Asamblea avanza con proyecto para rebajo de marchamo, pese a criterios negativos de Hacienda

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa aprobaron y dictaminaron una nueva versión del proyecto para reducir el pago del marchamo en este 2020, ante la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Así lo hicieron a pesar de los criterios técnicos del Ministerio de Hacienda, que han reiterado en distintas oportunidades que avanzar con esta iniciativa sería asestar otro duro golpe a las ya de por sí delicadas finanzas públicas del país.

Ahora el proyecto podrá pasar a discusión del Plenario legislativo, donde tendrá que recibir sus últimas modificaciones antes de que sea votado positiva o negativamente por el pleno de los legisladores.

Los diputados que impulsan la iniciativa aseguran que el texto permitiría aliviar los bolsillos de las personas, que ya se han visto seriamente afectados por la emergencia sanitaria. Sin embargo, Hacienda sostiene que levantar el impuesto implicaría aumentar el déficit fiscal del país en un 0,23% del PIB (unos ¢80.000 millones) al reducir los ingresos estatales, que ya han caído en casi ¢1,17 billones este año.

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Inicialmente los diputados habían planteado aplicar una reducción general del 50% sobre todos los vehículos, así como sobre todas las naves, buques, aeronaves y similares. No obstante, hoy corrigieron algunos detalles mínimos del proyecto y aplicaron nuevas distinciones.

En cuanto a los vehículos particulares y de carga liviana, el marchamo se reduciría en un 50% únicamente cuando el valor fiscal del automotor sea menor a ¢20 millones; en un 25% cuando el valor fiscal esté entre los ¢20 millones y los ¢50 millones, y en un 5% de ahí en adelante.

Asimismo, se excluyó de la norma a naves, buques y aeronaves; y en el caso de las motocicletas únicamente se exoneró al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el pago de este 2020.

El proyecto generó intensas discusiones en la comisión de Económicos, en donde diputados oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) buscaron por todos los medios reformar el proyecto ante las advertencias de Hacienda sobre el desequilibrio financiero que implicaría la medida para el Estado.

De hecho, el diputado Luis Ramón Carranza afirmó esta tarde que el proyecto se hizo sin discriminaciones reales, en beneficio propio de los mismos diputados y que carece de responsabilidad con el Estado costarricense y los programas que este financia. "La situación que viven las familias con esta pandemia y el desmejoramiento de la situación económica lo vive el Estado también. Al igual que las familias tiene obligaciones con la salud, con la educación, con la infraestructura; y este proyecto está impactando directamente a la infraestructura pública de este país", señaló.

No obstante, el proyecto finalmente contó con el apoyo mayoritario de la oposición representada en la comisión de Económicos, quienes afirmaron que la medida es razonable en este momento. "Este proyecto tiene el sentido de equilibrar las cargas. Sin duda este año ha sido un año muy complejo para una enorme cantidad de gente, hay muchísimas empresas que han tenido que cerrar sus puertas, que tienen siete meses sin actividad, miles de personas han perdido su empleo y miles de familias han perdido su capacidad y sus ingresos los han visto reducirse sustancialmente, por eso hemos apoyado esta iniciativa", indicó Roberto Thompson, de Liberación Nacional (PLN).

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'Borran' ahorros

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó en entrevista con AmeliaRueda.com que esta nueva exoneración impulsada por los diputados borra otros esfuerzos como la suspensión en el pago de anualidades en el sector público, por un período de dos años, recientemente aprobada. Según dijo, el resultado sería "un empate".

Villegas explicó que la caída en los ingresos por el marchamo sería de ¢80.000 millones y el ahorro por concepto de anualidades de entre ¢85.000 millones y ¢90.000 millones, por lo que el objetivo de apoyar el buen estado de las finanzas públicas con esa segunda medida quedaría borrado si este proyecto es finalmente aprobado.

El ministro también indicó en una carta enviada a los legisladores que este rebajo obligaría al Estado a buscar deuda pública para cubrir el hueco generado en la recaudación del Estado y que aumentará el deterioro financiero del país en las mismas proporciones. "Esta rebaja implicaría una pérdida de 0,23% del PIB en recaudación, lo cual provocará que el déficit fiscal se incremente. Para cubrir este faltante tendríamos que recurrir al mercado interno de financiamiento, con el consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual", concluyó en su carta, con fecha del 3 de septiembre.