Auditoría del MOPT abre investigación sobre concentración de contratos para MECO y H. Solís

La auditora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Irma Gómez, anunció este jueves que abrió una investigación sobre sobre la concentración que existe en contratos de obra pública, la apertura del expediente se da tras darse a conocer el caso Cochinilla.

Así lo indicó la funcionaria durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión Especial que investiga los posibles actos de corrupción en el Conavi.

La diputada Xiomara Rodríguez preguntó si "como parte de su metodología de trabajo realizaron algún informe o detectaron o le comentaron al ministro sobre el duopolio que existe en la contratación para las obras públicas de este país".

A lo que la auditora dijo que estuvieron analizando "la razón por las cuales esas grandes empresas han quedado contratadas en el MOPT en el caso del programa de Red Vial Cantonal".

“Tenemos una investigación que don Rodolfo (Méndez, ministro del MOPT) instruyó”, añadió Gómez, quien explicó que de manera reciente se empezó a investigar cada uno de los procesos de adjudicación que favorecieron a las empresas MECO y H. Solís, vinculadas con el caso Cochinilla.

La intención de la Auditoría es analizar los contratos que se tienen en los programas del ministerio, principalmente entre el MOPT y las municipalidades, los cuales también, en su mayoría están a cargo de estas dos empresas investigadas.

La auditora dijo que años atrás los programas municipales estaban principalmente a cargo de empresas pequeñas y algunas de ellas incumplían en los procesos y “dejaron los proyectos botados”. Agregó que lo sucede con estas compañías “grandes” tienen una mayor capacidad financiera en comparación con otras, y en los diversos procedimientos “ofertan con precios más bajos y en el camino van metiendo líneas en el proyecto”, lo que provoca que se vaya encareciendo la obra.

Gómez admitió que se trata de una situación recurrente.

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Justificación

La auditora del MOPT justificó, una y otra vez, la independencia que tiene el Conavi y que para ella resultaba imposible e ilegal interferir en dicho órgano desconcentrado y conocer sobre los supuestos actos de corrupción que ocurrían en la entidad.

La funcionaria dijo que sí da seguimiento a los informes que se generan sobre obra vial a cargo del MOPT y que se hacen inspecciones, informes técnicos, e incluso denuncias, y que desconoce la razón por la que en el Conavi no se hace de la misma manera.

“Uno no puede estar sospechando de todas las obras”, dijo la funcionaria al ser cuestionada sobre proyectos denunciados en el caso Cochinilla.

Pese a defender su labor, la auditora indicó que las verificaciones de calidad que se hacen de las obras son visuales, ya que el ministerio carece de un laboratorio acreditado para hacer ensayos de los materiales que se utilizan en las obras.

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Gómez dijo que a lo largo de los años se han emitido múltiples recomendaciones para mejorar la planificación, desarrollo de las obras y la ejecución de pagos, esto debido a que con regularidad se presentan inconvenientes en expropiaciones, permisos ambientales, reubicación de servicios públicos, desactualización de datos y desconocimiento de las normativas.

La funcionaria también se refirió a lo ocurrido con las plantas de asfalto y dijo que “nunca se recomendó su cierre”, esto debido a que se habían hecho inversiones millonarias que sólo requerían mejores decisiones en su operación.

Por ejemplo, dijo que se necesitaba aumentar la producción de las plantas y tener personal capacitado para el manejo y mantenimiento de los equipos. Pese a las recomendaciones dadas sobre el tema, el ministro del MOPT tomó la decisión de cerrarlas en el 2018 y desde ese momento se encuentran en desuso.

Ahora, se plantea un proyecto de ley para ceder su operación a municipalidades o empresas interesadas.

Nota del editor: este artículo fue modificado el 29 de julio del 2021 a la 1:40 p.m. para hacer una rectificación en el título, bajada y la entrada.