​31 exfuncionarios de Casa Presidencial acuden a Sala IV para exigir el pago de prestaciones

El Ministerio de la Presidencia fue obligado por la Sala Constitucional a rendir un informe sobre la tardanza en el pago de las prestaciones de 31 exfuncionarios de Casa Presidencial que fueron despedidos con responsabilidad patronal el 7 de mayo, el último día del Gobierno de Carlos Alvarado antes de que el actual presidente Rodrigo Chaves asumiera el poder.

Así consta en una resolución de los magistrados con fecha del 22 de julio de 2022, de la que AmeliaRueda.com tiene copia, que figura en el expediente número 22-016114-0007-CO, iniciado en virtud de un recurso de amparo presentado por esos extrabajadores. Dicha orden daba tres días hábiles tras la notificación para que Presidencia enviara dicho informe.

El expediente aún aparece "en trámite" en el sistema del Poder Judicial. La orden se giró a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, que actualmente es Natalia Díaz, así como a la jefatura de recursos humanos de la misma cartera. Este medio consultó sobre este asunto a Casa Presidencial, pero antes del cierre de esta publicación no se obtuvo una respuesta.

El recurso de amparo señala que la mayoría de estos exfuncionarios fueron despedidos con responsabilidad patronal a partir del 7 de mayo de 2022, y que desde entonces no han recibido una respuesta concreta por parte de la administración, pese a haber hecho las consultas respectivas sobre el pago de sus liquidaciones por todos los medios disponibles.

Entre las pocas respuestas que dicen haber recibido está un ofocio de la directora general de Casa Presidencial en el que se indicaba, el 8 de julio (es decir, dos meses después de hacerse efectivo el despido), que a esas alturas solo se habían cumplido dos de los siete pasos para completar el proceso de pago de las prestaciones laborales a las que por ley tienen derecho.

Uno de esos exfuncionarios, Jorge Carranza, quien fungió como asesor del despacho de la exprimera dama Claudia Dobles, explicó a este medio que no saben si el Ministerio dio respuesta a tiempo al requerimiento de la Sala IV, y contó que se hicieron más de 21 consultas y las respuestas, cuando las hubo, "fueron bastante esquivas".

Este denunciante tiene constancia de que a unos tres afectados ya les pagaron su liquidación, pero no fue sino hasta después de interpuesto el recurso de amparo. Además, Carranza aseguró que la administración anterior había dejado estos procesos de pago de prestaciones bastante "avanzados", por lo que no se explican la dilación en el pago.