Al menos 41 personas investigadas en Fiscalía por acciones delictivas durante 25 días de huelga

Al menos 41 personas están bajo investigación por acciones delictivas durante el movimiento huelguístico iniciado el pasado 10 de setiembre contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en la Asamblea Legislativa.

La cantidad la confirmó a AmeliaRueda.com la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República, que recopiló la información a partir de los incidentes reportados en San José, Limón y Puntarenas, incluidos los altercados en las afueras del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), el Congreso y la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la capital, el Ministerio Público tiene abierta una pesquisa contra dos hombres por el delito de resistencia, supuestamente cometido en una disputa que se dio cuando un grupo de protestantes intentaron tumbar las barreras colocadas por la Fuerza Pública en el bulevar que separa los edificios Sion y Cuesta de Moras el pasado 12 de setiembre.

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Ese mismo día por la noche, el levantamiento de un bloqueo en San Pedro de Montes de Oca derivó en enfrentamientos entre universitarios y policías.

Debido a lo anterior, el órgano acusador del Estado tiene abiertas tres causas: una contra un sujeto por agresión con arma que se tramita en los Tribunales de Flagrancia, contra dos hombres por resistencia y contra un menor también por resistencia.

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En la Fiscalía de Desamparados está abierto el expediente 18-001053-0283-PE contra el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), Manuel Rodríguez, ambos por el presunto delito de instigación pública por bloqueo de vías y entorpecimiento de servicios públicos.

Contra el último de los dirigentes, el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, presentó una denuncia que está siendo analizada para determinar si existe delito a perseguir en los hechos referidos, relacionados con supuestas acciones para impedir el abastecimiento y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en un plantel en Moín, Limón.

Al cierre de esta nota, la oficina de prensa del Ministerio Público estaba pendiente de recibir al menos dos denuncias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por los hechos acaecidos el miércoles en la plaza de la Cultura cuando el presidente Carlos Alvarado era trasladado en medio de decenas de manifestantes, quienes le gritaron improperios, empujaron y lanzaron objetos.

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También, en Limón se investigan a 16 personas sospechosas de los delitos de robo agravado, asociación ilícita y resistencia, dos de ellas menores de edad. Todos ellos fueron detenidos en un saqueo a un supermercado.

Flagrancia ordenó la libertad de 14 imputados que descontaban 15 días de prisión preventiva y en cambio les impuso firmar cada 15 días, una prohibición para acercarse a menos de 100 metros en horas de la noche a supermercados de la cadena Walmart y mantener domicilio fijo.

En el Caribe además se detuvo a un funcionario de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) mientras se atendía un sabotaje en el plantel de Moín. Contra él, el juicio inició el pasado miércoles con la lectura de la acusación de la Fiscalía, por el delito de atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones.

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Una mujer es investigada por obstrucción de vías en la misma región y otras siete por tenencia de arma prohibida. Pese a solicitudes del Ministerio Público, juzgados penales han rechazado medidas cautelares contra estos.

Por último, en Caldera, Puntarenas, siete hombres y una mujer son investigados por resistencia a la autoridad tras ser detenidos este miércoles durante una intervención policial en la que fue necesario el uso de gases lacrimógenos y la presencia de antimotines.

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Crédito de fotografías: Israel Solís.