Tribunal eleva a ¢512 millones indemnización que PAC tendrá que pagar por estafa al Estado de 2010

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José aumentó este jueves a ¢512 millones la indemnización que el Partido Acción Ciudadana (PAC) deberá pagar por la estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) perpetrada en la elección nacional de 2010.

Por unanimidad, los jueces Nancy Marín Monge, Pedro Ramírez Sánchez y Paul Fuentes Sing declararon con lugar una acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) y optaron por integrar a la sentencia 1146-2016 emitida por el mismo órgano jurisdiccional el 25 de diciembre de 2016, la suma de ¢160 millones por daños patrimoniales.

Además la agrupación oficialista deberá pagar intereses desde el 3 de diciembre de 2010 cuando la Autoridad Electoral le autorizó el desembolso de deuda político -y, por lo tanto, momento en el que se materializó el delito- así como las costas procesales.

Estos últimos dos puntos representan unos ¢124 millones más, calculados al 7 de julio pasado, cuando el procurador penal Rándall Aguirre Mena hizo sus conclusiones y pretensiones en el juicio de reenvío por este caso, que arrancó el 1° de julio pasado pero solo requirió de tres audiencias antes de la lectura de la parte dispositiva.

Para cancelar el monto, al partido se le otorgó el plazo de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sentencia.

Nuevo recurso

Abogado Érick Gatgens Gómez hace manifestaciones a la prensa en los tribunales del II Circuito Judicial de San José. (Paulo Villalobos Saborío | AmeliaRueda.com)

Sin embargo, aún y cuando la resolución integral estará lista hasta el 29 de julio próximo, el representante legal de Acción Ciudadana, Érick Gatgens Gómez, anunció que apelará la nueva condena civil.

"Claramente vamos a impugnar esta decisión. Me parece que esta decisión, como toda decisión de un juez y un tribunal, se respeta pero no se comparte. Desde nuestra perspectiva habían criterios y argumentos muy importantes para que fueran tomados en consideración y evidentemente los vamos a hacer valer ante el Tribunal de Apelación de Sentencia y de ser necesario ante la Sala de Casación Penal", aseveró el jurista a su salida del debate.

Desde sus conclusiones el 8 de julio pasado, Gatgens Gómez insistió que en un primer juicio una integración distinta del propio Tribunal Penal de San José determinó que no fue posible demostrar la simulación de 81 contratos de servicios especiales suscritos en el marco de la campaña presidencial de 2010 y que, a raíz de ello, los jueces no podía cambiar de criterio sin evacuar nueva prueba (lo que finalmente no ocurrió).

"Hay una contradicción insalvable", destacó el abogado.

El nuevo recurso de la agrupación de gobierno deberá concretarse en los 30 días hábiles posteriores a la lectura integral sentencia, mientras que la representación del partido adelantó que en ella se contemplará un análisis específico sobre el cálculo de los intereses, para que estos se estimen a partir de la firmeza de la condena civil y no desde el momento en que ocurrió el hecho.

De acuerdo con el procurador penal, Rándall Aguirre Mena, ese proceso en segunda y tercera instancia podría tomarse al menos un año.

Satisfacción estatal

El procurador penal Rándall Aguirre Mena da sus consideraciones a los medios de comunicación. (Paulo Villalobos Saborío | AmeliaRueda.com)

Por espacio de tres horas, el procurador penal Rándall Aguirre Mena explicó el 7 de julio pasado al Tribunal Penal de San José los motivos por la cuales considera que ese mismo órgano, pero con una conformación distinta, incurrió en una “exclusión ilegítima” de los acuerdos suscritos entre la agrupación y prestadores de labores.

En esa primera ocasión, el ente jurisdiccional optó por dejar fuera de la sentencia 84 contratos señalados por el abogado del Estado en su acción civil resarcitoria toda vez que no se aportó el testimonio de quienes ofrecieron los servicios, como sí ocurrió en otros 179 casos equivalentes a ¢352 millones.

