Arias acude a Sala IV para alegar que Fiscalía vulneró sus derechos en caso Crucitas

El expresidente Óscar Arias Sánchez acudió a la Sala Constitucional para alegar que la Fiscalía General violentó sus derechos en la acusación del caso conocido como Crucitas, por el cual hay una solicitud para llevarlo a juicio y ser juzgado por el delito de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos).

En un recurso de amparo presentado el 26 de setiembre anterior, contra el el fiscal coordinador de la Unidad Especializada de la Fiscalía General, José Pablo Miranda, el exmandatario le dice a los magistrados que "hubo una abierta violación a los derechos constitucionales y legales" en su contra.

Así consta en el expediente 18-015245-0007-CO, del cual AmeliaRueda.com tiene copia, y que se encuentra en estudio de admisibilidad por parte de los magistrados constitucionales, según confirmó la oficina de prensa de la Sala.

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La acusación contra Arias fue planteada por el fiscal Miranda el pasado 21 de agosto y es parte del expediente 12-000124-0621-PE, el cual se le abrió por haber firmado en el 2008 un decreto de interés público para que la empresa Industrias Infinito pudiera realizar explotación minera en la zona mencionada.

En el recurso contra la Fiscalía, los abogados de Arias argumentaron que a su cliente le violentaron sus derechos por varias razones: una de ellas fue que a la hora de que Arias fue citado a la Fiscalía para declarar se le imputó una supuesta donación por parte de la compañía Infinito Gold a la Fundación Arias para la Paz; sin embargo, en la pieza acusatoria no se atribuyó ese hecho, pero tampoco se pidió el sobreseimiento, por lo que no quedó resuelto ese cargo.

Otro elemento que alegan es que la Fiscalía ofreció en su acusación 16 testigos que no fueron entrevistados, algo que consideran que viola los derechos constitucionales de Arias, pues tiene derecho a defenderse a saber qué dicen los testigos.

Asimismo, reclaman el hecho de que la Fiscalía haya solicitado al Juzgado Penal acumular la acusación de Arias con la del exministro de Ambiente, Roberto Dobles.

Consultado sobre el recurso, Rodolfo Brenes, abogado de Arias dijo: "durante toda la investigación no movieron un dedo para investigar ese tema de la donación. Eso es una acusación jurídica no resuelta, porque la Fiscalía ni acusó ni pidió sobreseimiento. Nosotros no pedimos que la Sala se traiga abajo la acusación, lo que estamos pidiendo es que obligue al Ministerio Público a cumplir con sus deberes".

Medida cautelar

En el recurso de amparo, Arias pide que se vuelvan a hacer los procedimientos que reclama; además, solicitó como medida cautelar que se suspendan las acciones que realiza la Fiscalía.

"Solicitamos que en el auto de curso del amparo se suspenda toda actuación fiscal en el proceso penal, hasta tanto el Ministerio Público no retrotraiga o enderece los procedimientos y subsane las gravísimas violaciones apuntadas", dice el documento.

Firma cuestionada

La causa conocida mediáticamente como Crucitas se encontraba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde el 2014. Sin embargo, tras un nuevo análisis jurídico por la Fiscalía General, se determinó que era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación, por lo que se abrió de nuevo el expediente y se determinó acusar a Arias.

El decreto firmado por el gobierno permitía la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección.

Ecologistas apelaron la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual, el 24 de noviembre del 2010, anuló el contrato entre el país e Industrias Infinito. La sentencia fue ratificada en el 2011 por la Sala I, anulando el decreto de Arias y obligando a la transnacional a indemnizar al país por los perjuicios causados en el ambiente.

En la declaratoria de interés también aparecía la firma del exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, a quien el Tirbunal Penal de Hacienda lo había condenado por prevaricato.

Sin embargo, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Goicoechea, devolvió el caso de Crucitas a fase intermedia, para determinar si el expresidente debía enfrentar querella.

El prevaricato, estipulado en el artículo 350 del Código Penal, es un delito que ocurre cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley. Esta falta es sancionada con penas de entre los dos y seis años de prisión.