Desde amonestaciones hasta despidos, acoso sexual en el deporte acarreará sanciones administrativas

Las prácticas de hostigamiento y acoso sexual en actividades deportivas deberán ser investigadas por cada organización y, de comprobarse, derivarán en castigos que van desde amonestaciones escritas hasta eventuales despidos —sin perjuicio de procedimientos judiciales adicionales—.

Así lo establece el proyecto de ley 21.192, contra el hostigamiento y el acoso sexual en el deporte, que se aprobó de forma unánime esta noche en el primero de dos debates.

La iniciativa establece que cada "entidad deportiva" deberá garantizar la existencia de mecanismos internos para el trámite y la investigación de denuncias de acoso; las cuales deberán seguir su "debido proceso", independientemente de que existan o no procedimientos judiciales en curso.

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Por "entidad deportiva" se entiende a "asociaciones deportivas de primer y segundo grado, entidades de promoción deportiva, sociedades anónimas deportivas, federaciones deportivas nacionales, ligas profesionales y aficionadas, asociaciones de deportistas, así como cualquier otra entidad cuyo objeto social sea deportivo y esté reconocido por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación".

Asimismo, la iniciativa tipifica distintas conductas como acoso sexual en el deporte, entre ellas requerimientos de favores sexuales para obtener un trato preferencial o bajo amenaza; ademanes, gestos, ruidos, silbidos, jadeos o gemidos con connotación sexual, y acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseados y ofensivos para quien los reciba.

Los castigos exigidos por ley para estas ofensas son cuatro y se utilizarán dependiendo de la gravedad del acto denunciado. En orden, se podrán aplicar: amonestaciones por escrito con copia al expediente personal, suspensiones no menores a un mes, despidos o destituciones del equipo o entidad deportiva, y prohibiciones de participar y pertenecer a la entidad deportiva (cuando se trate de un menor de edad quien comete el acto de hostigamiento).

"En caso de que existan organizaciones deportivas que no dispongan de las condiciones para realizar la investigación, la persona denunciante puede recurrir directamente a la vía judicial", advierte la norma.

El proyecto lo impulsó la diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN). Ella celebró el avance de la iniciativa y aseguró que con esta se busca "que existan mecanismos de prevención del delito desde las propias federaciones y asociaciones deportivas".

"Si hemos hecho esfuerzos para sacar el acoso sexual en las calles, también queremos hacerlos en el deporte y no solo por el respeto a la dignidad humana, sino porque como país no podemos truncar una carrera deportiva de una persona que se ve afectada por un hostigamiento de esta naturaleza", complementó.

La eventual ley aplicaría para relaciones de jerarquía, entre personas del mismo nivel jerárquico, entre personas de un nivel jerárquico inferior a uno superior, relaciones entre personas deportistas, y otras personas que presten servicios a las diferentes entidades deportivas. Brinda un período de dos años para denunciar los actos de acoso y, además, se imposibilita la facultad de conciliar.

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Acoso en el deporte

Datos suministrados por el Comité Olímpico Nacional (CON), durante la discusión del proyecto, indicaron que siete de cada 20 deportistas de alto rendimiento han sufrido acoso sexual. La consulta se realizó a 200 atletas de 25 deportes. Asimismo, se determinó que hasta un 82% de las personas acosadoras eran hombres, hasta un 29% por parte de entrenadores o directivos.

Ante esta situación, el proyecto también establece que la persona investigada por acoso podrá recibir medidas cautelares, en cuenta abstenerse de perturbar a la persona denunciante o testigos, la prohibición de asistir a sitios o eventos deportivos competitivos y la separación temporal del cargo de la persona hostigadora con goce de salario.

Además de todas estas medidas, el proyecto implicaría la creación de una Comisión contra el Hostigamiento Sexual por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), la cual deberá realizar procesos de prevención y capacitación, dar seguimiento a las denuncias que se presenten y brindar acompañamiento psicológico a cualquier denunciante.

Tras su eventual aprobación definitiva, el Poder Ejecutivo tendría un máximo de tres meses para reglamentar la normativa. Además, se orden al Icoder que realice "una campaña nacional de difusión y sensibilización" sobre la misma.

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