Alvarado y Cruickshank anuncian "nuevo mecanismo" tras suspensión de diálogo multisectorial

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith, anunciaron la tarde de este 15 de octubre la construcción de un "nuevo mecanismo", luego del fracaso de la mesa de diálogo nacional y multisectorial, suspendida por falta de convocatoria dos días antes de su sesión inaugural.

Mediante una declaración conjunta, titulada "El diálogo va", los presidentes del Ejecutivo y Legislativo se comprometieron a trabajar "en las próximas horas y días de manera multisectorial para alcanzar la mejor fórmula que permita concretar el diálogo".

La nota fue circulada por la Casa Presidencial momentos después de que el director del Programa Estado de la Nación (PEN), Jorge Vargas Cullel, diera a conocer que solo 12 de 25 sectores convocados al diálogo impulsado por Alvarado habían confirmado su participación a este 15 de octubre, cuando vencía el plazo para dar una respuesta. Del total, 4 declinaron la invitación, 2 pidieron tiempo adicional para elegir a sus representantes y 7 no dieron respuesta.

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Aún así, el comunicado establece: "Empresariado, mujeres, municipalistas, cooperativistas, estudiantes, iglesias y solidaristas expresaron su voluntad de sumarse al proceso. Sin embargo, el mecanismo inicial propuesto por el Programa Estado de la Nación establecía unos criterios que al no cumplirse a este punto, no hacía posible dar inicio al proceso".

Es en este punto que Alvarado y Cruickshank señalan la necesidad de preparar una nueva metodología. En la declaración no se detalla cómo será esta ni quien la elaborará.

Los presidentes del Ejecutivo y del Legislativa subrayaron en que "el diálogo es la vía costarricense, el mecanismo por el cual hemos construido los grandes acuerdos que nos caracterizan como democracia" y reconocieron "la voluntad expresada por una gran mayoría de sectores y organizaciones costarricenses que se han comprometido con la participación en la mesa de diálogo", al tiempo que indicaron que su convocatoria sigue abierta "porque Costa Rica necesita dialogar para resolver la emergencia fiscal".

De acuerdo con Vargas, quien funge como facilitador del proceso, Alvarado y Cruickshank indicaron en los términos de la convocatoria que a esta debían acudir los 25 sectores elegidos, desde el 17 de octubre y hasta por un mes, cuando se esperaba se tuvieran definidos los acuerdos con los que se buscaría superar el desequilibrio fiscal que vive el país.

El diálogo va. pic.twitter.com/ifAfhcB7Xp

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) October 15, 2020

Pero la Unión Costarricense de Cámaras Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), por mencionar ejemplos, declinaron al llamado.

El presidente de la primera de las organizaciones, José Álvaro Jenkins Rodríguez, argumentó la negativa por considerar que la empresa privada debía tener mayor representación en la mesa.

"Reiteramos nuestra inquietud en cuanto a la proporción desequilibrada de la mesa que impulsa el Gobierno, la cual no garantiza la representación de todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de una solución consensuada para el país", dijo Jenkins, quien dijo estar "en pro del diálogo".

Las negociaciones multisectoriales se idearon con la intención de establecer un acuerdo que permita mejorar la crítica situación de las finanzas públicas.

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El Gobierno de la República estima un déficit fiscal del 9,3% de la producción en 2020; es decir, augura una relación negativa entre gastos e ingresos de ¢3,1 billones.

Costa Rica ya esperaba un déficit importante este 2020, incluso antes del estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus. Sin embargo, la crisis se profundizó con la llegada de la pandemia, que redujo los ingresos estatales en poco menos de ¢1,17 billones (estimado hasta el momento) y aumentó los gastos extraordinarios en montos que crecen día a día.

Para estabilizar las finanzas públicas, el Ejecutivo impulsa un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones, que se mantiene en pausa ante el rechazo del Congreso y las manifestaciones en las calles que provocó su anuncio.