1,3 millones de costarricenses se ven afectados laboralmente por la pandemia, registra el INEC

1,3 millones de costarricenses reportan afectaciones laborales relacionadas con la pandemia del nuevo coronavirus, según reflejaron los resultados de la última encuesta continua de empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con datos del trimestre móvil entre mayo y julio de 2020,.

El INEC dedicó una nueva consulta a sus encuestados para determinar los estragos de la pandemia entre las personas consultadas, con lo cual determinó que un 32,6% de las casi 4 millones de personas en edad de trabajar de país han registrado algún problema relacionado con el empleo; ya sea disminución de ingresos, despidos y suspensiones, entre otros efectos adversos.

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La mayor parte de las personas afectadas (1,07 millones) dicen ser parte de las 2,28 millones de personas que componen la fuerza de trabajo (que tienen o que buscan empleo); mientras que la cifra restante (228 mil) afirma componer parte de las 1.71 millones que se encuentra fuera de ella (que por distintos motivos no buscan activamente).

Entre las personas desempleadas, un 96,5% de las 557 mil personas que no tienen trabajo y buscan encontrar uno reportan incidencias relacionadas con la pandemia, incluidas las mayores complejidades para buscar y encontrar uno.

Por otro lado, los números entre personas ocupadas apuntan a incidencias laborales en 537 mil personas; con una mayor afectación en el sector de los trabajadores independientes.

En ese grupo, de las 426 mil personas que lo componen, 271 mil tienen problemas; mientras que en el sector asalariado la situación se registra en otras 266 mil personas, pero de casi 1,3 millones totales

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La encuesta se publicó este jueves 10 de septiembre y determinó que los niveles de desempleo ya alcanzan un 24,4%; es decir, unas 557 mil personas buscan y no consiguen trabajo, según las estimaciones a escala.

Esta cifra que es 270 mil personas más alta que la registrada durante el mismo trimestre de 2019.

Según el INEC, las cifras actuales "reflejan el estado de afectación en los indicadores del mercado laboral por las medidas de confinamiento y restricción al movimiento" tomadas para contener la emergencia sanitaria que envuelve al país.

Nuevos subsidios y riesgo por suspensiones

Para atender los niveles de desempleo y satisfacer las necesidades más básicas de la población cuyos ingresos han sido reducidos o suprimidos por la pandemia del SARS-CoV-2, el Gobierno ha girado más de 530 mil pagos de bonos 'Proteger': subsidios alimentarios de entre ¢62.500 y ¢125.000 por un período de tres meses para las personas con ingresos reducidos que no reciben otras ayudas sociales por parte del Estado.

Además, ya son más de 1 millón de solicitudes las que ha recibido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por lo que otras 470 mil solicitudes esperan la aprobación legislativa de recursos para ser ejecutadas.

Para ello, el Gobierno tramita un préstamo con el BID por $245 millones, de los cuales destinaría $76.475 millones para financiar 119.000 nuevos; y otros $15 millones —a través de fondos no reembolsables— para sostener parcialmente unos 30.000 puestos laborales en 5.000 pequeñas y medianas empresas.

Así lo anunció el Ejecutivo tras el descalabro en las cifras de desempleo anunciadas en agosto pasado, cuando también comentó que utilizaría recursos de un crédito por $300 millones con el BID para financiar un fondo de avales crediticios para empresas.

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No obstante, los riesgos en materia de empleo persisten. De hecho, la ministra de Trabajo, Geanina Dinarte, catalogó este miércoles (en la Asamblea Legislativa) que el Gobierno de vital importancia la aprobación de las iniciativas antes mencionadas, ante amenazas como el pronto cumplimiento del plazo máximo que estableció la ley de suspensión de jornadas laborales para sostener empleos en el sector productivo.

La ley de reducción de jornadas laborales permitió a las empresas reducir las jornadas de sus trabajadores; sin embargo, estableció un plazo máximo de nueve meses desde su primera solicitud. Por esto, muchas de las empresas que han mantenido a trabajadores en condiciones de trabajo reducidas tendrían que decidir en los próximos meses si mantienen o si reducen su personal.

"Tenemos una gran cantidad de empresas que han tenido que aplicar tanto suspensión como reducción de jornadas y me permito recordarles que en el mes, prácticamente de noviembre, se acaba el alcance del proyecto de reducción de jornadasy esto significa que las empresas tendrán que tomar ya la decisión de si reincorporan a las personas en sus puestos de trabajo o si por el contrario tienen que tomar otra decisión", afirmó la ministra.