohibiciones, el socio tiene que vender su participación seis meses antes de que quedar electo, imagínese que a los magistrados por ejemplo se les nombra en cuestión de dos meses y ni siquiera habría tiempo para que pudieran vender participaciones en empresas que hacen negocios con el Estado"-

A criterio del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, cuando Costa Rica formalice su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se reformarán las normas que prohíben a los miembros de los supremos poderes tener participaciones en empresas que mantienen o suscriben contratos con el Estado.

"Hoy en día esto se maneja por medio de la OCDE con todo un régimen que obliga a que constituya fideicomisos y a que los que participan como accionistas tengan que retirarse de las empresas, pero que las empresas puedan seguir operando libremente, y lo que yo he venido defendiendo es que el sistema tal y como está, lo que establece son violaciones constitucionales pero que Costa Rica tiene que modernizarse", puntualizó Antonio Álvarez.

El abogado y empresario, presentó el 17 de marzo del 2014 ante la Contraloría General de la República (CGR), una solicitud de levantamiento contra la prohibición establecida en los artículos 22 bis y 23 de la Ley de Contratación Administrativa, con el objetivo de poder contratar con la administración pública.

Estos artículos prohíben a miembros de los supremos poderes, como el Presidente de la República, diputados, ministros y magistrados, y sus familiares, participar en contrataciones administrativas con el Estado.

El 25 de noviembre del 2014, la Sala IV dio curso a una acción de inconstitucionalidad presentada por Álvarez Desanti para traerse abajo los artículos de la ley que antes intentó levantar en la Contraloría.

En entrevista con este medio este jueves, el candidato presidencial explicó que ya había solicitado a la Sala Constitucional que archivaran la acción porque con el ingreso del país a la OCDE la normativa será modernizada.

Contratos de alquiler

AmeliaRueda.com dio a conocer el 9 de febrero del 2015, mediante su investigación #AlquileresEjecutivos, que cinco sociedades anónimas, propiedad de tres familias, recibían el 24 por ciento de los ¢1.589 millones que paga el gobierno cada mes en alquileres de edificios.

La familia de Nuria Marín Raventós, esposa de Antonio Álvarez, es uno de los grupos beneficiados con el pago de alquileres mensual que hace el Poder Ejecutivo. De acuerdo con la investigación de este medio, la compañía Galletano S.A. alquila desde el 1 de mayo de 1968, el Edificio Raventós al Ministerio de Educación Pública (MEP) por ¢79 millones al mes -en 2015 cuando se publicó el reportaje-.

Otro de los alquileres lo hace la sociedad La Llacuna S.A. al Ministerio de Hacienda desde el 2006 a un costo mensual de ¢65,5 millones mensuales en febrero del 2015.

Los contratos con el gobierno fueron firmados por Adriana Marín Raventós, presidenta de las sociedades Galletano S.A. y La Llacuna S.A., en ambas empresas Nuria Marín Raventós, aparecía como secretaria de la Junta Directiva.

El reportaje de este medio señala que Nuria Marín Raventós es fundadora de la Corporación Álvarez y Marín S.A., empresa conjunta con su esposo Antonio Álvarez.

Corporación Álvarez y Marín S.A. incursionó desde 1995 en negocios de desarrollo inmobiliario, alquiler de oficinas y viviendas.