Corte IDH escuchará esta semana alegatos de la sociedad civil sobre derechos de personas LGBTI

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará este 16 y 17 de mayo más de 50 argumentaciones antes de responder a la ‘opinión consultiva’ que el Estado de Costa Rica formuló hace un año sobre cómo interpretar la legislación nacional con respecto a ciertos derechos de las personas LGBTI, de cara a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuyas normas el país debe cumplir.

El organismo realizará dos audiencias en su sede en San José que permitirán profundizar en la materia consultada por el Estado costarricense, y que se refiere específicamente al derecho de las personas a modificar su nombre, de acuerdo a su identidad de género, así como al procedimiento para conseguirlo; y a los derechos patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo, y si es necesaria crear una figura jurídica que las regule.

Al ser la Corte la máxima intérprete de la Convención Americana, su criterio es fundamental para que los países firmantes puedan adaptar su ordenamiento interno a los estándares interamericanos, en garantía de las personas y sus derechos. Aunque no tiene un plazo definido para pronunciarse, lo más probable es que lo haga en el transcurso de este año.

Durante las audiencias hablarán nueve Estados latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay), así como representantes de organismos internacionales, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y representantes de la sociedad civil. La Corte recibió más de 90 observaciones de todas partes del mundo, pero únicamente 50 tendrán un espacio de participación oral.

La respuesta de la Corte no es únicamente para el Estado costarricense sino para todo el Sistema Interamericano, explicó Marvin Carvajal, director jurídico de la Presidencia de la República, y por eso la consulta ha despertado el interés regional. “Los Estados, sobre todo los que van más avanzados en estos temas, normalmente participan porque su deseo es que sus avances jurídicos se estandaricen en los demás países”.

Las audiencias también contarán con organizaciones y representantes que se oponen a los derechos de las personas LGBTI, como el Presidente y representante de la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, Obispo de Puntarenas Oscar Fernandez Guillén, y el Centro Guadalupe Vida y Familia de Puerto Rico, entre otros. Todas las observaciones presentadas pueden consultarse en línea.

El dictamen de la CIDH derivado de una ‘opinión consultiva’ no deriva una obligatoriedad y un inmediato cumplimiento por parte del Estado, como sí ocurre en el caso de las sentencias. Sin embargo, la misma Corte ha dicho que las interpretaciones que ella hace de la Convención Americana obliga a las autoridades estatales a aplicar el derecho conforme su criterio, si quieren cumplir con sus compromisos internacionales.

“Es precisamente en el marco de la autonomía y de la soberanía nacional que Costa Rica ha establecido que los instrumentos internacionales de derechos humanos que amplíen los derechos son supraconstitucionales, de manera que lo que vaya a determinar la Corte Interamericana va a tener un impacto directo, incluso en las mismas interpretaciones que haga en un futuro la Sala Constitucional”, comentó la vocera del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), Larissa Arroyo, quien intervendrá en una de las audiencias.

Para la abogada, según los antecedentes jurídicos de la región, lo más probable es que la Corte reitere el derecho de las personas a vivir una vida libre de toda discriminación por orientación sexual. “Costa Rica ha avanzado de manera notable en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y por eso me extrañaría muchísimo que la Corte no fuera a considerar, desde el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, que Costa Rica ya ha venido asegurando y brindando protección jurídica a esta población”.

Sobre si Costa Rica tendría que plantear reformas a su Constitución Política, tras la respuesta de la CIDH, Marvin Carvajal explicó que es posible que haya que hacer reformas normativas, pero no necesariamente constitucionales. “Puede ser que lo que diga la Corte es que las normas, tal y como están, tienen que ser interpretadas de una determinada manera y eso no requiera de nuevas leyes de la República”.

El 17 de mayo, uno de los días de las audiencias, se celebra precisamente el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, pues se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, que así la clasificaba hasta 1990.