1 de cada 5 denuncias de ticos rurales ante la Defensoría, se plantea contra el IMAS, revela informe

Cerca de una de cada cinco denuncias hechas en las sedes regionales de la Defensoría de los Habitantes, durante el último registro, en 2019, se hicieron contra el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), según el informe anual de la institución.

De las 13.067 quejas que la Defensoría recibió en zonas rurales, 2.863 fueron contra esa institución, y en su mayoría se tramitan en las regiones Brunca y Pacífico Central.

"La mayoría de estas quejas se refiere a rechazos de solicitudes de ayuda, aprobación de asistencias que quedan en espera por falta de presupuesto, problemas con el efectivo depósito monetario a las personas beneficiarias, así como demora en la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS), entre otras", señala el informe.

Ante las denuncias presentadas, el IMAS respondió que "valora algunas propuestas para optimizar la atención a las personas, orientadas a aprovechar más las tecnologías de la información; un nuevo operador del centro de llamadas y mejoras en el Sistema de Atención Personalizada a Familias (SAPEF), etc".

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Durante el año 2019, la Defensoría recibió un total de 26.915 solicitudes de intervención. La mayoría de las denuncias se hicieron en la sede del cantón central de Puntarenas, con un total de 3.114 quejas; seguida de la oficina Brunca, con 2.951, y de la Chorotega con 2.725.

La institución también identificó en las distintas regiones temas muy sensibles, que ameritan la intervención de este órgano a través de distintas estrategias.

"En estos lugares se ha incursionado en el desarrollo de proyectos en comunidades, sobre alguna problemática de particular afectación, para propiciar que las instituciones públicas responsables adopten acciones efectivas que subsanen la situación detectada", se menciona en el documento.

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Algunos de los grupos con los que esta institución ha trabajado incluyen la población indígena Ngöbe-Buglé, asentada en la comunidad de Sixaola, la población molusquera del cantón central de Puntarenas; y personas con discapacidad del distrito de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón.