Recope no puede ocultar contenido de su convención colectiva una vez firmada, coinciden abogados

Un documento firmado es un documento público. Así de sencillo lo explican abogados expertos en materia administrativa y constitucional al ser consultados por AmeliaRueda.com sobre las intenciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) de ocultar el contenido de su acuerdo de convención colectiva que se firmará este martes.

De acuerdo con la información suministrada por la institución ante la consulta de este medio, ya se tiene el documento listo para las firmas, pero mientras no se concluya el proceso de homologación con el Ministerio de Trabajo, no se darán a conocer los detalles de los beneficios acordados entre la entidad y sus funcionarios.

“Hasta finalizar estos procesos se podrá informar sobre el fondo de lo negociado y los ahorros esperados”, respondió Recope, que lleva 20 meses negociando en secreto su convención colectiva.

Lea: Recope firmará este martes acuerdo de convención colectiva, pero revelará detalle hasta en 3 meses

Para los abogados, Fabian Volio, Manrique Jiménez y Edward Cortés, es incorrecta la decisión que anuncia la Refinadora y más aún si se toma en cuenta que el acuerdo involucra fondos públicos.

“En el momento en que la firman, esa convención colectiva es pública. Una cosa diferente es cuándo es eficaz para las dos partes, para los trabajadores y Recope. Ellos (Recope) están confundiendo el día que entra en vigor esa convención colectiva nueva, que es cuando la homologa el Ministerio de Trabajo, con la publicidad o el carácter público que tiene el documento desde el momento en el que se firma, porque eso es lo que dispone la Ley General de la Administración Pública”, dijo el experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, Fabian Volio.

El abogado señaló que es comprensible que durante el proceso de renegociación no se dieran a conocer detalles, pero descartó que el documento pueda mantenerse oculto luego de su firma.

“Que los documentos que están en borradores, en preparación, no se pueden declarar como de acceso público esta bien, pero en el momento en el que un funcionario lo autoriza con su firma, es público.

“No existe ninguna norma, ninguna legislación, que diga lo contrario, menos tratándose de la disposición de fondos públicos. Entonces, en mi opinión, desde la firma el documento es público”, agregó Volio y explicó que el proceso pendiente, luego de la firma, es solo para completar términos de eficacia.

Lea: Subsidio de alimentación, odontología para familia y tope en cesantía: anulan beneficios en Recope

La misma opinión comparte el experto en Derecho Administrativo Manrique Jiménez, quien dijo que Recope debe aplicar todos los principios de Derecho Público y Servicio Público.

“Hay antecedentes a nivel administrativo donde se dice todo lo contrario, se han dado a conocer propuestas firmadas al público porque está involucrado el interés público y la hacienda pública.

“Hay una obligación, también, de parte de quienes son los firmantes de dar a conocer a los ciudadanos el contenido del acuerdo, ellos deben aplicar los principios de servicio público, entre ellos, y principalmente, la transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, continuidad del servicio y probidad”, manifestó Jiménez.

Para el abogado “a nadie tiene que dolerle lo que es el ejercicio de la transparencia frente a los ciudadanos” y reconoció que en este caso existe una mayor preocupación y atención de las personas ya que “de una u otra forma todos estamos involucrados con esa convención”.

Lea: Recope alista contrato para reactivar servicio de soda para sus empleados con subsidio “razonable”

Por su parte, el abogado y también experto en Derecho Administrativo Edwar Cortés afirmó que toda la ciudadanía tiene que tener acceso a la última acta de acuerdo final y esto se logra a partir de la firma.

El especialista reiteró la necesidad de que Recope recuerde que su trabajo se realiza con fondos públicos y que no se puede ocultar información de manera antojadiza.

“Son fondos públicos y entonces no puede existir secretismo en el manejo de estos recursos. En el Código de Trabajo se encuentra desde el artículo 700 al 704 cómo se negocia una convención colectiva y dice que las actas de este proceso son públicas.

“En ningún lado usted va a encontrar que este proceso es privado y por qué no lo es, porque son fondos públicos.”, manifestó el experto, quien añadió que todo este proceso debería ser abierto y transparente.

“No estamos hablando de que la comunidad debe estar enterada de cómo están negociando, sino que sí debemos tener acceso a la últimá acta donde se encierran todos los acuerdos tomados”.

AmeliaRueda.com consultó a Recope cuál es el respaldo legal que toman en cuenta para indicar que no darán a conocer los detalles del acuerdo tomado (y que se firmará este martes) hasta concluir el proceso de homologación en el Ministerio de Trabajo; sin embargo, aún no se ha recibido respuesta.