Proyecto para extender reducción de jornadas laborales por pandemia será convocado por Gobierno

El proyecto que pretende extender hasta por seis meses adicionales la reducción de jornadas laborales de trabajadores, en empresas cuyos ingresos se vieron reducidos por la pandemia del nuevo coronavirus, entrará en la convocatoria de Gobierno en los próximos días.

Así lo afirmó la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, en conferencia de prensa.

El proyecto pretende extender de dos a cuatro períodos de tres meses adicionales la aplicación de la norma, que permite reducir las jornadas hasta en un 75% cuando la caída en los ingresos de una empresa supere el 60% en comparación con el mes anterior a la situación de emergencia provocador de su declaratoria: en el caso del Covid-19, febrero.

Lea: Plan para ampliar por seis meses reducción de jornadas laborales recibe trámite rápido en Congreso

La ministra Dinarte señaló que el proyecto se convocará bajo el entendido de que su aplicación no será generalizada, sino únicamente en aquellas empresas que puedan constatar sus caídas en materia de ingresos.

Asimismo, subrayó que la intención continúa siendo que para empresas en condiciones financieras disminuidas sea más rentable mantener a sus empleados, aunque sea en condiciones disminuidas, que despedirlos de manera definitiva.

"Esperamos convocarlo en la próxima convocatoria que se hará desde el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias (en las que el Gobierno tiene control de la agenda legislativa). Como hemos dicho, desde el Ministerio de Trabajo entendemos la situación que están experimentando no solo las empresas y los patronos sino también las personas trabajadoras, y las decisiones que hemos tomado con respecto a la aplicación de estas medidas se han hecho con el afán de proteger el empleo, de tal manera que no se traduzca en despidos o suspensiones totales de contratos".

"Esto lo que nos permite es que las personas puedan mantener su empleo mientras las empresas logran recuperar su actividad económica y garantizar que la persona mantenga un ingreso", subrayó.

El proyecto para ampliar las reducciones lo presentó desde hace varias semanas la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís. Posteriormente, el 10 de noviembre pasado, 43 legisladores aprobaron darle "dispensa de trámites"; es decir, un trámite mucho más abreviado sin que tenga que pasar por comisión.

Las reducciones de jornadas; sin embargo, se crearon como parte de la legislación nacional en marzo pasado, por iniciativa del Poder Ejecutivo, como una forma de aliviar el flujo de caja del sector empresarial costarricense, ante las restricciones inminentes por la emergencia del SARS-CoV-2.

Lea: COVID-19: Congreso aprueba posibilidad de reducir jornadas laborales por "emergencia nacional"

Garantizar cumplimiento

La jerarca de Trabajo señaló que el proyecto también implicará esfuerzos para verificar el cumplimiento a cabalidad de la norma.

La ley establece que la reducción de jornadas podrá aplicarse hasta en un 50% cuando exista una disminución de al menos un 20% en los ingresos mensuales del empleador; o bien, hasta un 75% cuando la caída en los ingresos del patrono alcance o supere el 60%.

Para verificar estas condiciones, la ley aprobada en marzo indicó que el patrón tendría que aportar al Ministerio de Trabajo —como encargado de autorizar el movimiento— "declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa y autenticada por un abogado, o por una certificación de contador público autorizado, que podrán ser remitidas digitalmente".

Asimismo, la ley permite que el Ministerio de Trabajo revise la información cuando corresponda.

Dinarte aseguró que impulsarán la iniciativa, aunque reconoció que preferiría alcanzar primero algunos acuerdos, de modo que la extensión se haga solo por tres meses y no seis inicialmente, y que se agreguen algunos controles adicionales para garantizar que la norma se use solo en condiciones estrictamente necesarias.

"Apelando al buen uso de las medidas, por supuesto que nos interesa que el proyecto pueda avanzar en la corriente legislativa, entendiendo que no estamos hablando de una medida masiva sino específica, que se busca por un período que nosotros planteamos de solo un período más y no varios (el texto de Solís propone dos) porque la recuperación va llegando poco a poco, dependiendo de los sectores", concluyó.

Hasta este 27 de noviembre, el Ministerio de Trabajo contabilizaba la autorización de 69.613 suspensiones contractuales y de 146.159 reducciones de jornadas laborales para empleados en todo el país, desde marzo pasado. Asimismo, cuantificaba 37.705 solicitudes de prórrogas para suspensiones y de 83.004 para reducciones salariales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantificó que el país sufre de un 25,8%. En otras palabras, 2,5 de cada 10 personas con trabajo labora menos de 48 horas semanales y quisiera trabajar más tiempo del que lo hace, pero no puede.

Lea: Sin trabajo en la pandemia: 360.000 desempleados salieron a buscar trabajo en los últimos tres meses