Asamblea Legislativa reemplazó ¢17.730 millones en recortes al presupuesto por deuda cara

La Asamblea Legislativa aprobó esta tarde el tercer proyecto de presupuesto extraordinario que presentó el Gobierno, que inicialmente contenía recortes por ¢328.366,47 millones y finalmente los diputados redujeron en ¢17.730 millones.

Los legisladores revirtieron recortes de ¢14.000 millones para el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), de ¢2.800 millones para las asociaciones comunales de desarrollo y de ¢930 millones para las municipalidades que reciben dineros del impuesto por exportación de banano.

Los montos revertidos ahora deberán ser cubiertos por deuda interna. Es decir, el tipo de deuda más cara que paga el Gobierno (con mayores tasas de interés y peores plazos) en el mercado nacional.

Aprobado en #PrimerDebate el Exp. 22.080, Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el año 2020. Con 48 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. — Asamblea Legislativa (@asambleacr) July 23, 2020

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Además, los diputados devolvieron ¢7.500 millones en recortes a las municipalidades para el mantenimiento de vías comunales, a través de una rebaja al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Este cambio se hizo en etapa de comisión, donde primero se rechazó la modificación y finalmente se concretó, tras un proceso de revisión.

El recorte al Bahnvi se redujo a pesar de que dicha institución acumula más de ¢90.410 millones sin ejecutar en caja única del Estado; mientras que las municipalidades alcanzan hasta ¢67.530 millones.

El Banhvi argumentó que no tenía superávits libres, sino que todos estaban comprometidos en proyectos, y añadió que si se concretaba el recorte total de ¢27.730 millones a la institución no se podrían entregar viviendas a unas 2.707 familias solo este año.

Por su parte, las municipalidades argumentaban que el recorte planteado inicialmente, por ¢34.400 millones, era abusivo; y únicamente aceptaban una rebaja inferior por concepto del impuesto a los combustibles, cuya recaudación caería en unos ¢123.000 millones, según estimó la Contraloría General de la República.

Además de estos cambios, los diputados determinaron que las municipalidades de los cantones productores de banano no debían dejar de percibir ¢930 millones por concepto del impuesto a la exportación de esa fruta, del cual no se espera que haya una reducción, según confirmó el propio ministro de Hacienda, Elián Villegas.

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Por otra parte, los legisladores también revirtieron ¢2.800 millones del rebajo a las asociaciones comunales de desarrollo, pues afirmaron que reducir esa partida implicaría una menor inversión en las comunidades, que además serviría para reactivar la economía.

La votación final del proyecto de presupuesto contó con el visto bueno de 48 de 50 legisladores presentes este jueves en horas de la tarde, durante la sesión del Plenario legislativo. La mayoría de las reversiones en los recortes contó con la objeción de al menos una mayoría de los diputados oficialistas; sin embargo, los acuerdos de la mayoría de los diputados de oposición fueron más fuertes.

El segundo y último debate de la iniciativa se realizará el próximo martes 28 de junio, pues el lunes será feriado.

Otros recursos

Con la aprobación del presupuesto, también quedará en firme la autorización de trasladar ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) para financiar al menos 200.000 subsidios alimentarios a través del bono Proteger. Estos subsidios otorgan depósitos de entre ¢62.500 y ¢125.000 a las personas que perdieron ingresos ante los estragos de la emergencia del Covid-19.

También se redireccionarán para ese fin ¢14.915 millones recaudados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y transferidos a Hacienda, ante el congelamiento en el precio de los combustibles en los primeros dos meses de la reforma legal que permitió esa maniobra.

Además, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) podrá recibir al fin los ¢42.833,8 millones prometidos por el Poder Ejecutivo para resarcir las pérdidas de la institución por la reducción de su base mínima contributiva, para mitigar los efectos de la pandemia, durante los meses de abril, mayo, junio y julio.

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Entre los recortes que sí quedaron tal cual se presentaron, está la reducción por ¢127.735 millones al Ministerio de Educación Pública (ME), de los cual ¢48.000 corresponden al Fondo Especial de Educación Superior (FEES) que financia las universidades públicas.

Además se recortaron partidas en otras 20 instituciones, incluido el Poder Judicial, del que se disminuyeron ¢5.147 millones.

Por último, el Gobierno añadió la previsión de caída en ingresos provocada por los efectos recesivos del SARS-CoV-2 en la economía, que fue estimada en ¢1,165 billones; de los cuales pidió llenar ¢664.000 millones con nuevos permisos de deuda interna, los propios recortes y créditos internacionales aprobados con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD).