Alcaldes de San José y Escazú, investigados por caso Diamante, recibieron salario en noviembre
Municipios de Osa, San Carlos, Alajuela y Cartago ya aplicaron la suspensión total del sueldo a sus alcaldes tras el caso Diamante
07/12/21 | 16:02pm
Los alcaldes de San José, Johnny Araya, y de Escazú, Arnoldo Barahona, fueron los únicos involucrados en el caso Diamante que recibieron completo el pago de su último salario del mes de noviembre.
Así lo confirmaron ambos ayuntamientos a AmeliaRueda.com.
Araya renunció a su salario el pasado 24 de noviembre; sin embargo, el pago se realizó porque se tenía pendiente que el Concejo Municipal dejara en firme la decisión, así lo indicaron en la oficina de prensa del ayuntamiento josefino.
“Se pagó la segunda quincena de noviembre porque no estaba el acuerdo en firme. La decisión del Concejo se tomó el martes 30 de noviembre así que a partir de 1° de diciembre no tiene salario”, fue la respuesta ante la consulta.
El salario del alcalde de San José es de ¢6.318.565, según el registro de la Contraloría General de la República (CGR).
Por su parte, en Escazú el pago a Barahona se mantiene porque él no ha renunciado al sueldo y en el Concejo Municipal aún analizan el tema y la noche de este lunes rechazaron la moción que proponía suspenderle la remuneración mientras se encuentra suspendido del cargo.
La decisión quedó en pausa mientras se realizan las consultas respectivas que les aclaren si son ellos los que deben o no tomar esta decisión.
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Los miembros del Concejo indicaron que enviarán una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se aclaren las dudas que tienen sobre el proceso y algunos documentos o resoluciones de referencia.
Los regidores que votaron en contra de la moción que proponía suspender el salario del alcalde son Adriana Solís (Yunta Progresista Escazuceña), José Pablo Cartín (Yunta), Danilo Fernández (Yunta), José Campos (PNG), Andrea Arroyo (PNG) y Adrian Barboza (PNG).
“La moción no está apegada a una realidad jurídica en este momento y no sabemos en qué podríamos incurrir”, dijo la regidora Arroyo.
El regidor proponente de la moción y presidente del Concejo, Carlomagno Gómez (Partido Terra Escazú), no pudo ser parte del debate ni la votación debido a que el alcalde de Escazú lo recusó.
El salario que recibe el alcalde de Escazú es de ¢4.854.712, según el reporte de la CGR.
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Otros gobernantes locales
En el departamento de Recursos Humanos de las municipalidades de Osa y San Carlos confirmaron a este medio que ambos alcaldes, Alberto Cole y Alfredo Córdoba, respectivamente, no recibieron su salario correspondiente a la última quincena de noviembre y aclararon que sí debían hacer el depósito del aguinaldo respectivo.
En el caso de Cole y Córdoba, ambos renunciaron a su salario mientras se mantienen suspendidos del cargo por el proceso judicial que enfrentan.
El alcalde de Alajuela, Humberto Soto, también renunció a su salario y por esa razón en la última quincena de noviembre sólo recibió el pago que corresponde a dos días de trabajo.
“Se le depositaron únicamente dos días, ya que la planilla, en el caso de este gobierno local, correspondía del día 13 de noviembre al día 26 de noviembre. Por tanto, se le cancelaron los días 13 y 14 de noviembre”, indicó Recursos Humanos del municipio.
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Para el caso del alcalde de Cartago, Mario Redondo, el pago fue totalmente suspendido por decisión del Concejo Municipal.
“La última quincena de noviembre ya no se le depositó”, indicó el departamento de prensa, donde añadieron que el exdiputado además retiró la solicitud de vacaciones que había gestionado para la semana del 15 al 19 de noviembre, momento en el que fue detenido y enfrentó el proceso de audiencia judicial.
Por esa razón, la rebaja del salario en su último pago de mes fue total.
Los seis alcaldes detenidos por estar involucrados en el caso caso Diamante estarán suspendidos de su cargo durante seis meses, además tienen impedimento para salir del país, acercarse a la municipalidad correspondiente y comunicarse con testigos.
El expediente judicial que involucra a los alcaldes y otros funcionarios municipales revela la existencia de un supuesto grupo criminal que a cambio de sobornos tenía un trato preferencial con la empresa MECO para la contratación de obras públicas.
