Aumentos temporales de renta e impuesto a transferencias marcarán propuesta de acuerdo con FMI

Aumentos temporales a los tramos del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas y jurídicas, y la imposición de un gravamen sobre todas las transferencias bancarias que se realizan en el país marcarán la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones con la entidad multilateral.

Así lo indicaron a AmeliaRueda.com fuentes en comunicación directa con autoridades del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, a solo horas de que el Gobierno presente la lista de propuestas de reforma que llevará al Fondo para intentar convencerle sobre la existencia de una ruta nacional para paliar sus difíciles condiciones financieras, agravadas por la pandemia del Covid-19.

La propuesta se presentará oficialmente a diputados y población en general, este 17 de septiembre.

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En materia de Impuesto Sobre la Renta, la propuesta incluiría sobretasas temporales para todos los salarios e ingresos de personas físicas superiores a los ¢840.000, en los mismos cuatro tramos que se emplean actualmente para el cobro del tributo. En el caso de personas jurídicas, también se aplicaría un aumento temporal de varios puntos porcentuales sobre la tasa del 30% que se cobra actualmente.

El Impuesto Sobre la Renta se considera un gravamen progresivo, porque se cobra proporcionalmente sobre la generación de recursos de cada persona; es decir, sobre su riqueza.

Además de las sobretasas de Renta, la propuesta también incluiría un impuesto de cuatro años sobre todas las transferencias bancarias, sin excepciones. Este gravamen primero sería del 0,3% durante los primeros dos años y luego pasaría a ser de un 0,2%.

Estas son las medidas que generarían una mayor cantidad de recursos frescos para enfrentar la complicada condición financiera del país, agravada por la pandemia del SARS-CoV-2 en los próximos años; sin embargo, la magnitud de sus impactos estimados quedan pendientes de presentación este jueves.

Costa Rica ya aplicó sobretasas de Renta durante la administración de Abel Pacheco, en 2002. A inicios de aquel gobierno se pactaron medidas todavía más extensivas, con una vigencia máxima de dos años, a través de la Ley de Contingencia Fiscal.

Junto con estos impuestos, la propuesta al FMI también plantearía un aumento de 0,50 puntos porcentuales para el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, que actualmente cobra apenas un 0,25% anual sobre el valor de los mismos y se dirige a los gobiernos locales. El 0,50% adicional iría directamente al Ministerio de Hacienda, para gastos del Gobierno Central, y se establecería de forma permanente (no temporal, como las otras propuestas).

Adicionalmente, retomoraía la propuesta de gravar las ganancias de "grandes cooperativas", un compromiso de las fracciones legislativas durante la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que finalmente había quedado enterrado ante un dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.

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Pese al aumento en cargas empresariales que implicarían las cargas adicionales en materia de renta y transacciones bancarias, las fuentes que conversaron con AmeliaRueda.com añadieron que se promovería una medida compensatoria con la reducción en el pago de cargas sociales por parte de los patronos.

Específicamente, dejarían de pagar el 5% sobre los salarios de todos sus trabajadores que usualmente giran al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) y los recursos quedarían a expensas del Estado.

Todas estas medidas fueron indicadas por fuentes confiables, de forma extraoficial, y su confirmación quedará pandiete para este jueves 17 de septiembre a las 3:30 p.m., cuando las autoridades del Banco Central y del Poder Ejecutivo ofrecerán una conferencia de prensa para realizar su anuncio.

¿Y el gasto público?

La propuesta al FMI también incluiría el compromiso de realizar recortes al gasto público en cuatro vías: se replantearían algunas exoneraciones, incluida la eliminación de la exención de renta al salario escolar (conocido como el treceavo salario del sector público); se impulsaría la reforma al empleo público y su escala salarial única; se suspendería por cuatro años el pago de anualidades en el sector público; y se continuaría con la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).

Los salarios escolares pagarían el Impuesto Sobre la Renta con la misma escala que el resto de los depósitos; mientras que la reforma al empleo público se mantiene en discusión legislativa y actualmente la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso afina un pronto dictamen del texto.

En cuanto a las anualidades del sector público, el Gobierno ahora aspiraría a suspender el pago por dos años más de los que propuso inicialmente al Congreso, cuando dijo que suspender el pago de estos aumentos implicaría ahorros por ¢44.000 millones en el Gobierno Central y de ¢23.000 millones en instituciones autónomas si se aplicara solo en 2021 y 2022.

Por último, la venta BICSA y FANAL dejarían al Estado ¢14.000 millones (0,04% del PIB) y ¢10.650 millones (0,03% del PIB) con la venta de Fanal, respectivamente, según había indicado el Gobierno en febrero pasado.

Todas estas medidas ya se habían anunciado anteriormente, aunque con pequeñas variantes.

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El Gobierno presentará oficialmente las propuestas a los diputados y a la ciudadanía en general este 17 de septiembre. Primero lo hará a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, antes del mediodía, y más tarde brindaría una conferencia de prensa, a las 3:30 p.m.

La propuesta se presentará oficialmente este 11 días antes de que arranquen las negociaciones con el FMI por el paquete de financiamiento de tres años. El Ejecutivo y el BCCR han dicho que el acuerdo con esta entidad es crucial para la estabilidad financiera del país, no solo por el ingreso de recursos sino por el impacto fiscal de los compromisos adquiridos y por el impacto del acuerdo sobre la confianza de los mercados internacionales y, por ende, en las mejores condiciones crediticias que estos ofrecerían al país.

El Gobierno de la República ya accedió a un crédito por $500 millones con el Fondo este año. No obstante, dicha operación se tramitó a través de un Instrumento Rápido de Financiamiento (IFR), por la pandemia del Covid-19, por lo que no requirió de compromisos fiscales de ningún tipo.