Abelino Esquivel contrata a Celso Gamboa como su defensor en caso por cobros a asesores

El exmagistrado Celso Gamboa es el encargado de llevar la defensa del exdiputado Abelino Esquivel, a quien la Fiscalía General de la República acusó de cometer de cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito por cobrar parte del salario a tres asesores.

Gamboa, quien fue destituido del cargo en abril del 2018, acudió este lunes a los Tribunales de Goicoechea, donde se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que se decidirá si el exlegislador es enviado a juicio. En la vista no se presentó Esquivel.

Al finalizar la audiencia, Gamboa fue consultado por este medio sobre la defensa del exdiputado; sin embargo, dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones. Este medio también trató de contactar a Esquivel, pero tampoco atendió su celular.

Al inicio del proceso contra Esquivel, Guido Núñez era el abogado del acusado; no obstante, el juez decidió separarlo de su cargo al no asistir a la audiencia el 8 de junio anterior.

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Por esa razón, el exlegislador tuvo que presentar un nuevo defensor.

Al finalizar la audiencia preliminar, el juez le indicó a las partes que comunicará su decisión por escrito.

Acusación

La Fiscalía acusó al exdiputado y a su hermana por cuatro delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito; mientras que a la esposa del exlegislador, de apellidos Cortés Oporto, se le acusó por dos delitos de concusión y también uno de enriquecimiento ilícito..

La causa a la que se hace referencia sucede cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige a una persona una contribución, o bien, cuando cobra de más por las funciones que ejerce.

Este delito es castigado con una pena que va de dos a ocho años de cárcel, según el Código Penal de Costa Rica.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado, pide que los acusados tengan que pagar por el daño directo o patrimonial la suma de ¢6,5 millones por concepto de los salarios mensuales devengados, así como el pago por concepto de aguinaldo y salario escolar recibidos.

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Además, como daño social solicitó que Abelino Esquivel pague la suma de ¢30 millones; mientras que su esposa y hermana les pide ¢15 millones a cada una.

"Contribución"

El caso de Esquivel transcendió en abril del año pasado, donde salió a la luz que le cobraba un porcentaje de sus salarios cada quincena a los asesores Álvaro Oconitrillo, Joselyn Rodríguez y Shirley Marín (entre ¢50 mil y ¢575 mil) sin recibir explicaciones del motivo.

En el caso del primero, era un requisito para ser contratado en agosto del año anterior, según relató al sitio digital Pulsocr. Para las trabajadoras fue un pago que les impusieron cuando ya formaban parte del despacho del congresista.

Estos funcionarios fueron despedidos el 21 de abril de 2018 por Esquivel, a una semana de que terminara la legislatura, aduciendo pérdida de confianza.

Mediante una publicación realizada en su página de Facebook, el exdiputado admitió el cobro; sin embargo, aseguró que se tratan de "contribuciones a su agrupación".

"Es cierto que los funcionarios denunciantes, han hecho depósitos a la cuenta bancaria de Wray Esquivel, en donde se lee que dichos depósitos son contribuciones al Partido Renovación Costarricense", escribió el aquel momento el excongresista.

La persona a la que hacía referencia el exdiputado es su hermana, quien además se desempeñaba como subtesorera de la agrupación, no obstante, según la legislación sobre contribuciones a asociaciones políticas, estas deben hacerse directamente a la cuenta oficial del partido y no a terceros.

"De conformidad a mi posición de diputado por Limón, queda claro que como miembro de las distintas asambleas partidarias de mi provincia y como miembro activo de mi agrupación debo participar dentro de los diversos procesos electorales, y toda contribución que se capte la invertimos en las diferentes campañas y proselitismo en la región Caribe. Contribuciones como señalé, nunca son recibidas por mi persona sino por la Subtesorería Nacional señalada anteriormente", aseguró el exlegislador en su momento.

Otro juicio

En marzo anterior, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea, ordenó la apertura de un juicio en contra el exdiputado de Partido Renovación Costarricense (PRC) por aparente tráfico de influencias.

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Esto luego de una denuncia que presentó el exministro de Justicia y Paz, Marco Feoli, en la que señaló al excongresista por haberle solicitado la liberación de un pastor amigo suyo.

Por este caso está pendiente de que se señale la fecha en la que se llevará a cabo el debate oral y público.