Aumento temporal de impuestos a rentas más altas queda excluido de propuesta al FMI

La idea de establecer un aumento temporal en las tarifas del Impuesto Sobre la Renta que se cobran a las utilidades más altas se desechó finalmente como parte de las propuestas que se incluirán en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo indicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a AmeliaRueda.com, en medio de una entrevista en la que señaló que el impuesto se dejó de lado para priorizar la búsqueda de soluciones permanentes al desequilibrio fiscal costarricense.

“Las sobretasas temporales lo que pasa es que, precisamente, como la palabra lo dice, son temporales y en este momento más bien estamos buscando medidas permanentes. Temporales actualmente tenemos la venta de la cartera de Conape, por ejemplo, que ya la estamos impulsando, pero principalmente queremos medidas permanentes que vengan a sostener el ajuste fiscal a lo largo del tiempo”, señaló.

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En su primera propuesta de acuerdo con el Fondo —que finalmente fue rechazada tras presiones sindicales, civiles, políticas y empresariales—, el Gobierno había sugerido aumentar las tasas a personas físicas o jurídicas con mayores ganancias por dos años, un movimiento que, según estimaba, habría generado rendimientos por el orden del 0,8% del PIB en cada período (unos ¢286.000 millones).

Específicamente, el Gobierno proponía aumentar progresivamente, entre 2,5 y 10 puntos porcentuales, el cobro de renta a las personas físicas que ganaban más de ¢3,7 millones anuales; así como a las de personas jurídicas con rentas brutas menores de ¢109 millones.

Para empresas con rentas brutas de más de ¢109 millones, se proponía aplicar un incremento del 30% al 36% en impuestos; mientras que en materia de salarios de trabajadores dependientes se pretendía incrementar 2,5 puntos a los mayores de ¢840 mil, 5 puntos a los mayores de ¢1,2 millones y 10 puntos a los de más de ¢4,3 millones.

No obstante, esta propuesta —o una similar— ahora quedó totalmente desestimada para el proceso con el FMI.

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Al FMI con menos impuestos

El Gobierno arrancará sus negociaciones con el FMI este 11 de enero, con el objetivo de acceder a una línea de crédito blando de $1.750 millones, en desembolsos de tres años, aparejados al cumplimiento de medidas que permitan cerrar al menos parte del déficit financiero del país, que hace insostenible la tendencia de la deuda pública en el mediano plazo.

El Ejecutivo anunció desde agosto de 2020 su intención de buscar financiamiento y guía del Fondo; sin embargo, pausó sus intenciones después de que fracasó su primera propuesta de acuerdo con el organismo, ante reacciones en contra de medidas como triplicar la tarifa del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, establecer un gravamen a las transacciones financieras o la propia intención de incrementar temporalmente los gravámenes a las rentas más altas.

Ahora, el ministro Villegas asegura que se buscará ir al Fondo con una propuesta más inclinada en el recorte y la contención del gasto público. “A diferencia de la propuesta anterior, en esta lo que hemos intentado priorizar es el control del gasto público, entonces por ahí va a ir la mayor cantidad de medidas que se van a negociar con el Fondo este mes”, comentó.

También señaló que se priorizarán medidas que sean viables técnica y políticamente.

En líneas generales, el Ejecutivo afirmó que la propuesta al Fondo se fundamentaría en las medidas acordadas en la Mesa de Diálogo Multisectorial que desarrolló en noviembre pasado, con una reducción del gasto empujada por dos fuertes recortes presupuestarios en 2021 y 2022, y con el cumplimiento estricto de la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en 2018.

Asimismo, señaló que será esencial la implementación de optimizaciones en Hacienda y sus sistemas tributarios, y la aprobación de la reforma al empleo público.

También indicó que se buscarían reformas menores en materia de impuestos, incluida la reducción de algunas exoneraciones (incluida la del salario escolar), cobrar una mayor tarifa de renta a las remesas al extranjero, establecer un gravamen para los premios de lotería, cargar los rendimientos del régimen de pensiones complementarias, reformar el impuesto a las casas de lujo e iniciar con un esquema de renta global a partir de 2023.

Costa Rica se enfrenta a un panorama fiscal alarmante, con un déficit financiero que supera los ¢3 billones y que engrosa cada vez más rápidamente la deuda pública (la cual ya alcanza un 70% del PIB y triplica los niveles de 2008). Estas condiciones aumentan groseramente las necesidades de financiamiento de Estado, lo cual presiona indicadores como las tasas de interés y el tipo de cambio, y amenaza con una desestabilizar la economía costarricense en el corto plazo si no se implementan soluciones.

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