Vender cartera de Conape al Popular para acceder a 0,6% del PIB, acuerdan sectores y Gobierno

Vender la cartera de crédito de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), para acceder a un 0,6% del PIB para el pago de deuda pública es el más reciente acuerdo entre sectores y Gobierno, en la Mesa de Diálogo Multisectorial, convocada por el Ejecutivo.

La venta de la cartera no implicaría una venta, ni un cierre de Conape en sí mismo; sino un traslado de los $400 millones en créditos que maneja la entidad a algún banco del Estado por una única vez.

La propuesta la explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien subrayó que el movimiento ni siquiera afectaría las operaciones crediticias de las personas que acceden a Conape, y destacó que se trata de una de la proposiciones más significativas en términos fiscales en el corto plazo.

Lea: Aumentar tarifas "chicas" de IVA a canasta básica, educación y salud privadas, propone Gobierno

La jerarca también señaló que la propuesta no implicaría despedir funcionarios y que la Comisión tampoco vería afectados sus ingresos de ley, por cargas parafiscales.

"La propuesta lo que pretende es vender la cartera de Conape que, basada en los estados financieros auditados de 2019, es de $400 millones. Lo que se pretende es vender la cartera a algún banco público para poder obtener más rendimiento. No se cerraría Conape, no se despediría a sus funcionarios; los créditos nuevos, si yo fuera una estudiante que va a pedir un préstamo, los puedo pedir en Conape, no a ningún banco; y las parafiscales, que son unos $25 millones que se le inyectan, van a seguir llegando”, puntualizó.

Para llegar al acuerdo, Gobierno y sectores debieron realizar distintas aclaraciones, ante la desconfianza del sector sindical educativo, que pidió dejar totalmente claro que no se trata de una finalización de funciones de la entidad.

Las principales dudas las manifestó Saray Esquivel, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), quien indicó que tendría que manifestar su inconformidad al menos inicialmente, por cuestiones de "desconfianza" con las intenciones de gobierno. No obstante, Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), mantuvo un discurso totalmente distinto y aseguró que en ninguna parte de la propuesta se planteaba una venta, ni el debilitamiento de los ingresos que recibe la entidad.

Lea: Hay dinero para pagar aguinaldos y país podrá cerrar bien 2020, asegura Hacienda

Las condiciones

Para acceder al acuerdo, las partes llegaron a nueve condiciones consensuadas para realizar el movimiento. Según dijeron, el movimiento tendría que asegurar el respeto a las condiciones crediticias de las personas implicadas en las operaciones financieras y procurar el beneficio tanto de Conape como del Banco Popular.

Para ello, establecieron nueve requerimientos:

• Que cuente con un acuerdo de la Junta Directiva de Conape y del BPDC.
• Que se respeten todas las condiciones pactadas en los contratos con los deudores.
• Que el único cambio para los deudores sea a quien deben hacerle los pagos.
• Que las solicitudes de financiamiento que se hagan después de la venta de la cartera se sigan tramitando ante Conape.
• Que Conape siga contando con el financiamiento que obtiene a través de las cargas parafiscales y que el Poder Ejecutivo se comprometa a no modificarlas.
• Que el dinero que se genere producto de la venta de la cartera de crédito de Conape se traslade al Ministerio de Hacienda para amortizar la deuda.
• Que se inste al BPDC para que considere una línea blanda de crédito que tenga las mismas condiciones del Sistema de Banca para el Desarrollo para el fortalecimiento financiero de Conape.
• Que el Poder Ejecutivo remita a todas las organizaciones del Diálogo Multisectorial el texto de proyecto de ley antes de presentarlo.
• Y que el Poder Ejecutivo solicite expresamente a la Asamblea Legislativa que garantice las fuentes de origen de financiamiento de Conape a través de las cargas parafiscales existentes.

Las condiciones fueron aprobadas por todas las partes, e incluso la representante de APSE, Saray Esquivel, trabajó en su redacción.

El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, afirmó que la maniobra ni siquiera pone en peligro los fondos nacionales, al tratarse de una operación entre entidades del mismo Estado. Por su parte, el jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, afirmó que el habría rechazado cualquier venta de Conape como presidente de su junta directiva en 2002, pero que en este caso se trata de un movimiento totalmente distinto.

Durante la discusión de la medida, directivos de Conape contactaron a personas del Diálogo, manifestando algunas inconformidades. Por ejemplo, el economista Gerardo Corales señaló que le habían indicado que se perderían recursos por la inversión de los fondos y sus rendimientos; no obstante, el mismo Corrales señaló que la entidad podría ahorrarse gastos de tipo cobratorio y acceder a fondos remediales, como las líneas de crédito blando que se instó a tomar al Popular en beneficio de la entidad que financia préstamos educativos.

Lea: Desequilibrio fiscal ya presiona tipo de cambio y amenaza con estragos para banca y pensiones

Situación compleja

El Gobierno busca soluciones actualmente para enfrentar su desequilibrio financiero, que este año cerraría en un 9,2% del PIB, del cual cuatro puntos porcentuales corresponden a la diferencia entre gastos e ingresos sin contar el pago de la deuda adquirida.

Ese desajuste ya era amplio antes de la pandemia del nuevo coronavirus, pero se ensanchó ampliamente con su llegada y ahora pone en peligro la estabilidad financiera del país en el más corto plazo.

La situación es crítica porque Costa Rica ya acumula una deuda pública por el 70% del PIB y cuyo costo aumenta con el paso del tiempo. Esto asfixia las ya de por sí insuficientes arcas públicas en un efecto "bola de nieve" que provoca más gastos en intereses y menos recursos para atender servicios esenciales e infraestructura.

También podría desestabilizar indicadores básicos como el tipo de cambio, las tasas de interés o la inflación.

Ante esta situación, el Gobierno buscó un acuerdo de estabilidad económica con el Fono Monetario Internacional (FMI), a través de un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones; junto con la propuesta de una agenda fiscal para realizar un ajuste del 6% del PIB.

No obstante, esta propuesta causó molestia en sectores políticos y sociales, lo cual hizo al Gobierno pausar ese proceso y abrir un proceso de diálogo para buscar un ajuste inicial del 2,5% del PIB con un respaldo sectorial lo más amplio posible, con propuestas a la Asamblea Legislativa que se puedan materializar entre finales de este año e inicios de 2021.

En este foro, justamente, se acordó impulsar la venta de la cartera de Conape.