22 diputados impugnan ante Sala IV proyecto que traslada docentes del IVM al Magisterio

22 diputados se sumaron finalmente a una petición ante la Sala IV para que declare inconstitucional la reforma de ley que permite el traslado de docentes del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al sistema de pensiones del Magisterio Nacional. La solicitud fue presentada a las 10:39 a.m. de este martes como una consulta facultativa de constitucionalidad que pueden enviar los legisladores como parte del trámite normal de un expediente en el Congreso.

El proyecto de ley 17.561 Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional fue aprobado en primer debate el pasado 7 de junio en el seno de la Comisión Plena I, un mecanismo que lo libra de pasar por el plenario para convertirse en ley de la República.

La consulta enviada cuenta con las firmas de diputados de diferentes bancadas legislativas. El documento señala que el artículo único de la reforma es inconstitucional porque atenta contra el principio de autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que administra el régimen de pensiones IVM.

"La Asamblea Legislativa termina diciéndole a la CCSS cómo gobernar y administrar la seguridad social del Estado (sin mayor sustento técnico unívoco, dicho sea de paso), al tiempo que con esa decisión impropia obtenemos un legislador ordinario que intenta retroceder el contenido esencial actual del derecho fundamental prestacional involucrado. Por ende, queda demostrado que el texto normativo consultado se aparta del vigente bloque de constitucionalidad, de manera desproporcionada e insalvable", explican los diputados en la consulta remitida a los magistrados constitucionales.

El documento agrega: "Es criterio de los consultantes que el artículo único del proyecto de ley en consulta es inconstitucional por transgredir el principio de progresividad de los derechos fundamentales en perjuicio del derecho jubilatorio de los costarricenses inscritos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social".

Ahora la Sala Constitucional debe aceptar para estudio o rechazar la consulta. Si la acoge, debe resolver la solicitud de los diputados, en caso de declarar inconstitucional el expediente, la reforma no se podrá someter a votación en segundo debate.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión Plena I, Juan Marín, explicó que el expediente estaba listo para votarse en segundo debate en la sesión de la comisión de este miércoles 21 de junio, pactada para las 5:05 p.m. "Con la presentación de la consulta facultativa se abre un espacio de 30 días para que los magistrados resuelvan, por esta razón hoy no vamos a ver el expediente".

Marín aseguró que durante los 30 días en que el proyecto va a estar en la Sala Constitucional, se creó una mesa de trabajo con representantes de la CCSS, el Ministerio de Hacienda, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y diputados para buscar un consenso en los datos y analizar con mayor profundidad el texto, ya que se generó una discusión nacional importante en las últimas semanas que merece tener cifras más claras.

El Presidente de la Comisión Plena I fue uno de los legisladores que se mostró complacido con la aprobación del proyecto el pasado 7 de junio. Su firma no aparece en la consulta de constitucionalidad enviada a la Sala IV este miércoles.

El diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, aseguró que el objetivo de la consulta es traerse abajo la normativa aprobada en primer debate porque es una iniciativa que pone en riesgo las finanzas del régimen de pensiones IVM, en momentos donde se discuten medidas para darle sostenibilidad a largo plazo.

"La consulta busca obviamente detener la tramitación del proyecto, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente ver la opción de que la Sala IV se pronuncie de una eventual afectación al principio de autonomía de la CCSS, que le da potestad a la institución para que regule el régimen de pensiones del IVM, que en este caso se vería afectado por los términos de la ley", apuntó Redondo quien firmó la consulta.

La Comisión Plena I está conformada por 19 de los 57 diputados y tiene la potestad de aprobar leyes. El proyecto logró superar el primer debate con tres votos de apoyo del PLN, tres del Frente Amplio, tres del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y uno de la congresista Nidia Jiménez del PAC.

En contra del proyecto votaron los diputados liberacionistas Julio Rojas y Maureen Fallas; y los oficialistas Víctor Morales Zapata y Marco Vinicio Redondo.

Efectos financieros

El proyecto de ley abrirá una ventana legal para que entre 1.847 y 6.000 docentes, que en 1995 se pasaron a cotizaron al régimen IVM, se trasladen de nuevo al Magisterio Nacional. Este grupo de educadores se fue para el régimen del Seguro Social porque las cuotas mensuales que debían aportar eran menores cada mes que las de JUPEMA.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda el impacto para el fisco sería de hasta ¢11.000 millones anuales, con un escenario mínimo de 1.847 personas, y de hasta ¢30.000 millones anuales, con un escenario máximo de 6.010 personas beneficiarias.

La CCSS también alertó que si se aprueba la ley y este grupo de personas se traslada de régimen de pensiones, la institución perderá de un solo golpe una suma cercana a los ¢52.000 millones, los cuales no tiene disponibles porque se trata de aportes de los docentes que se han utilizado para pagar jubilaciones a otras personas.

El director ejecutivo de JUPEMA, Roger Porras, aseguró que es falso que el traslado de un grupo de docentes del IVM al Magisterio vaya a generar un impacto en las finanzas de la CCSS. Además, señaló que el impacto en las finanzas públicas durante el primer quinquenio sería de ¢1.183 millones, y no de ¢30.000 millones anuales como señala Hacienda.