El mandatario dijo que el ministro de Comunicación y la embajadora de Costa Rica en España tendrán que “rendir cuentas y explicaciones”
03/08/21 | 17:54pm
“Me sorprende. No tanto sorprende, como me molesta y me genera inquietud. ¿Por qué? Porque habemos gente de buena fe que estamos abiertos a la ciudadanía para hacer el trabajo, para recibir personas, para ver problemas y para resolver. Hay personas que buscan de buena fe, que buscan abrir esos espacios, y hay personas con otros intereses que buscan otros espacios. ¿Cómo determinar cuando uno está atendiendo a la ciudadanía bien o cuándo termina siendo una manipulación? En este caso, con temas vinculados al lavado, la legitimación de capitales o incluso el narcotráfico. Es, como dice uno popularmente, muy fregado”.
De esa manera, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, reflexionó a las dos visitas a la Casa Presidencial que hizo Luis Guillermo Cartín Herrera, un hombre fallecido el 6 de mayo pasado a quien el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asocia a una banda dedicada al tráfico de cocaína a Europa. Dichos ingresos se dieron el 12 de octubre de 2017, al despacho de la entonces vicepresidenta y actual embajadora de Costa Rica en España, Ana Helena Chacón Echeverría; así como el 31 de julio de 2018, a la oficina del viceministro de Asuntos Legislativos de ese momento y vigente ministro de Comunicación, Agustín Castro Solano.
“Lo más seguro para uno, si uno quisiera verlo desde el punto de vista de un gobernante, es no recibir a nadie. ¿Pero eso lo haría a uno un mejor presidente? Lo más seguro que uno puede hacer es ser muy riguroso y hacer un escrutinio de quién se recibe. Pero igual, si no se levante una alerta, ¿que hace uno?
“En este caso se hizo, pero no había una alerta en ese momento sobre esos individuos particulares. La alerta se levanta una vez que sale el caso y la investigación, porque no todo lo que está investigando la Policía Judicial en esos mismos temas se consigna como una alerta. Por eso frente a esa molestia y esa inquietud, ¿que queda? La tranquilidad de uno de que uno no va a hacer o no se va a prestar para algo irregular”, afirmó el mandatario la tarde de este martes al atender a la prensa en el parqueo del City Mall de Alajuela, tras una visita a un vacunatorio ahí habilitado.
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Cuando se le pidió una consideración sobre las visitas a Zapote de Cartín Herrera, Alvarado Quesada señaló: “Tiene que irse, como las demás personas que han ido a la comisión (especial de la Asamblea Legislativa que persigue la infiltración del narcotráfico en la política), a rendir las cuentas y explicaciones y que ahí se le puedan hacer los planteamientos. Para eso casualmente están las comisiones, para investigar eso a fondo”.
Añadió: “Ahora, ¿qué es lo que yo veo y cuál es el modus operandi recurrente? Que se busca a una persona tercera que es la que pide la cita de parte de otra persona. Y eso pasa para este tema y para muchas cosas. Hay que ver, por ejemplo, que las solicitudes de visita son enormes, extensas, y de muchos medios, desde diputados hasta equis. Y uno tiene que procurar ser selectivo. Hay que ver también, por lo menos en lo que consta en mi administración, ahí no había reportada particularmente una alerta sobre esto. Cuando hay una persona que tiene una alerta, pues no se da la cita pero eso es parte del trabajo que hace la agencia (Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional - DIS)”.
El gobernante aseguró que tras la revelación del caso, el 25 de mayo pasado con la desarticulación del grupo al que en apariencia Cartín Herrera pertenecía, la sede del Poder Ejecutivo dio inicio a investigaciones que -dijo- condujeron a las bitácoras que muestran los ingresos.
De hecho, la Casa Presidencial descartó el 4 de junio pasado ante consulta de AmeliaRueda.com que se hubiese presentado alguna visita de Cartín Herrera u otros sospechosos como Alejandro Cartín Ramírez, Robert Soto Rivera o Fernando Cartín Ceba. Estas personas -con excepción de la última- registran ingresos a la Asamblea Legislativa en los últimos dos periodos constitucionales (2014-2018 y 2018-2022), de acuerdo con las bitácoras de la Unidad de Seguridad y Vigilancia del Congreso.
“Los ingresos son del año 2016 (sic.) y 2018, ¿es así? ¿En ese tiempo se tenía la alerta? Si no se tiene la alerta y no se tiene la información, en retrospectiva es fácil decir que hubo un error, pero si en ese momento no estaba el elemento… pero yo vuelvo al mismo tema: ¿cuál es tranquilidad que a mí me queda en esto? Que uno y la gente decente no se presta para cosas que no vayan con las normas ética y todo eso. Y esa es la ética que también nos defiende, no tanto de quien quiere entrar para hacer algo malo, sino que quienes estamos ahí adentro (en Casa Presidencial), no estamos para esas cosas”, respondió cuando se le preguntó si la Dirección de Inteligencia falló en sus controles al permitir los ingresos de Cartín Herrera a Casa Presidencial.
El Organismo de Investigación Judicial decomisó ¢1.514 millones en efectivo durante los 40 allanamientos realizados el 25 de mayo, para lograr la desarticulación de la banda a la que se cree pertenecían Cartín Herrera, Cartín Ramírez y Soto Rivera. Al grupo además le fueron decomisados 14 vehículos -uno de ellos tipo mula- y una motocicleta, nueve armas de fuego de diferentes tipos y calibres, los cuales no fueron precisados.
La banda desintegrada adquirió este año un motel en el Barrio San José de Alajuela, mansiones en Escazú, así como otras propiedades y autos de lujos producto de las ganancias por la venta de la droga y lavado de dinero. También era dueña un complejo turístico llamado Beitos Place, en Limón, y una propiedad de 10 hectáreas de terreno en Santa Bárbara de Heredia.
Así lo señaló el director del Organismo de Investigación, Walter Espinoza Espinoza, al brindar detalles sobre el operativo llevado acabo este 25 de mayo para desarticular a la organización, en la cual figura como líder un sujeto de apellidos James Wilson, conocido como Turesqui y a quien le seguían los pasos desde hace tres años. Él fue detenido en una vivienda en El Carmen de Escazú.
En las diligencias desarrolladas se detuvieron en total 22 personas. También se pretendía hacer la anotación -es decir, hacer constar en el Registro Nacional la existencia de un proceso penal relacionado- de 40 fincas y la incautación de 40 vehículos, algunos de lujo, como el del cabecilla, valorado en $385.000.
Según Espinoza Espinoza, esta organización se caracterizaba por comercializar de manera directa la cocaína que trasiega, sin intermediarios, toda vez que envió emisarios para trasegar la droga desde Colombia hasta Costa Rica y luego Europa. Esto le permitía al grupo obtener más ganancias.
Para adquirir los bienes e inmuebles utilizaron una gran cantidad de testaferros que prestaron sus nombres para que fueran inscritos a nombres suyos y luego trasladados a sociedades anónimas.
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