Plan para ampliar por seis meses reducción de jornadas laborales recibe trámite rápido en Congreso

Un proyecto que pretende ampliar el plazo para reducir las jornadas laborales de trabajadores en medio de una emergencia nacional recibirá un trámite expedito en el Congreso.

43 de 46 legisladores presentes aprobaron dar dispensa de trámite al texto de ley que fue presentado por los diputados María Inés Solís, Rodolfo Peña, Aracelly Salas, Óscar Cascante, Shirley Díaz y Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Es decir, el proyecto se tramitaría directamente en el Plenario legislativo, sin tener que pasar por el tamiz de ninguna comisión, ni audiencias presenciales con sectores involucrados.

La ley que permitió reducir las jornadas laborales de trabajadores que se aprobó desde marzo se planteó como una solución para evitar despidos masivos, ante la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

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En aquel momento se planteó que las empresas con una caída de al menos un 20% en sus ingresos brutos, producto de alguna situación de emergencia nacional, podrían aplicar suspensiones contractuales o reducir hasta en un 50% la jornada laboral de sus trabajadores por tres meses, los cuales serían prorrogables por dos períodos iguales.

El proyecto que ahora se tramita busca modificar esa última indicación, de modo que se pueda extender por otros seis meses adicionales (cuatro períodos).

En su exposición de motivos, los diputados socialcristianos afirman que los plazos propuestos inicialmente vencerían mayoritariamente para el sector empresarial en diciembre de este año, cuando se cumplirían los nueve meses autorizados.

Por eso, sugieren que es necesario ampliar la medida, de modo que las empresas que puedan continuar demostrando una afectación no opten por despedir personal sino por las reducciones contractuales.

"Preocupa que muchos trabajadores que actualmente tienen en algún porcentaje sus ingresos reducidos podrán quedarse sin la posibilidad de continuar recibiéndolos, ya que la crisis económica que vive nuestro país indica que cada día son más las actividades económicas que se encuentran afectadas y las empresas que podrían cerrar del todo operaciones amenaza con aumentar aún más los niveles de desempleo en el país".

"Por esa razón, es que el objetivo principal de la presente iniciativa es ampliar el plazo ya establecido hasta por dos periodos más de tres meses cada uno, para completar en total, la posibilidad de que se mantengan trabajares con jornadas reducidas hasta por quince meses, contados a partir de la aprobación de la Ley N° 9832, siempre que se mantengan los efectos del suceso provocador, es decir, la pandemia provocada por el COVID-19 y se acredite la persona empleadora ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", afirmaron.

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Molestia de opositores

En la votación únicamente se manifestaron en contra los diputados Welmer Ramos y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta, del Frente Amplio (FA); quienes alegaron que una decisión de ese alcance tendría que platearse más bien un análisis mucho más reposado que el de una dispensa de trámite.

El frenteamplista Villalta alegó que las comisiones son el principal espacio de análisis de iniciativas, y que votar una dispensa era cerrar la puerta para escuchar a los sectores que se ven más afectados por la medida. "Cómo quieren extenderlo sin escuchar a las sectores decir cuál fue su impacto, si se aplicó bien, si se aplicó con justicia", cuestionó.

Villalta también señaló que cuando se planteó la medida se extendieron bonos 'Proteger' para aliviar el impacto de las reducciones, pero que ahora ni siquiera se está ampliando esa ayuda.

La legisladora Vega, por su parte, incluso criticó al Ministerio de Trabajo de su propio gobierno, al que recriminó por impulsar la medida sin presentar informes sobre las suspensiones pasadas.

"Quiero preguntar si tenemos constancia de algún informe del MTSS, ya que la ministra está pidiendo caminar con este proyecto, de cómo avanzó esto, del trabajo de la Inspección Laboral, cuántos permisos se aplicaron, cuáles ya no aplicarían y cuáles son las excepciones de la norma, cómo podemos mejorarla... porque eso no se va a poder hacer aquí en Plenario, sin audiencias ni oportunidades. Es una barbaridad que la Asamblea se tome esto tan a la ligera, pero todavía mayor que el Ministerio de Trabajo no esté haciendo lo que le corresponde",

"En este caso la Asamblea Legislativa ni siquiera ha valorado si estas medidas tomadas fueron efectivas, si hubo un balance entre las pérdidas y las ganancias, si la parte más vulnerable salió muy afectada o no, si las empresas han comenzado a recuperarse de la crisis... y todo esto solo lo podríamos ver en comisión, con las audiencias respectivas, con las solicitud de información necesaria, y no en este Plenario en unos minutos", puntualizó.

Hasta este 6 de noviembre, el Ministerio de Trabajo contabilizaba la autorización de 68.469 suspensiones contractuales y de 144.294 reducciones de jornadas laborales para empleados en todo el país, desde marzo pasado. Asimismo, cuantificaba 36.322 solicitudes de prórrogas para suspensiones y de 81..031 para reducciones salariales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantificó que el país sufre de un 25,8%. En otras palabras, 2,5 de cada 10 personas con trabajo labora menos de 48 horas semanales y quisiera trabajar más tiempo del que lo hace, pero no puede.

#Infografía Estos son los principales efectos que ha tenido la pandemia en el empleo en Costa Rica. pic.twitter.com/MS0drWxxrz

— ameliarueda (@ameliarueda) November 6, 2020