24 dirigentes del PLN sabrán en marzo si irán a juicio por estafa al TSE

Veinticuatro dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN) conocerán en marzo próximo si deberán ir a juicio por aparente estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José programó para los días 3, 4 y 5 de ese mes la audiencia preliminar correspondiente al expediente 12-000832-042-PE, confirmaron a AmeliaRueda.com las oficinas de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

Será hasta ese momento en que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) revele los hechos de presunta estafa que le achaca al exdiputado Óscar Alfaro Zamora, al exrepresentante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Jorge Wálter Bolaños Rojas

Además figuran como acusados por el mismo delito 14 hombres de apellidos Abarca Meléndez, Calderón Mayorga, Cartín Serrano, Chaves Rodríguez, Contreras Montoya, Madrigal Zeledón, Matamoros Ramírez, Parra Montero, Rizo, Rodríguez Jiménez, Stins Ham, Vargas Rojas, Vega Morúa y Pol Araya; así como ocho mujeres: Guevara Villalobos, Guzmán Cruz, Pérez Sequeira, Quesada Pérez, Rodríguez Rojas, Sánchez Chavarría, Torres Madrigal, Vega Montero.

Por este caso, el Ministerio Público remitió el 10 de junio de 2019 al órgano jurisdiccional una solicitud de apertura de debate oral y público, que deberá discutirse en la cita.

Mediante su departamento de comunicaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó ante la consulta de este medio que se constituyó querellante y actor civil del proceso, de manera que la institución busca que le sean resarcidos los recursos supuestamente perdidos producto de la estafa, así como un monto adicional por la afectación generada.

En su respuesta a AmeliaRueda.com el abogado del Estado señaló que pretende "una indemnización económica por los montos que el Ministerio Público determinó en la acusación además se pretende el pago por el daño social ocasionado que, por la fase procesal en la que nos encontramos, los detalles están amparados a la confidencialidad del proceso penal tal y como lo dispone el numeral 295 del Código Procesal Penal".

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Denuncia diluida

Inicialmente, el Tribunal de Elecciones denunció el 4 de mayo de 2012 a 90 militantes verdiblancos tras detectar, a través de una revisión de la información suministrada en la liquidación de gastos de la campaña de las elecciones presidenciales de 2010 (en los que resultó ganadora la entonces candidata liberacionista, Laura Chinchilla Miranda), que la agrupación cobró ¢400 millones por alquileres de vehículos con contratos supuestamente falsos.

La autoridad incluso determinó que cheques destinados al arrendamiento de transportes, se usaron para sufragar servicios de alimentación, papelería y hasta el pago de secretarias.

Sin embargo, una vez en manos del Ministerio Público, el caso se desagregó -por política de persecución penal de ese momento- en 36 expedientes, divididos según el cantón y encargados a despachos del correspondiente área de cobertura, en vez de tramitarse en uno solo y mediante la Unidad de Delitos Electorales de la Fiscalía Anticorrupción, como sí ocurrió con una simulación de contratos de servicios especiales del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las siete provincias o con las falsas capacitaciones que cobró el Partido Movimiento Libertario (PML) en distintos cantones.

Del total de causas, 21 fueron desestimadas y en siete se pidió al respectivo Juzgado Penal que dictara un sobreseimiento definitivo en favor de los dirigentes. Dos expedientes más permanecían congelados en San Joaquín de Flores y Tarrazú, mientras que tres más continuaban en investigación "contra ignorado" en La Unión, Cartago y Batán.

Solo una de las causas llegó hasta ahora a una sede jurisdiccional con pieza acusatoria y solicitud de apertura de juicio, que es la que irá a audiencia en dos meses.

No obstante, para que el expediente relativo a San José llegara a ese punto tuvo que superar más de cinco años de trámite entre 2012 y 2017. Ese último año la entonces interina y ahora actual fiscala general, Emilia Navas Aparicio, fijó como fecha máxima para concluir las pesquisas el 1° de diciembre.

A pesar de que desde ese momento la etapa de investigación se dio por culminada, la causa no fue remitida al Juzgado Penal de San José hasta poco menos de dos años después. Además, la fecha de realización de la audiencia ha sido traslada en al menos dos ocasiones, en abril y noviembre del año pasado.

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Nuevo informe

Recién tres meses atrás, el Tribunal Supremo denunció ante la Fiscalía nuevas supuestas anomalías en la cuenta de alquiler de vehículos de Liberación Nacional, pero esta vez en la liquidación de las elecciones municipales de 2010.

La gestión, que consiste en la remisión de un informe y una relación de hechos, la dio a conocer la noche del 4 de enero el diario La Nación y fue posteriormente confirmada a este medio por el director general de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Héctor Fernández Masís.

"En la liquidación presentada para la elección municipal de 2010, que se presentó a mediados de 2011, se empezó a hacer un ejercicio de comprobación y a raíz de este control, se abre después un proceso de investigación y se llega a que el rubro de arrendamiento de vehículos de la liquidación presentaba algunas anomalías y por eso se le envió el asunto, el expediente a la Fiscalía, para que fueran ellos quienes calificaran si de esos hechos investigados podría o no derivarse la comisión de algún hecho delictivo", explicó el funcionario.

Fernández Masís señaló que el traslado de información se hizo en octubre anterior -sin precisar fecha- e indicó que no podía ahondar en mayores detalles ya que se tiene una pesquisa en curso.

De acuerdo con la publicación de La Nación, que cita partes del documento, la autoridad electoral identificó las irregularidades a partir de un patrón que determinó en los contratos suscritos en Tibás, Dota, Puriscal, San Carlos, Atenas, Belén, Sarapiquí, San Rafael y Buenos Aires; por un monto de ¢34,8 millones.

Las supuestas anomalías se extienden entonces en una partida total de ¢214,5 millones.

El Tribunal halló, según el periódico, que los acuerdos se suscribieron con militantes cercanos a la agrupación verdiblanca e, incluso, con personas que tenían vínculos de consanguinidad con candidatos a alcalde de los cantones. A estos, en apariencia, se les solicitó que brindaran su cédula, licencia de conducir y derecho de circulación para que un tercero retirara los cheques que les correspondían. Así, tesoreros cantonales o terceros, en apariencia, lograron conseguir el endoso del beneficio y, luego, endosar el cheque de nuevo para disponer de los fondos en otros gastos.

La autoridad electoral además señaló una supuesta falsificación de las firmas en los recibos de dineros, de donaciones no reportadas y del uso de cuentas bancarias de terceros para evadir controles estatales, destaca el rotativo.

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