Para aliviar o empeorar la crisis, Gobierno tendrá ocho meses de control legislativo

El Gobierno arrancó desde el 1 de diciembre un período récord de ocho meses en el que podrá coordinar la agenda de la Asamblea Legislativa.

De su destreza para coordinar y presentar proyectos dependerá que el lapso sirva para aliviar o empeorar las condiciones de crisis que vive el país, tanto por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como por las delicadas condiciones de las finanzas públicas, que se hacen cada día más insuficientes ante el aumento de la deuda pública.

Los ocho meses de control legislativo ocurren por una reforma constitucional aprobada de forma definitiva a mediados de este 2020. Esta reforma cambió el orden de las sesiones extraordinarias, en las que el Ejecutivo toma control de cuáles proyectos revisa el Congreso.

Los períodos de sesiones extraordinarias seguirán siendo seis meses de cada año. Sin embargo, hasta ahora abarcaban el mes de agosto y los cinco meses entre diciembre y abril; pero ahora se ubicarán en dos trimestres, uno entre mayo y julio de cada año, y otro entre noviembre y enero.

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Como la reforma empezará a regir hasta el próximo 1 de mayo, con el cambio de año legislativo, el Gobierno entonces acumulará el período de entre diciembre y abril escrito en la Constitución vigente; pero también el de mayo a julio, recién aprobado.

El panorama permitirá entonces al Gobierno definir entre diciembre de este año y julio del año próximo cuáles proyectos impulsa en el Congreso, que reclama medidas concretas para reducir la estrechez fiscal del país, aumentar la productividad y aumentar las fuentes de empleo, reducidas aún más por la emergencia del Covid-19.

En esa línea, el Gobierno anunció que sus primeros pasos serán impulsar proyectos pactados en la Mesa de Diálogo Multisectorial que se creó para reducir el déficit fiscal, en noviembre pasado. Ahí se acordaron medidas como el recorte a la deuda política y la venta de la cartera de crédito de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) al Banco Popular —aunque solo la primera ya cuenta con un texto de discusión avanzado en el Congreso porque la segunda ni siquiera tiene un expediente abierto hasta el momento.

Asimismo, el Ejecutivo anunció que daría énfasis a la tramitación de tres créditos internacionales por $850 millones, con el objetivo de evitar tener que acceder a deuda más cara en el mercado local y aliviar así, al menos en parte, las presiones de financiamiento del Estado (que apuntan a alcanzar cifras récord en este 2021).

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Dudas legislativas

El inicio del período de ocho meses ha sido reconocido por diputados de oposición como una oportunidad inmejorable para que el Gobierno presente iniciativas con impacto mayor en materia fiscal y productiva. De hecho, así lo comentó el propio presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), cuando participó en la Mesa de Diálogo Multisectorial, el 21 de noviembre pasado.

No obstante, el arranque de las sesiones ya provocó las primeras críticas de diputados como el expresidente legislativo y uno de los principales voceros del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides. Él aseguró a través de sus redes sociales que el período "arrancó mal", ante la ausencia de medidas más relevantes para reducir e gasto público y mejorar el clima de inversión.

Benavidesopinó que el Gobierno tampoco debería buscar acceso a créditos internacionales sin antes demostrar un compromiso más serio para cerrar al menos en parte el desequilibrio entre gastos e ingresos del Estado acumulado por años, y que este 2020 cerrará por encima del 9% del PIB.

Así también lo manifestó su compañera de bancada y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, en una reciente entrevista con AmeliaRueda.com. La diputada Hernández incluso es parte de corriente que pide al Gobierno reactivar sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no solo con miras a encontrar recursos frescos sino para comprometerse a realizar reformas estructurales en materia de gasto público en el corto y mediano plazo.

Otros diputados además cuestionaron la decisión de no convocar proyectos avanzados en corriente legislativa como el que pretende legalizar la producción y comercialización de cannabis medicinal y cáñamo en el país, impulsado por la independiente Zoila Volio; o el que permitiría ampliar las reducciones de jornadas laborales en empresas que siguen afectadas por la pandemia del Covid-19. Este último se presentó en una ampliación de convocatoria este martes, tras varios reclamos públicos de la proponente María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Asimismo, el Gobierno dejó en pausa la reforma al empleo público, que se dirige a su discusión final en el Plenario legislativo, pero que todavía requiere mayores consensos para una eventual votación. Esta iniciativa pretende ordenar el esquema remunerativo del Estado y es uno de los textos que tendría mayor impacto para reducir el crecimiento del gasto público.

No obstante, los problemas también abundan para las propuestas que sí entrarían en marcha próximamente. Por ejemplo, los diputados Daniel Ulate, del PLN, y Rodolfo Peña, del pUSC, ya expresaron su total negativa hacia la propuesta que permitiría al Estado vender la cartera crediticia de Conape y acceder a un 0,6% del PIB, según estimaciones del Gobierno.

Pese a que serán ocho meses de control, el Gobierno se enfrenta desde ya a un panorama muy complejo. Eso sí, la convocatorias y desconvocatorias de proyectos pueden realizarse todos los días y variar tantas veces como lo requiera el Gobierno para modificar la agenda y su orden.

Además, el Ejecutivo tendrá una pausa de tres semanas entre finales de diciembre e inicios de enero para replantear su estrategia y alcanzar mayores apoyos legislativos. Así será porque los diputados tomarán vacaciones entre el 21 de diciembre y el 8 de enero próximos.

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