El dinero de un 96% de los Bonos Proteger entregados a personas que incumplían requisitos para recibirlos no podrá recuperarse, explicó este martes 21 de junio, la ministra de Trabajo, Marta Esquivel en conferencia de prensa

Como razones de lo anterior, la jerarca mencionó falta de información y a que el costo de las gestiones de recuperación son superiores al monto entregado en cada bono (entre ¢125 mil y $69 mil)

El Ministerio de Trabajo presentó un informe de Auditoría donde se detalla que se lograron detectar 21.014 casos, donde los bonos Proteger fueron entregados a personas que no cumplían con los parámetros establecidos por el Decreto Ejecutivo de la administración Alvarado Quesada.

Las autoridades reconocen que de momento solo se podría gestionar la recuperación de los 1.300 bonos entregados a funcionarios públicos, ya que estos si están plenamente identificados y la gestión se haría por medio del pago del Estado según el debido proceso. Esto representa el solo el 4% de los bonos mal entregados, por lo que el restante 96% sería muy difícil de recuperar.

“La recuperación es incierta, ahí puede haber personas fallecidas, puede haber personas inlocalizables. Es importante resaltar que las personas que recibían transferencias del Estado eran parte de las exclusiones del decreto”, agregó Esquivel.

Las autoridades del Ministerio de Trabajo reconocieron que 12 mil bonos ya fueron declarados como incobrables, ya que las personas beneficiarias están en condición de pobreza, el monto asciende a ¢4.192 millones.

"Faltó planificación"

Los bonos no podían ser entregados a menores de 15 años, funcionarios públicos, pensionados, privados de libertad, beneficiarios de transferencias del Estado y personas con el 100% de su trabajo remunerado.

Según el informe de auditoria interna, explicó Esquivel, las bases de datos son inaccesibles, ya que no se cruzó información de forma correcta.

“No existió una debida planificación, existía una incompatibilidad de funciones del Director del programa de Empleo, ya que él era el que tomaba todas las decisiones en este proceso, eso es un aspecto que ya fue debidamente revisado desde el punto de vista disciplinario. No se parametrizó (sic) el sistema para llegar a la población que lo necesitaba, la administración anterior no realizó las validaciones de la lista de beneficiarios y la plataforma virtual presenta fallas al entregar los bonos, precisamente por no contemplar las excepciones establecidas en el decreto”, explicó la Ministra de Trabajo.

El subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Álvaro Coto afirmó que se valora el costo-beneficio de realizar las gestiones de cobro a las personas, esto debido a que el costo del proceso judicial es muy superior a lo que se estaría recuperando.

“El grupo mayor que obedece a ¢7.900 millones está por debajo del monto exiguo (relación entre el costo incurrido y el beneficio recuperado) que el Ministerio de Hacienda ya ha determinado que ya sea incobrable, puesto que sale más caro el procedimiento cobratorio que es presentado en la gestión judicial. Vemos bastante difícil poder recuperarlos”, aseguró Coto.

Consultada sobre las responsabilidades legales de dichos pagos, la ministra explicó que se analiza la posibilidad solicitar a la Procuraduría General de la República una acción legal con la empresa que elaboró la plataforma y generó la base de datos porque no cumplió con algunos de los requisitos del convenio como que fuera accesible y tuviera trazabilidad, así como la entrega del último informe de auditoría para determinar cómo proceder en este caso.