Fiscalía resolvió acusar y llevar a juicio al expresidente por haber firmado un decreto de interés público en 2008
Dinia Vargas y Paulo Villalobos
22/08/18 | 18:34pm
El expresidente de la República, Óscar Arias, aseguró que se siente tranquilo y confiado de que resultará inocente de la acusación penal que le planteó la Fiscalía por el delito de prevaricato.
Este 21 de agosto, la Fiscalía General de la República resolvió acusar al exmandatario por haber firmado en el 2008 un decreto de interés público para que la empresa Industrias Infinito pudiera realizar explotación minera en Cutris de San Carlos, Alajuela.
"Me siento muy tranquilo, vamos a demostrar ante los jueces nuestra inocencia...iremos a juicio, estoy representando por dos maravillosos penalistas. Le he servido a este país con total desinterés.", dijo Arias en declaraciones que brindó en las afueras de su vivienda, en Rohrmoser, Pavas.
La causa, conocida mediáticamente como Crucitas, se encontraba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde el 2014, resolución fundamentada en la falta de elementos probatorios. Sin embargo, tras un nuevo análisis jurídico por la Fiscalía General, se determinó que era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación.
Por esa razón, el 8 de noviembre del año anterior la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, citó a Arias para tomarle la declaración. Ese día, al salir de la Fiscalía, el exgobernante dijo que existe mucho desconocimiento sobre el tema de firmar decretos. "Yo firmé 2.800 decretos. Son varios decretos todos los días y uno no puede estar viendo a ver lo que dicen los decretos. Uno confía en los ministros, los ministros confían en sus técnicos confían en departamentos legales, en la asesoría jurídica y tiene que ser así a base de confianza", afirmó.
El decreto ejecutivo firmado por en la segunda administración Arias Sánchez (2006-2010) permitía la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección.
La decisión fue apelada entonces por un grupo de ecologistas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual, el 24 de noviembre del 2010, anuló el contrato entre el país e Industrias Infinito. La sentencia fue ratificada en el 2011 por la Sala Primera, anulando el decreto de Arias y obligando a la transnacional a indemnizar al país por los perjuicios causados en el ambiente.
La declaratoria de interés también contenía la firma del exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora, a quien el Tribunal Penal de Hacienda lo había condenado por prevaricato. No obstante, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Goicoechea, devolvió el caso de Crucitas a fase intermedia, para determinar si el expresidente debía enfrentar querella.
El prevaricato, estipulado en el artículo 350 del Código Penal, es un delito que ocurre cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley. Esta falta es sancionada con penas de entre los dos y seis años de prisión.
Fotografía: AFP.
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