Banco afirma que trabaja en estrategias para mejorar escogencia de beneficiarios
21/07/16 | 08:59am
Durante el 2014, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) distribuyó el presupuesto para trámites de viviendas de interés social sin tomar en cuenta para la asignación de bonos si las familias solicitantes viven los cantones y distritos más pobres.
“La administración ha tolerado un sistema o procedimiento en el que las empresas constructoras son las encargadas de presentar las listas de proyectos y beneficiarios a las Entidades Autorizadas y éstas a su vez al BANHVI, sin que existiesen lineamientos o priorizaciones con el fin de orientar el desarrollo de proyectos en zonas específicas”, reza el informe de la Contraloría.
La Contraloría General de la República (CGR) llegó a esta conclusión en el Informe de Seguimiento de la Gestión Sobre la Construcción de Vivienda de Interés Social DFOE-IFR-SGP-01-2016, divulgado esta semana.
La encargada del Área de Servicios de Infraestructura de la CGR, Marcela Aragón, detalló que con el estudio se pudo determinar que el Banhvi cuenta con políticas para otorgar los bonos de vivienda, entre ellas, los sectores geográficos más pobres, pero que sin embargo en la práctica no lo aplica.
Tal es el caso de la Directriz 27 llamada "Especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de la tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización", que deja explícito el factor de ubicación en su artículo primero.
Este señala que la "se estimulará el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social especialmente para los habitantes de los cantones y distritos más pobres del país y con mayor déficit habitacional, según los lineamientos y prioridades que establezca el Poder Ejecutivo”.
El subgerente Financiero del BANHVI, Alexander Sandoval, sostuvo que la geografía "no puede ser la única variable" en la que que se base la entidad para otorgar un subsidio de vivienda, ya que hay muchas variables que pueden ser consideradas como urgentes.
Agregó, que con el ingreso de una nueva administración no quiere decir que todos los parámetros vayan a cambiar y no se le de seguimiento a los proyectos que ya estaban en camino.
Los requisitos para solicitar un bono de vivienda incluyen ser una familia, que no haya recibido el subsidio con anterioridad y que el ingreso entre todos los miembros de la familia no supere los seis salarios base de un empleado de construcción (cerca de ¢1,5 millones), entre otros.
Sandoval señaló que el Banco es consciente de que las familias que cuentan con el subsidio no son necesariamente las más pobres y que, en ese sentido, se está trabajando sobre bases nuevas tales como el programa Puente para El Desarrollo.
Una nueva directriz del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) ya fue puesta en consulta y se encuentra en discusión para mejorar los procesos de selección de beneficiarios, manifestó el funcionario.
Dado a que el estudio realizado por el ente contralor no era una auditoría, este no emitió disposiciones, sino solamente recomendaciones.
Entre los consejos brindados por la Contraloría está "estimular el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en los cantones y distritos más pobres del país" en lo cual, asevera el Banhvi, ya se está trabajando con las nuevas políticas.
También, recomienda al Banco valorar "con base en un estudio costo beneficio" la implementación de energías renovables en las viviendas de interés social tales como la instalación de plantas de tratamiento de aguas negras en los proyectos y paneles solares.
Sandoval señaló que en este punto se depende de los recursos disponibles para invertir en tecnologías "verdes".
Para la realización del estudio, la Contraloría tomó en cuenta una muestra de 115 casas, 95 estándar ubicadas en 10 proyectos habitacionales y 20 "especiales" para personas con discapacidad o adultas mayores.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el Programa “Bono Familiar de Vivienda” se creó desde 1986 mediante la Ley N.° 7052,
En el año 2014, el Estado destinó al este programa de vivienda social la suma de ¢73.953.5 millones en subsidios de vivienda para familias en condición de pobreza.
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