"Hay una base importante de acuerdo" con FMI, afirma presidente del Banco Central

Las negociaciones de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a una Facilidad de Servicio Ampliado por $1.750 millones caminan correctamente y ya "hay una base importante de acuerdo", según afirmó el presidente del Banco Central y gobernador del país ante el organismo internacional, Rodrigo Cubero.

"Se ha alcanzado una base importante de acuerdo. Tenemos que seguir, no podemos tirar las campanas al vuelo porque faltan todavía varios días de conversaciones, que pueden ser una semana o dos semanas más, dependiendo del progreso de los siguientes días, pero hasta ahora hemos progresado bastante bien", comentó la mañana de este viernes en el programa Nuestra Voz.

Cubero no adelantó mayores detalles sobre la negociación, pues existen acuerdos de confidencialidad para esta etapa del proceso; sin embargo, reiteró que el país busca un compromiso equilibrado entre nuevos impuestos y disminuciones en materia de gasto público, como contrapropuesta al Fondo, enfocado en medidas que ya se anunciaron y que se publicaron desde inicios de año.

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Una misión virtual del FMI analiza la situación económica de Costa Rica, para determinar la viabilidad de extenderle la facilidad crediticia. Este grupo, comandado por la jefa de la División para el Hemisferio Oeste del FMI, Manuela Goretti, revisa desde el 11 de enero pasado las cifras fiscales del país y se reúne con agentes políticos, académicos, sociales, empresariales y otras autoridades.

Según explicó Cubero, esta revisión será esencial para que el Fondo determine el tamaño real del ajuste fiscal que deberá pedir a Costa Rica, con el objetivo de que su política económica sea sostenible en el mediano y largo plazo, y pueda garantizar así el retorno de su inversión.

El país no solo busca este acuerdo de financiamiento para aliviar sus altas necesidades de endeudamiento (que alcanzarían más de un 15% del PIB este año), sino también para dar tranquilidad al resto de prestamistas nacionales sobre la capacidad que tiene el Estado de cerrar su brecha entre gastos e ingresos, que hace cada vez menos sostenible su gestión de la deuda pública.

Costa Rica enfrenta un panorama fiscal alarmante, con un déficit financiero que este 2020 habría cerrado por encima de los ¢3 billones (9% del PIB) —según las estimaciones que se hicieron a mediados de ese año pasado. Esto engrosa cada vez más rápidamente la deuda pública, que ya supera un 70% de la producción y triplica los niveles de 2008.

Estas condiciones aumentan groseramente las necesidades de financiamiento de Estado, lo cual presiona indicadores como las tasas de interés y el tipo de cambio, y amenazan con desestabilizar la economía costarricense de manera definitiva en el corto plazo, si no se toman medidas para cerrar el déficit fiscal (la diferencia entre gastos e ingresos que obliga al Estado a adquirir cada vez más endeudamiento del que ya de por sí necesita para pagar sus viejas deudas).

Una eventual insolvencia del país para el pago de su deuda en el mediano plazo implicaría fuertes procesos inflacionarios y de devaluación, así como los efectos colaterales que todo esto acarrearía para la función del Estado y para el sector productivo.

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Panorama menos delicado

Pese a que el panorama es adverso, el presidente del emisor sí manifestó que probablemente el ajuste fiscal que tenga que realizar Costa Rica sea menor del previsto. Según comentó, las cifras fiscales de 2020 cerraron en mejores condiciones de las estimadas; es decir, las arcas estatales registraron un menor colapso por la pandemia del nuevo coronavirus del que inicialmente se proyectó, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto.

Cubero destacó principalmente la implementación de la regla fiscal en 2020, la cual tuvo un fuerte impacto y tendría uno todavía mayor en los próximos años, por los elevados niveles de deuda pública nacionales y los recortes presupuestarios ya aplicados.

"Afortunadamente, no puedo dar los datos, pero puedo decir que las cifras fiscales están cerrando mejor incluso de lo que se había esperado para 2020, y eso implica que hay que hacer una revisión del tamaño del ajuste que finalmente se requiere. En parte, el hecho de que esas cifras sean mejores, y que tengan un gasto menor, implica que la aplicación de la regla fiscal hacia adelante va a ser más estricta porque fija un techo al crecimiento del gasto y, cuando la base del crecimiento máximo es más baja, el monto del gasto en los años venideros tiene que ser todavía más bajo", afirmó.

Según Cubero, la aplicación de la regla fiscal, tal como está planteada, implicaría reducir los niveles de gasto público hasta caer a un monto similar al de 2008, como porcentaje de la economía, sin contar el pago de intereses.

Sobre el tamaño final del ajuste requerido, el presidente del emisor detalló que es justamente ese el análisis que realiza en este momento el Fondo Monetario. "Lo que el FMI tiene que hacer es, con base en lo que ya se va viendo de las cifras de 2020, poner puntos sobre las íes sobre cuál es el ajuste fiscal o la reducción del déficit fiscal que necesitamos hacer, con puntos y decimales, adicional al que ya se hizo con la Ley 9635 (reforma fiscal de 2018)", concluyó.

Para garantizar su sostenibilidad fiscal y cerrar la brecha financiera entre sus gastos y sus ingresos, el país presentó al Fondo una serie de medidas que podría asumir como compromisos fiscales en el mediano plazo. Entre ellos, destacan recortes presupuestarios, una estricta aplicación de la regla fiscal, la reforma al empleo público que se tramita en el Congreso y la aplicación de un sistema de renta global a partir de 2023, entre otras medidas.

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