Aplicar estándares internacionales en elección de magistrados, piden abogados ante proceso de CIDH

La aplicación de estándares internacionales en la elección de magistrados solicitan abogados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el pasado 9 de agosto pidiera que se ordene al Estado costarricense la reforma de su sistema para elegir a los máximos responsables del Poder Judicial.

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El presidente del Tribunal Agrario, Enrique Napoleón, uno de los que presentó esta petitoria ante la CIDH, explicó que en varias ocasiones ha postulado su nombre para ser magistrado; sin embargo, ha sido descartado debido a la omisión de un requisito no esencial, mientras que a los demás les ha faltado uno o más, ante esta situación presentó un recurso de amparo.

"Se supone que un amparo es un un procedimiento expedito que debe garantizar la tutela interna para que no se produzcan este tipo de violaciones de derechos humanos. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico y modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del estado de derecho y sea acorde a los estándares internacionales", dijo Napoleón en el programa Nuestra Voz.

Precisamente, la CIDH dio un plazo de tres meses a Costa Rica para dar respuesta a la petición y notificó al país por "la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento e magistraturas en la Corte Suprema de Justicia", reza un comunicado.

Coincidentemente, la consultora internacional, Marcia Aguiluz, explicó que tras este comunicado de la CIDH, lo que se espera es que haya una decisión inicialmente de la Comisión y eventualmente de ser el caso de La Corte, "en la que se ordena Costa Rica que tiene que hacer reformas para que los procesos de elección de magistraturas realmente cumplan con los estándares internacionales".

"Ya nos decía don Enrique que además de esta exclusión que sufrió, este tipo de procesos ya se viene denunciando por diversos actores y tienen otros problemas como lo son los criterios que utilizan los señores diputados y diputadas para elegir a las personas valiosas como Enrique y como otras personas que no quieren someter sus nombres porque básicamente se someten a algo que no saben que va a ser verdad", señaló.

Más denuncias

Aguiluz detalló que, además del caso de Napoleón, existen otras ocho personas que están presentando esta petición; dos que también participaron en los concursos y que no recibieron un trato igualitario a la hora de postular sus nombres, así como son ciudadanos preocupados por lo que ha estado pasando en el país y que en su momento pidieron a la Sala Constitucional que analizara estas metodologías.

La Asamblea Legislativa es la que tiene la potestad constitucional de nombrar a quienes se postulen siempre que cumplan con los requisitos constitucionales.

En ese contexto, la consultora internacional dijo que la conclusión para estas personas es que no hay lugar a dónde acudir en el país para proteger los derechos. "Recordemos nuevamente que lo que se pide es contar con tribunales independientes e imparciales, y para tenerlos hay que estar basados en criterios objetivos, transparentes y que que respeten la igualdad y la no discriminación".

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Finalmente, Aguiluz señaló que ante esta situación de "imparcialidad y discriminación" de personas para postularse, se tuvo que acudir a la CIDH.

"Si el Congreso tuviese la voluntad política de hacer cambios, seguramente esta petición no tendría que avanzar. Ojalá exista esa voluntad como la que vimos para hacer las votaciones públicas", concluyó.

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