Allanan Movistar por aparente defraudación de más de ¢1.250 millones

Las oficinas de Movistar en Costa Rica, situadas en el centro corporativo El Cedral en Escazú, fueron allanadas la mañana de este martes por aparente defraudación de tributos por más de ¢1.250 millones.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Control Fiscal (PCF), fiscales especializados en delitos económicos del Ministerio Público y agentes de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes a las 8:10 a.m. ingresaron a la sede central de la compañía de telecomunicaciones.

Otros de los puntos allanados son el bufete Zurcher Odio & Raven, situado en Plaza Roble, también en Escazú, la filial Tejisa y la empresa de asesoría fiscal KPMG.

Movistar es una de las compañías que figura en la lista de grandes contribuyentes que reportaron cero utilidades o pérdidas, dada a conocer por el Ministerio de Hacienda el 5 de diciembre anterior, a raíz de una orden de la Sala Constitucional.

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Nueve días después, la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Tributación (DGT) de la entidad presentó una denuncia penal contra Telefónica de Costa Rica TC S.A y Telefónica Gestión de Infraestructura y Sistemas de Costa Rica S.A (TGISSA).

En ella se señala que ambas empresas realizaron maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición el 1 de diciembre de 2016 de la filial TGISSA, para efectuar la aparente venta de los activos principales de Telefónica, con la única finalidad de realizar un pago menor del impuesto sobre las utilidades del periodo fiscal 2017.

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Lo anterior luego de las dos compañías suscribieran un contrato de compreventa financiada de activos el 9 de diciembre de 2017, mediante el cual, Telefónica otorgaba el préstamo a TGISSA, constituida con capital de ¢12.000 y sin capacidad o solvencia económica de comprar los bienes.

Asimismo, a raíz de una fiscalización se determinó que Telefónica no dejó de ejercer sus derechos de titularidad sobre los activos en cuestión, o sea, que no salieron de su custodia, toda vez que eran esenciales en su actividad económica, ya que sin ellos no podría haber continuado con la prestación de servicios como concesionaria en el área de telecomunicaciones.

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En la misma fecha en la que se realizó la venta de bienes, añade la denuncia, se suscribió un contrato de arrendamiento en la que Telefónica figuró como arrendatario, mientras que TGISSA lo hacía de arrendante, lo que permitió a la primera de las empresas crear un escudo fiscal, ya que logró deducir y declarar un alto gasto por alquiler de activos ante el fisco, pese a que estos nunca dejaron de pertenecerle.

También expone el documento que para culminar la acción ilícita, el 31 de octubre de 2018, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de TGISSA -cuyo único accionista es Telefónica- se aprobó un proyecto de aumento de capital social de la sociedad, lo que implicó la capitalización de la deuda vigente con Telefónica.

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De esa manera, el capital de TGISSA pasó de ¢12.000 a más de ¢47.847 millones, que coincidía con con el monto de la deuda entre las empresas. Así las cosas, mediante la capitalización, TGISSA dejó de cancelar las cuotas del financiamiento de Telefónica.

La denuncia agrega que la venta cuestionada tuvo dos impactos fiscales procurados de forma ilícita. El primero radica en que la supuesta venta del equipo esencial de Telefónica a TGISSA mediante el contrato de arrendamiento, que a su vez permitió a la primera de las compañías aplicar un gasto por alquiler que afectó directamente la base imponible, sobre la cual se aplicó una tarifa impositiva, lo que redujo el impuesto de renta que debió cancelarse.

El segundo impacto tributario tiene que ver también con la venta de los activos, ya que ello posibilitó a TGISSA aplicarse un gasto por depreciación sobre dichos bienes. El monto de ese gasto a su vez resultó superior al que hubiera procedido si no hubiese existido la venta, lo que a su vez redujo la base imponible de TGISSA y por ende el impuesto que en realidad debía cancelarse.

La suma de ambas movidas presuntamente fraudulentas, ocasionaron que la Hacienda Pública dejara de recibir un montó de ¢1.251 millones por concepto del impuesto sobre las utilidades en el periodo 2017.

Por su parte, Telefónica se limitó a decir por un comunicado de prensa que "estamos colaborando con las respectivas autoridades en lo relativo del tema a fin de esclarecer dicha situación".