Audiencia de medidas cautelares por caso “Cochinilla” se desarrolla entre barreras y varias salas

La audiencia privada de medidas cautelares por el caso policialmente conocido como "Cochinilla" se desarrolla entre portones cerrados, barreras y en varias salas.

Así lo pudo constatar un equipo de AmeliaRueda.com durante una visita al tercer piso de los tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, en donde se lleva a cabo la cita desde la 1:00 p.m. de este 15 de junio.

Tan solo es cuestión de llegar a la planta en mención para notar un conjunto de "paredes" que parecieran ser de madera con las que se obstruye la vista hacia el pasillo en el que se reparten siete salas de juicio. Pero antes de esas barreras, un portón de cuadros resguardado por oficiales de seguridad interna permanece cerrado y sólo permite el paso a defensores así como funcionarios judiciales.

La audiencia en la que se ventilarán disposiciones solicitadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) para 30 implicados en un escándalo con contratos de obras viales requirió entre tres y siete salas de juicio -según cuatro abogados consultados por este medio- para la distribución de los imputados en apego a las medidas sanitarias de restricción de aforo y distanciamiento físico para la prevención de contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

En la primera, la más amplia de estas, se estableció el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública y ante este órgano, el Ministerio Público inició con la descripción del caso pasadas las 3:00 p.m. Junto a ellos está un grupo de encartados y sus representantes legales.

Pero las limitaciones obligaron a repartir en otros espacios a los restantes indilgados y sus defensores.

Estos últimos dan seguimiento a la audiencia a través de video conferencia y aún no se tiene claro cuál será la dinámica cuando cada una de las partes tome la palabra para exponer sus argumentos.

"Nos citaron a la una de la tarde, pero empezamos después. Hay varias salas que están conectadas electrónicamente con la señora jueza que dirige la audiencia. De esa forma se ha procurado mantener la comunicación y a su vez el distanciamiento social", relató el jurista Juan Marco Rivero Sánchez, defensor de una sospechosa de apellidos Solís Vargas.

Érick Ramírez Barahona, representante de un empresario de apellidos Castro Rodríguez, apuntó: "Me parece que sí son cinco o siete salas, no estoy seguro, pero sí son varias. Y hay una grande que es donde está la jueza con un grupo de colegas e imputados. Yo estoy en otra sala donde podemos visualizar por videoconferencia lo que está ocurriendo en vivo en la otra audiencia, y así simultáneamente".

Los abogados señalaron a AmeliaRueda.com que la audiencia está prevista para extenderse hasta pasadas las 7:30 p.m. y continuará hasta el 16 de junio.

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Versiones

Los defensores variaron sobre sus perspectivas respecto al caso expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, penalidad del corruptor, malversación de fondos, estafas, falsedad ideológica, entre otros.

Por ejemplo, Érick Ramos Fallas, abogado del dueño de la empresa Meco de apellidos Cerdas Araya, puntualizó supuestas inconsistencias en la causa.

"Nosotros cuando se nos otorgue la audiencia respectiva vamos a señalar severos yerros que existen en la imputación del Ministerio Público. Creemos que fue prematura la realización de allanamientos y las detenciones de personas porque básicamente lo que existen son intervenciones en las que ni siquiera hay prueba de tenencia de teléfonos, posibilidad de establecer quienes son los interlocutores de las llamadas, y mas importante que eso, ni siquiera hay una verificación del contenido de esas llamadas.

"Adicionalmente, la Fiscalía en la indagatoria, momento donde al imputado se le otorga su derecho a que se le intime, muestra severas falencias en cuanto a la construcción de la hipótesis de los hechos que se están imputando; circunstancia que vamos a exigir a la jueza que verifique a efectos de rechazar la gestión del Ministerio Público de imponer medias cautelares", explicó el representante legal.

Ramos Fallas aseguró que en la exposición hasta ahora hecha, a su cliente se le señala únicamente por ser el propietario de una empresa "y la Fiscalía dice que se supone que él tiene que conocer lo que hacen terceros".

Por su parte, Érick Gatgens Gómez, defensor de la dueña de H. Solís de apellidos Solís Vargas, se mostró más cauto y prefirió aguardar a que la audiencia avance.

"Se trata de una serie cargos relacionados a licitaciones, pero hay muchísimo que analizar e investigar. Está todo en una etapa muy preliminar y me parece aplica aquel adagio popular de que hay mucha tela que cortar. Me parece que mucho de lo que hace el Ministerio Público a este nivel se basa esencialmente en especulaciones con base en intervenciones telefónicas, pero que todavía no están debidamente sustentadas", aseveró el jurista.

Juan Marcos Rivero, Érick Ramírez Barahona, Margarita Martínez Hernández y Simón Angulo Arredondo indicaron que lo prudente es esperar a que la Fiscalía profundice en su exposición.

Un día atrás, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, detalló que el caso en cuestión es uno de los más importantes de los últimos años y señaló que los acontecimientos que se persiguen se presentaron entre 2018 y 2020, cuando 32 personas -19 funcionarios públicos y 13 particulares- presuntamente establecieron un esquema de pago de coimas para beneficiar a cinco empresas.

"Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada.

Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó el jefe de la Policía Judicial.

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