Con juicio a El Salvador, la Corte IDH emitirá por primera vez criterio sobre el aborto terapéutico

El juicio contra El Salvador por el caso Beatriz —cuya audiencia pública tendrá lugar el 22 y el 23 de marzo en San José, Costa Rica— llevará a la primera resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que aborde con profundidad el aborto terapéutico.

El caso se remite a 2013, cuando en el mes de junio una joven salvadoreña de 20 años llamada Beatriz tuvo una cesárea temprana en la que el feto murió horas después, pese a que desde marzo de ese año los médicos diagnosticaron que el embarazo podría provocar su fallecimiento y el del embrión.

Beatriz vivía en extrema pobreza y había quedado embarazada en julio de 2011. Ese embarazo se complicó debido a una enfermedad y, meses después, un médico le informó de que no podía volver a embarazarse nuevamente, pero la joven no asistió a la cita de esterilización quirúrgica y poco después volvió a quedar embarazada.

Ese segundo embarazo, que culminó en 2013 —el primero que se relata en este artículo, que es objeto de un juicio de la Corte IDH—, no se pudo interrumpir de forma terapéutica por estar el aborto absolutamente prohibido en El Salvador. Sus demandas no prosperaron, según se desprende de la información del caso en la página del alto tribunal.

Antes de la cesárea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH emitieron medidas cautelares a su favor. "El dolor y sufrimiento que atravesó Beatriz desde que solicitó la interrupción del embarazo y aún con posterioridad al nacimiento y muerte, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes", ha dicho la CIDH.

La Comisión presentó el caso ante la Corte el 5 de enero de 2022, alegando que el marco normativo del Estado salvadoreño y su "impacto" en los medios de los que disponía Beatriz para acceder al aborto terapéutico dieron lugar a que el embarazo —peligroso para las dos vidas— "avanzara significativamente".

Este fue un "riesgo permanente" que "afectó desproporcionadamente" los derechos de Beatriz, "constituyendo violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, vida privada y salud, tanto física como mental", dijo en 2022 la CIDH, que ve en el caso una violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana.

La Corte IDH, que deberá declarar si hubo o no responsabilidad internacional por parte de El Salvador, destacó que "se aduce que en el presente caso confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a la condición de mujer joven y persona en situación de pobreza".

Semejanza con caso costarricense

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) —uno de los impulsores de la acción interamericana contra El Salvador— prevé que la Corte IDH emitirá "estándares que tendrán impacto en todo el continente americano", pues será la primera vez que aborde el tema del aborto terapéutico de forma tan directa.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, organización salvadoreña también representada en el caso, espera que la resolución precipite "cambios estructurales" en la legislación de ese país, y que la Corte IDH ordene a El Salvador a no incurrir en prácticas similares.

Para el Cejil, el caso "reviste especial relevancia" en Costa Rica por ser similar al de "Ana" y "Aurora", dos mujeres que alegan que, en 2007 y 2012, fueron obligadas a dar a luz a un bebé que desde meses antes se sabía que moriría, dada la negativa de las autoridades médicas y estatales a practicar el aborto terapéutico.

"Fueron forzadas a llevar a término embarazos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, pese a que la gestación de dichos embarazos representaba una clara afectación para su salud física, mental y emocional", por lo que "sufren afectaciones de salud", dice el alegato de la defensa de "Ana" y "Aurora" en el caso, que aún tramita la CIDH.

La Comisión hizo el pasado 31 de enero un llamado a reconocer y proteger "los derechos reproductivos" en el continente americano, y a "asegurar que los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y todas las personas gestantes no sean desproporcionadamente afectados a través de la criminalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo".