Aprobada en primer debate reforma que obliga a instituciones a gestionar compras a través del Sicop

La Asamblea Legislativa aprobó este 20 de abril en primer debate un proyecto de ley que plantea una reforma a la Ley General de Contratación Administrativa, la cual incluye una obligación para que todas las instituciones gestionen sus licitaciones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

En total, los 42 diputados presentes en la sesión votaron en favor de la propuesta, presentada el 8 de agosto de 2019 por la Contraloría General de la República (CGR) y varias de las fracciones del Congreso.

La propuesta avalada plantea cambios desde el título, puesto que pasará a llamarse "Ley General de Contratación Pública".

El plan incluye un capítulo completo que regula que toda la actividad de este tipo deberá realizarse por medio de un sistema digital unificado y establece que la utilización de cualquier otro medio para la promoción de procedimientos acarreará su nulidad absoluta, con excepciones que deberán acreditarse ante una nueva Dirección de Contratación Pública, adscrita al Ministerio de Hacienda.

Dicha plataforma será única y será administrada por el despacho mencionado, al tiempo que deberá componerse de esquemas de interoperabilidad que garanticen su conexión con sistemas internos y externos de las entidades que lo utilicen, a fin de automatizar la validación de requisitos, comprobación de presupuestos, el acceso a consultas y generación de información.

El sistema deberá disponer de un repositorio de datos abiertos para ser consultados por la ciudadanía o quien lo requiera.

Además, se instaura un registro oficial de proveedores dentro de la plataforma.

La congresista Ana Lucía Delgado Orozco, una de las impulsoras de la iniciativa, destacó que la adaptación de ese sistema maximizará la transparencia en los ciclos de contratación y permitirá un ahorro de ¢540.000 millones, equivalentes a un 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB).

En un comunicado, la parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) citó un informe de la Organización Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que detalla: "La contratación electrónica y las compras centralizadas son herramientas valiosas para mejorar la eficiencia del gasto público",

Delgado Orozco destacó: "Estamos en presencia de una verdadera reforma de Estado que tendrá profundas implicaciones tanto para la dinámica institucional como para la calidad de vida de todas las personas, potenciando y mejorando sustancialmente el funcionamiento de la institucionalidad costarricense para los años venideros".

La propuesta contempla además la simplificación y agilización -a través de plazos más cortos- de trámites para la gestión de compras públicas mediante tres tipos de procedimientos ordinarios:

• Licitación mayor: contrataciones de bienes y servicios cuya estimación supere los ¢238.223.960, así como contrataciones de obra pública con montos superiores a ¢641.372.200.
• Licitación menor: contrataciones de bienes y servicios cuya estimación sea menor a los ¢238.223.960 pero mayor a los ¢59.555.990, así como contrataciones de obra pública con montos inferiores a ¢641.372.200, pero mayores a ¢160.343.050.
• Licitación reducida: contrataciones de bienes y servicios cuya estimación sea menor a los ¢59.555.990, así como contrataciones de obra pública con montos inferiores a ¢160.343.050.

A estos se suma un régimen diferenciado para las empresas públicas no financieras nacionales, empresas públicas no financieras municipales, las instituciones públicas financieras bancarias y las instituciones públicas financieras no bancarias, enlistadas en el Clasificador Institucional del Sector Público que emite el Ministerio de Hacienda:

• Licitación mayor: contrataciones de bienes y servicios cuya estimación supere los ¢285.868.752, así como contrataciones de obra pública con montos superiores a ¢1.026.195.520.
• Licitación menor: contrataciones de bienes y servicios cuya estimación sea menor a los ¢285.868.752 pero mayor a los ¢71.467.188, así como contrataciones de obra pública con montos inferiores a ¢1.026.195.520, pero mayores a ¢256.548.880.
• Licitación reducida: contrataciones de bienes y servicios cuya estimación sea menor a los ¢71.467.188, así como contrataciones de obra pública con montos inferiores a ¢256.548.880.

Todos esos umbrales serán actualizados por la Contraloría General la segunda quincena de diciembre de cada año, al utilizar el monto de las unidades de desarrollo establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), y entrarán a regir del 1° de enero al 31 de diciembre del año siguiente de su publicación.

Los topes también podrán ser modificados por resolución motivado en casos extraordinarios relacionados a las condiciones macroeconómicas del país o al comportamiento de las compras públicas.

A lo anterior se suma una reducción sustancial de las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación, a efectos de obviar el uso de procedimientos de contratación potenciando con esto la competencia

También, el texto se propone optimizar el régimen recursivo para brindar mayor eficiencia y seguridad jurídica a los operadores, así como la incorporación de una resolución de controversias de ejecución a través de un comité de expertos en la tramitación de un procedimiento, sin que este suponga una suspensión del mismo.

Otro punto tiene que ver con la regulación de las "impugnaciones temerarias", que apunta a sancionar los recursos que se planten carentes de fundamente y en los que se evidencie que tienen una clara intención de retrasar los procesos de contratación pública.

A su vez se crea una Autoridad de Contratación Pública, la cual será presidida por el ministro de Hacienda y conformada por los jerarcas de Planificación Nacional y Política Económica así como de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.