Por aparente trama para agilizar pensiones de 29 personas, Fiscalía allana CCSS y Banco Popular

En el marco de la investigación de una aparente trama para agilizar la entrega de pensiones de al menos 29 personas, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó 18 allanamientos la mañana de este lunes y detuvo a ocho personas presuntamente implicadas en los actos.

Los allanamientos tuvieron lugar en oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Banco Popular y varias casas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Guadalupe, Puntarenas y Desamparados, según un comunicado del Ministerio Público.

Las ocho personas detenidas son de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.

La Fiscalía hizo estas diligencias para buscar prueba digital y física del caso, que nació tras una denuncia enviada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre un extrabajador de una empresa que aparentemente indicó a algunas personas que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar pensiones.

Los hechos habrían tenido lugar entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, cuando 29 empleados de distintas empresas habrían recibido por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS una certificación con declaraciones falsas que les acreditaban como pensionados por invalidez, según la Fiscalía.

En principio, con ese documento esas personas lograron que la Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular les permitiera retirar el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) de forma anticipada, pese a que presuntamente no debían haberlo obtenido en ese momento.

La CCSS informó este lunes de que colabora con las autoridades en el caso. "De acuerdo con lo que la institución ha conocido se trataría de investigaciones contra algunos funcionarios y con relación a hechos de años anteriores y que involucran a otras instituciones y procesos adicionales a la CCSS", dijo.

El caso se investiga bajo el expediente 20-024657-0042-PE por los supuestos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsificación de documento, uso de documento falso y falsedad ideológica.

Nota del editor: Inicialmente la Fiscalía indicó que el Banco de Costa Rica también fue allanado; sin embargo, a las 5:26 p.m. de este 8 de mayo envió una aclaración en la cual comunicó que ese sitio no fue allanado, a pesar de que “dentro de las acciones operativas desplegadas esta mañana, se contaba con autorización jurisdiccional para allanar tanto la casa como la oficina de uno de los imputados, quien actualmente trabaja en el Banco de Costa Rica”.