Aprobado de forma definitiva presupuesto extraordinario con recursos para la CCSS y bonos Proteger

Partidas por ¢89.915 millones para subsidios alimentarios del bono Proteger y de ¢42.833,8 millones para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fueron aprobadas por el Congreso este martes 28 de julio, de forma definitiva, como parte del presupuesto extraordinario contenido en el expediente 22.080.

Los subsidios del bono Proteger —que otorgan entre ¢62.500 y ¢125.000 a las personas cuyos ingresos disminuyeron por la pandemia del Covid-19— se han seguido otorgando; sin embargo, los depósitos se pausaron desde junio porque no existía autorización presupuestaria para la gestión y la entrega de más recursos.

Específicamente, se incluyeron ¢75.000 millones provenientes del Instituto Nacional de Seguros (INS) y ¢14.915 millones por el congelamiento en el precio de las gasolinas súper y regular.

En el caso de la CCSS, los dineros buscan devolverle a la institución los dineros que dejó de percibir en los meses de abril, mayo, junio y julio por las disminuciones aplicadas en la base mínima contributiva, el aporte patronal que se redujo para aliviar las cargas de las empresas y permitir que se tramitaran sus reducciones de jornadas en lugar de mayores despidos.

Ambos recursos ya habían intentado agregarse en una propuesta de presupuesto extraordinario anterior; sin embargo, aquella iniciativa fue rechazada por los diputados de oposición del Congreso, que pidieron mayores rebajas en las partidas del gasto.

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El proyecto ahora aprobado entonces incluyó recortes al gasto por ¢310.636 millones. Inicialmente esa cifra era ¢17.730 millones mayor; sin embargo, los mismos diputados decidieron revertir tres disminuciones de las propuestas y cambiarlas por deuda interna (la más cara en materia de intereses y plazos).

Las reversiones realizadas devolvieron ¢14.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), ¢2.800 millones a las asociaciones comunales de desarrollo y ¢930 millones a las municipalidades que reciben dineros del impuesto por exportación de banano.

De ellas, solo la última fue respaldada por el Poder Ejecutivo, pues afirmó que la recaudación de dicho gravamen no se había visto disminuida por la situación de emergencia.

Las otras dos fueron aprobadas con votación de 37 contra 12 legisladores: siete del PAC (Nielsen Pérez, Víctor Morales, Paola Vega, Enrique Sánchez, Laura Guido y Catalina Montero), tres del PLN (Yorleny León, Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado), y una del PUSC (María Inés Solís).

Los diputados también revirtieron parte del recorte a las municipalidades para la atención de vías cantonales en ¢7.500 millones; sin embargo, en ese caso no aumentaron el gasto, sino que hicieron un traslado de recursos que inicialmente pertenecían al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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Sí quedaron tal cual se presentaron recortes más fuertes, incluidos los ¢127.735 millones que se redujeron al Ministerio de Educación Pública (MEP), incluidos ¢48.000 millones del Fondo Especial de Educación Superior (FEES). También quedaron bien definidos recortes en otras 20 instituciones, incluido el Poder Judicial, del que se disminuyeron ¢5.147 millones.

El presupuesto se aprobó con el visto bueno de 49 diputados. Ahora, el Ejecutivo tiene la autorización para efectuar las modificaciones formalmente.

El proyecto también incluye ¢3.000 millones en recursos para las pensiones del régimen no contributivo de la CCSS, que financia a personas en condiciones de vulnerabilidad especial, como adultos mayores, huérfanos, personas con discapacidad e indigentes.

Duro golpe económico

El presupuesto extraordinario también incluyó la caída en los ingresos estatales, prevista en ¢1,165 billones. De ellos, ¢1,156 billones corresponden a una reducción en impuestos, ante las condiciones de recesión que se prevén este año.

Además, se pide el permiso para colocar ¢664.000 millones más de deuda interna para sustituir la parte de esa caída que no se ha podido reemplazar con recortes al gasto o con créditos internacionales.

En esa línea, se suman recursos del crédito conjunto aprobado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD), por ¢217.342 millones.

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No obstante, también se incluye una rebaja de ¢50.000 millones en el pago de intereses, ante la inclusión de los empréstitos con organismos multilaterales que representan menores costos que la deuda que se adquiere en los mercados nacionales.