Pero la Procuraduría alegó que esa decisión violentó el principio de libertad probatoria, ya que a ese debate se aportaron y admitieron evidencias documentales que apuntan a que el partido estableció un esquema fraudulento para incrementar el monto de gastos que podía liquidar de la deuda pública administrada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ese argumento sí fue contemplado por el Tribunal al sentenciar penalmente a dos personeros de Acción Ciudadana que fueron encontrados responsables de hacer la estafa. Sin embargo, a la hora de condenar solidariamente a la agrupación, no lo hizo de la misma manera.

Aguirre Mena enfatizó en que 82 de los 84 contratos excluidos cumplían con las mismas condiciones que los restantes 179 pactos que sí fueron identificados como simulados por el Tribunal Penal. No obstante, los jueces Nancy Marín Monge, Pedro Ramírez Sánchez y Paul Fuentes Sing le dieron la razón únicamente en 81 acuerdos.

Como ejemplo de ello, se tiene que los 261 contratos -los 179 incluidos y los 82 excluidos- fueron completados -en las funciones de los ciudadanos o cláusulas- por el extesorero del partido, Maynor Sterling Araya, posterior a la firma por parte del portador del servicio. Es decir, primero el documento fue rubricado y después se llenó el contenido de este.

El procurador indicó que esto se determinó en el primer juicio mediante una pericia forense que acreditó que la letra con la que se completaron los contratos pertenece a una sola persona y esto solo podía ocurrir si esta viajaba por todo el país (lo cual no fue comprobado) o si los documentos se llenaron posteriormente.

También se tiene que los pactos de servicios especiales coinciden en su mayoría en montos de ¢1,8 millones y ¢2,4 millones, con contadas excepciones.

Asimismo, se tiene que para cada uno de los 261 prestadores se simuló un supuesto recibo de bonos de serie B por ¢200.000 (que según la votación conseguida por el partido, se pueden canjear por deuda política). Pero Acción Ciudadana jamás entregó los certificados, sino que los mantuvo en su poder y generó los comprobantes para cumplir con los requisitos en las liquidaciones de gasto presentadas en esa campaña.

Esta situación refuerza los testimonios dados por 179 firmantes de los contratos de que los servicios por ellos brindados eran voluntarios y no pagados, y por ende no era necesario traer a testificar a los restantes 82. Los relatos fueron recopilados por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); después fueron dados en el primer juicio ante el Tribunal Penal de San José.

Los prestadores entonces suscribieron el documento bajo engaño, muchos de ellos en actividades masivas del partido y otros eran personas de confianza, familiares y allegados de líderes así como candidatos de Acción Ciudadana.

Dichos argumentos fueron acogidos por los decisores; lo que Aguirre Mena celebró en declaraciones a la prensa. "Estoy satisfecho porque es una resolución que le da la razón al Estado en la pretensión patrimonial que se había desarrollado en la acción civil resarcitoria. (...) Nos da la razón en que la afectación al Estado fue en extensión a casi la totalidad de los contratos. Eso implica por supuesto un aumento económica por el que iba a responder el Partido Acción Ciudadana, un aumento con relación a los intereses y a las costas", destacó el procurador penal.

Estafa al Estado

Érick Gatgens Gómez felicita a Rándall Aguirre Mena al concluir el juicio de reenvío. (Paulo Villalobos Saborío | AmeliaRueda.com)

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José sentenció al extesorero de Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya, así como al exadministrativo del partido Manuel Antonio Bolaños Murillo, a seis y tres años de cárcel como responsables de una estafa contra el Tribuna Supremo de Elecciones por 179 contratos.

La agrupación fue solidariamente condenada al pago de una indemnización inicial de ¢352 millones más intereses y costas, por los que la agrupación llegó a un arreglo para cancelar la deuda en cinco tractos por tres años.

El primero de esos desembolsos será de ¢200 millones y tendrá que concretarse a más tardar el 16 de agosto próximo. Según el procurador penal, Rándall Aguirre Mena, este será el primer monto en la historia que reciba el Estado por concepto de una condena civil a un partido político.

Ahora -en caso de quedar en firme la nueva sentencia- tendrán que sumarse ¢160 millones, sus intereses y costas.

La sentencia penal contra Sterling Araya y Bolaños Murillo y una parte de la condena civil (los ¢352 millones) se encuentran en firma. El caso se tramita en el expediente 12-000024-033-PE.

Nota del redactor: Esta publicación fue actualizada a las 5:45 p.m. del 15 de julio de 2021.