16 sacerdotes denunciados por abuso sexual contra menores de edad ante Arquidiócesis de San José

16 sacerdotes fueron denunciados ante la Arquidiócesis de San José por abuso sexual contra menores de edad en los últimos cinco años. Así lo confirmó la oficina de prensa de la Curia Metropolitana tras una consulta realizada por AmeliaRueda.com.

Las denuncias fueron presentadas entre enero del 2012 y el 10 de agosto del 2017. De los 16 clérigos que enfrentaron acusaciones, cinco casos llegaron hasta el Vaticano en este periodo.

La Santa Sede decidió expulsar a cuatro sacerdotes costarricenses de la Iglesia Católica tras comprobar que efectivamente cometieron abusos sexuales contra personas menores de edad, el otro clérigo no fue expulsado, pero se decidió mantenerlo en el clero sin darle responsabilidades en ninguna parroquia.

La oficina de prensa de la Curia Metropolitana explicó que en los casos donde se confirma el delito de abuso sexual, el presbítero debe someterse a dos procesos, uno canónico llevado por la iglesia católica cuya sanción final es impuesta por el Vaticano; y la otra vía es un juicio civil o penal que puede concluir con una sentencia.

Debido a que la Arquidiócesis de San José no brindó los nombres de los denunciados y sancionados bajo el alegato de que deben proteger la confidencialidad de las víctimas, no fue posible determinar si los cuatro sacerdotes que fueron expulsados por cometer los abusos sexuales, también descuentan algún tipo de pena impuesta por un Tribunal judicial.

Los datos aportados por la Curia Metropolitana también evidencian que actualmente cinco de los 16 casos de presbíteros fueron enviados al Vaticano y están a la espera de una resolución por parte de la Santa Sede.

Solo dos de las denuncias fueron desestimadas por la Arquidiócesis de San José, por considerar que no existían pruebas suficientes o que no se dio ningún acto de abuso.

De los 16 casos, solo cuatro se encuentran abiertos actualmente en proceso de indagatoria, esto quiere decir que se recibió la denuncia, se nombró un juez de derecho canónico que es un sacerdote, encargado de recoger las declaraciones, pruebas y testigos de cada una de las partes para determinar si se eleva al Vaticano o se desestima.

Los 16 presbíteros que fueron denunciados por abuso sexual contra personas menores de edad corresponden únicamente a la Arquidiócesis de San José que agrupa 110 parroquias de la capital, Heredia y el cantón de La Unión, de Cartago.

La iglesia católica en Costa Rica es considerada una provincia eclesiástica ante la Santa Sede, y la integran la Arquidiócesis de San José y siete diócesis más (Alajuela, Limón, San Isidro del General, Tilarán-Liberia, Ciudad Quesada, Puntarenas y Cartago).

Las diócesis, a su vez, están conformadas por 300 parroquias ubicadas en cantones y distritos de todo el país.

Dos casos abiertos

AmeliaRueda.com dio a conocer en las últimas semanas dos denuncias por abuso sexual presentadas contra el sacerdote Hernán Castillo Huertas, por actos ocurridos en 1983 y 1975, cuando las presuntas víctimas eran menores de edad.

Los denunciantes son un empresario de 51 años y un comerciante de 58 años, quienes decidieron presentar la acusación décadas después, tras enterarse de que el clérigo todavía está vivo, aunque según la Iglesia Católica, tiene "edad muy avanzada y un precario estado de salud".

El pasado 4 de agosto, el empresario de 51 años elevó la denuncia a la Nunciatura Apostólica de Costa Rica -embajada del Vaticano en el país- ante la inacción de la Arquidiócesis de San José para llamarlo a presentar su declaración con el objetivo de que avance el proceso canónico contra Castillo.

El empresario que presentó la primera denuncia contra el sacerdote, indicó en entrevista este lunes que su interés nunca ha sido obtener dinero de la iglesia católica. La denuncia solo pide una disculpa y un proceso para castigar al clérigo.

“Cuando yo hablé con el padre Castillo en el Templo Votivo al Sagrado Corazón de Jesús en Barrio Peralta, hace como ocho meses que lo vi tras varios años de no saber nada de él, fue el propio presbítero quien me propuso darme dinero para resarcir el daño, a cambio de que yo no dijera nada y que no lo denunciara”, explicó el empresario.

Tras un primer acercamiento con la Curia Metropolitana, la única ayuda que le ofrecieron al denunciante fue una terapia psicológica impartida por un sacerdote cercano a Castillo.

Ahora la iglesia católica debe convocar al denunciante a una reunión para obtener su testimonio como parte del proceso canónico que fue abierto en contra del cura el pasado 12 de junio.

Denuncia y proceso canónico

Las denuncias por abuso sexual, según la Iglesia Católica, se deben presentar bajo el principio de noticia criminis -noticia criminal-, esto quiere decir que un obispo puede iniciar un proceso de investigación contra un sacerdote ante rumores, comentarios, publicaciones de la prensa y acusación directa de la presunta víctima del abuso sexual, o algún testigo del acto.

Cuando se presenta una denuncia por abuso sexual contra un clérigo se debe actuar de forma directa, conocer el caso y asignarlo a un juez canónico como investigador, que es un cura especializado en derecho canónico y formado en el Vaticano en esta materia. Ese juez debe realizar el proceso de indagatoria que consiste en recoger los testimonios, pruebas y testigos del denunciante y el sacerdote.

El investigador crea un expediente con los testimonios y pruebas, y lo pasa al obispo quien lo revisa para determinar si lo eleva a la Congregación para la Doctrina de la Fe, departamento de la Santa Sede que se encarga de procesar los casos de denuncias por abuso sexual.

Si el caso tiene pruebas que se consideran vehementes, la Congregación conoce el caso, lo analiza y luego emite una sentencia para el acusado. Incluso este departamento puede imponer medidas cautelares sobre el padre durante el proceso de análisis del caso.

Cuando un sacerdote es condenado por abusos sexuales se expone a recibir la pena máxima en el ámbito eclesial que es la expulsión del estado clerical. Esto quiere decir, que se le prohíbe permanentemente hacer misas, confesar y administrar los otros sacramentos de la religión católica.

Este procedimiento está establecido en Libro VII del Código de Derecho Canónico, la norma que establece la organización, jerarquía, gobierno, derechos y obligaciones de la Iglesia.

En la legislación católica un caso de abuso sexual prescribe 20 años después de que la supuesta víctima cumple la mayoría de edad en su país. El obispo puede reabrir el caso o ampliar el plazo si lo considera necesario.

Fotografía con fines ilustrativos.