El Estado omitió la valoración de la afectación de los derechos comerciales, indica la empresa Agromec
13/05/19 | 09:15am
La empresa Agromec asegura que el atraso en la expropiación de una parte de su terreno, necesaria para la circunvalación norte, se presenta por omisiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por la ineficiencia e impericia de los funcionarios del Estado.
El pasado 7 de mayo, el ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Jiménez, dijo a AmeliaRueda.com que la expropiación de dos terrenos son los que atrasan el inicio en las obras del primer tramo, Agromec y HyH, los cuales mantienen reclamos y procesos judiciales; sin embargo, el representante de Agromec, Daniel Rojas, indica lo contrario.
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"El Ministerio se ha concentrado en un solo tramo del proyecto, y pretende endilgar la responsabilidad a dos empresas, omitiendo indicar que son 26 casos abiertos en sede judicial, en que no sólo se discuten derechos comerciales, y donde existen adultos mayores, familias, y pequeños emprendedores que están en la misma condición de Agromec. En aras de tapar el sol con un dedo, y evitar que se haga un escrutinio de las actuaciones del proyecto, con una falsa sensación de avance, como se desprende de las aseveraciones vertidas", indicó Rojas mediante una aclaración enviada a este medio.
El representante judicial de la empresa asegura que el ingeniero del Conavi no tiene conocimiento de las leyes y "tiene un claro interés de ocultar las fallas que han sido comprobadas a nivel judicial.
Los terrenos mencionados en la información, se ubican en el sector de La Uruca, donde debe iniciar la circunvalación y otro en la vía a León XIII. Según el Conavi, en ambos casos, la expropiación necesaria es parcial.
"El MOPT para el Proyecto Circunvalación Norte, adoptó una posición de NO indemnizar a los ciudadanos afectados por la expropiación de la carretera -salvo propietarios de terrenos-; esto ameritó a interponer acciones judiciales, y que los propios jueces de expropiaciones impidieran el ingreso del Estado a los terrenos, por lesiones al derecho de propiedad y debido proceso", agrega la información.
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El empresario aseveró que desde agosto del 2018 la Sala Constitucional declaró inconstitucional la posición del ministerio y determinó que se debe garantizar el debido proceso y previa indemnización a todos los ciudadanos afectados por la expropiación.
" Pese a ello, el Estado, guardó silencio, y se mantiene empecinado en su postura, lo que motiva a que los Tribunales frenen nuevamente su proceder, ante el desacato y rectificar la postura acorde a lo ordenado por la Sala Constitucional", indica Rojas.
Además, el empresario comentó que no existe ningún reclamo nuevo, si no que se mantiene abierto el proceso inicial donde el MOPT evita realizar el avalúo comercial necesario para las expropiaciones.
"Es falso que un nuevo reclamo judicial haya paralizado el arranque de los trabajos y que el problema se salga de la logística del Estado. Por el contrario, lo que ha paralizado una vez más la obra, es el mismo problema evidenciado desde antes de interponerse el proceso judicial por el Estado y que se comprobó hace más de un año en el voto 5294-2018 de la Sala Constitucional: la omisión de valorar la afectación de los derechos comerciales de Agromec, como tercera afectada, mediante el correspondiente avalúo administrativo. Sí existe opción: cumplir el mandato constitucional, realizar el avalúo y dejar de achacar los problemas de ineficiencia e impericia de los funcionarios del Estado a los ciudadanos", concluyó.
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